La reciente propuesta de Leonel

ANGEL BARRIUSO
El presidente Leonel Fernández propuso en 1996 un gobierno de unidad nacional con miras a que la oposición participara en la toma de decisiones de la nueva gestión gubernamental, pero nadie hizo caso. Tal vez no había transcurrido un año cuando el presidente Fernández convocó a un diálogo nacional, propuesta que significó el sacrificio de una agenda presidencia para asumir el resultado de una gran movilización de diferentes sectores de la sociedad.

En un contexto parecido a los acontecimientos de 1996-1998, el presidente Fernández convoca nuevamente a la oposición y a la sociedad civil a suscribir una especie de pacto social, sustentado en acciones estratégicas de contenido político, social y económico que, de pronto, ha sido acogido con simpatía. La intención es buena, y permitiría al país asumir un compromiso necesario y puntual respecto a la continuidad estatal.

Esta reciente propuesta de Fernández invoca respeto al voto popular porque, de materializarse, obliga a nuestros gobiernos y partidos políticos a cumplir con sus promesas electorales. Se trabajaría de común acuerdo con un plan mínimo. A los chilenos, por ejemplo, les ha dado resultado positivo.

Tal vez nosotros seamos la excepción, pero valdría la pena intentarlo. Es el momento oportuno para que el liderato político y de la sociedad civil asuman compromisos específicos, si en verdad están convencidos de que hay que luchar por el país. No dudo que en cualquier momento le reclamen al presidente Fernández que presente una propuesta formal, un plan o una agenda mínima sobre lo cual iniciar una ronda de conversaciones. Si no lo ha hecho obedece – y en esto estoy presumiendo- a una muestra de transparencia, porque evita de este modo condicionar el diálogo o predisponerlo.

¿Valdría la pena sentar en una misma mesa a los partidos y organizaciones políticas con grupos de la sociedad civil? ¿O seria correcto llegar a posibles consensos sectoriales para terminar en una gran mesa de negociación? Lo cierto es que una propuesta de esta naturaleza hay que verlo como un compromiso de la sociedad dominicana, y debe quedar bien claro la responsabilidad que deberá asumir cada sector.

A principio de los años noventa el presidente Balaguer reunió en el Palacio Nacional a los economistas, a los empresarios, a los políticos, a todo aquel que representaba una corriente de opinión, y con todos, por separado, fue definiendo una carta de ruta, por así decirlo, en un momento en que el país demandaba un cambio de rumbo.

Sin temor a equivocarme, aquellos encuentros del presidente Balaguer constituyeron un paso de avance.

En estos momentos el presidente Fernández tiene un pliego de propuestas que la viene promoviendo desde que asumió la presidencia de la República. Ha planteado, en reiteradas ocasiones, la reforma y modernización del Estado y la sociedad, para que tengamos, definitivamente, un Estado moderno.

En otras ocasiones se ha hablado de un proyecto de Nación, de la reorganización de la Nación dominicana, y nuestros líderes políticos y de la sociedad tendrían la oportunidad de decidir, mediante un plan mínimo, qué podemos lograr en lo que resta de año y qué otras cosas podemos lograr desde el 2006.

Se ha hablado mucho de un Plan Nacional de Desarrollo, y el presidente Fernández está dando la oportunidad a la oposición y a la sociedad de asumir compromisos por la continuidad estatal.

¿Qué queremos y cómo lo lograremos? ¿Está agotado nuestro modelo económico o el modelo vigente está aún en condiciones de elevar el desarrollo de la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Cuál es el papel que deben jugar nuestros partidos? Y obviamente que jamás podría quedar fuera de toda discusión la necesidad de que el país asuma un compromiso ético, una ética pública. Y cada sector político y social tendrá que asumir responsabilidades en el desarrollo de un plan.