Después de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, el mundo ha enfrentado procesos inflacionarios a escala global y con ello ha aparecido un nuevo término: la “reduflación”, que es una mala práctica detectada por los consumidores al adquirir productos reducidos de tamaño y en cantidad con el precio de siempre y, en algunos casos, mucho más caros.

Esta práctica nos ha sido denunciada por diferentes vías, y las personas resaltan la reducción del tamaño y las cantidades de las galletas, aunque se ha vuelto común no teníamos la nominación del fenómeno hasta que apareció la intervención del Gobierno francés.

¿Cómo se evidencia este engaño? Un paquete de galletas de soda que normalmente traía cinco unidades ahora viene con cuatro; otro tipo de galletas dulces ahora son más reducidas en su tamaño, eso mismo ocurre con el pan y otros productos procesados y preenvasados.

Las galletas de avena con pasas que se expenden en los supermercados han reducido su tamaño, pero no así su precio. Lo mismo ocurre con los snacks o picaderas. Los consumidores dominicanos han detectado la mala práctica, por lo que se quejan de que aquí nadie controla nada.

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En Francia, una cadena de supermercados detectó esta mala práctica y ha colocado alertas a los consumidores denunciando a los fabricantes que han reducido el tamaño de los productos sin cambiar los precios. La cadena detectó 26 productos que se han encogido, incluyendo leche infantil de gran consumo.

La cadena de supermercados se ha quejado de que las grandes empresas proveedoras no están cooperando con los esfuerzos de disminuir precios a pesar de la reducción que han experimentado las materias primas.

La actividad mediante la cual se reducen los tamaños, cantidades y pesos de las mercancías manteniendo el mismo precio es lo que se ha denominado con una nueva palabra: La reduflación, a la que también se le conoce como «inflación invisible».

El fenómeno de la reduflación, según un reportaje de la BBC, ha sido verificado en Europa, pero también en América Latina. Los fabricantes alegan que han reducido los tamaños para que sus productos puedan llegar a todos los consumidores. La trampa radica en que estos cambios no se reflejan en los precios, lo que ha llevado a la primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, a dar un ultimátum a las empresas para que reflejen transparencia a partir de noviembre de este año.

Si bien esta práctica no se considera ilegal, sí representa un engaño a los consumidores.

Los proveedores locales también la adoptan, lo que amerita una intervención de las autoridades para evaluar y rectificar el mercado y corregir esta mala práctica que contribuye a la pérdida del poder de compra de la población.

Pro-Consumidor tiene el deber de vigilar el mercado, atribución que le asigna la ley 358-05, y también la de sancionar acciones como estas amparado en la 166-12 que crea el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL)

Estas prácticas justifican la necesidad de que el Estado intervenga como regulador para proteger a los consumidores.