Muchos pensamos que el actual proceso electoral constituía otro aburrido ejercicio clientelista. Ciertamente, el clientelismo constituye una pieza fundamental de la política criolla. Sin embargo, la presente disputa electoral parece indicar otros aspectos a los que debe prestarse atención.

La nota distintiva de este proceso es la rebelión de las bases de los partidos frente a sus dirigentes. Seguramente esto es el fruto del propio ejercicio de la política clientelista de los líderes de partidos.

Acostumbrados a manipular las decisiones partidarias en torno a las candidaturas, quienes hoy controlan los partidos terminaron sustituyendo la decisión de sus bases.

Pasaron así de la manipulación de asambleas y congresos, a manipular la elección de cargos dirigenciales y las candidaturas al congreso y municipios. La generalización del transfuguismo como práctica cuasi legítima al interior del sistema de partidos es sólo una expresión de esta situación.

Todo esto chocó con realidades que quizás los dirigentes de los partidos no aquilataron en todas sus implicaciones. Lo primero es que las elecciones de mayo/2010 pondrán en las posiciones congresionales y municipales por seis años a quienes resulten vencedores.

Hasta el 2016 los congresistas y dirigentes municipales electos posiblemente tendrán mayor autonomía frente al Poder Ejecutivo, al menos si se compara con el sumiso ejercicio congresional del presente. Independientemente de las consecuencias a futuro de esta situación, se ha desatado en los partidos la lucha interna a niveles inimaginados, al grado de que un poco en broma se habla de la guerra de los seis años.

En este lucha por alcanzar candidaturas, quienes tenían poder congresional o municipal, o eran parte del entorno de la burocracia partidaria en el poder, llevaban ventaja, lo que produjo toda suerte de decisiones que violentaron los procesos tradicionales de elección de candidatos en base a procedimientos más o menos democráticos aunque clientelistas, siendo sustituidos por acuerdos negociados en el juego de fuerzas de las facciones partidarias.

La situación al respecto es clara: dos terceras partes de los actuales congresistas y munícipes repiten como candidatos.

Puede decirse que en esta batalla ha habido dos momentos: el del choque inicial de las direcciones de los partidos, sobre todo del PRD y PLD, con candidatos perdedores en las asambleas y convenciones. Con un precario poder de arbitraje legítimo interno, los partidos tuvieron que recurrir a la JCE.

Con ello se revelaba la endeble institucionalidad de los grandes partidos, que no tenían capacidades institucionales propias, ni liderazgos legítimos, que dirimieran internamente sus conflictos.

El otro momento surgió cuando se llevaron los listados definitivos de candidaturas a la JCE, los cuales eran un producto híbrido de decisiones más o menos democráticas de las bases en sus asambleas y convenciones; de decisiones y reservas no democráticas de posiciones por parte de las direcciones de los partidos, que le permitían con ello manejar sus intereses como facciones dirigentes, pero también lógicas de alianza con fuerzas políticas, así como manejarse en el juego hoy generalizado del transfuguismo; y, finalmente, también eran el producto de la raquítica aplicación de la ley electoral en el sistema de cuotas.

Estos dos momentos evidenciaron que la política electoral asistía a una nueva situación: la de la rebelión de las bases. Esa rebelión vino a tono con el otro aspecto relevante del actual proceso electoral: la decisión de la JCE de llevar a cumplimiento la ley en lo que tiene que ver con los procedimientos internos de selección de candidaturas y en el cumplimiento de las cuotas de género y juventud.

Esto no solo puso en evidencia la incapacidad de arbitraje interno legítimo del sistema de partidos, manifestó sobre todo que una política institucional era posible en materia electoral y que el transfuguismo y el clientelismo pueden ser derrotados.

En materia política la decisión de la JCE dio un poder no esperado a las bases de los partidos, pues ahora podían apelar y vencer a las burocracias dirigentes en un plano de legalidad que esos dirigentes no podían controlar. Con esa decisión, además de su positiva contribución a la institucionalidad de la política de partidos, la JCE ha abierto un nuevo capítulo en la vida interna de los grandes partidos de masas.

Mucha gente dice que el PLD es el favorito, aunque en las últimas semanas hay dudas y nerviosismo en el partido oficial. Como estas elecciones son en esencia fenómenos locales, la situación es muy variable y hace inestable las preferencias, ya que todo indica que el PRD ha crecido y muchos de sus candidatos en importantes demarcaciones son los favoritos, sobre todo a nivel municipal y en las candidaturas a diputados. Por otro lado, en la zona metropolitana la hegemonía del PLD en el DN se ha hecho precaria y al menos a nivel del Senado todo indica que el candidato oficial ya no goza de la preferencia.

A nivel municipal en el mismo DN las distancias entre los candidatos de los dos grandes partidos se han reducido.

Si eso es así y en el norte, en Santiago, a nivel municipal las ventajas iniciales del candidato oficial se han acortado, la batalla electoral parece que será cerrada, al menos en los grandes centros urbanos.

En otras condiciones pudiera decirse que todo esto augura por parte del gobierno un fuerte manejo clientelista de los recursos públicos. Sin negar esta posibilidad, las circunstancias descritas permiten sostener la hipótesis de que, si la JCE continúa actuando con la firmeza como hasta ahora lo ha hecho, será difícil que el PLD haga uso de un derroche de recursos estatales, al menos en la dimensión en que ocurrió en el pasado ejercicio electoral.

A esto se suma la brevedad de la presente campaña electoral, la cual se ha visto reducida en el tiempo, precisamente a consecuencia de la crisis interna de los partidos en los procesos de selección de sus candidatos y candidatas. Independientemente de sus resultados, estas elecciones muestran la rebelión del coro.

Se inscriben en una coyuntura donde si bien parecen constituir el primer choque político del bipartidismo reinaugurado con el pacto Fernández-Vargas Maldonado, la sociedad civil comienza a dar indicios de una mayor presencia en la batalla democrática y la JCE ha fortalecido su institucionalidad y capacidad de arbitraje legítimo en el manejo del conflicto intra e inter partidario.

Todo indica, pues, que este certamen electoral no sólo será reñido, también sus consecuencias serán determinantes para el futuro de la política de partidos, ya que a partir del mismo podría replantearse el equilibrio de poderes en el Estado.