El presidente Mejía se defiende como gato boca arriba para negar que en su campaña reeleccionista está utilizando los recursos del Estado para promocionarse y ver si puede sacudirse de su elevada tasa de rechazo, y como es su costumbre, utiliza la contra acusación para enfrentar a Participación Ciudadana, que pudiera ser la entidad que le aguara la fiesta de su reelección al estar alerta para evitar los fraudes del PPH el próximo 16 de mayo.

Participación Ciudadana ha sido muy responsable para estar de frente de las maniobras políticas de muchos políticos que buscan la forma de engañar al ciudadano que necesitan de alguien que los defienda en momentos que los recursos del Estado se utilizan a raudales como fue el caso de que en el 2003 se registró un aumento de más de 25 mil empleados públicos y ya en este año los ingresos de enero y de febrero se dedicaron devotamente, en más del 90%, a los gastos corrientes, revelando cuales son las intenciones del partido gobernante de apuntalar una reelección que ha sido repudiada por todos los dominicanos sensatos.

Sin embargo a Participación Ciudadana se le quiere acusar ahora de que sus miembros se favorecen de los recursos que reciben de donaciones internacionales o de programas específicos de agencias norteamericanas o europeas. El gobierno trata de hacer creer que la entidad no tiene credibilidad ni honestidad en sus actuaciones cuando todo el mundo sabe que el descrédito del gobierno es por culpa de las actuaciones de sus miembros que utilizan los recursos públicos para fines que a veces no van directamente a consolidar su permanencia en el poder.

La certeza de los organismos internacionales, de que el proyecto reeleccionista tiene el uso de un alto ingrediente de los fondos públicos, se manifiesta por lo temprano que están llegando los observadores internacionales como es el caso del conocido señor Santiago Murray que plasmó su preocupación al decir que estará muy vigilante para evitar que el abuso de los recursos del poder vayan en desmedro de la expresión popular de los votantes, por lo que la vigilancia será muy atenta y profunda para determinar que los resultados de las elecciones sean creíbles para todo el mundo.

La demostración más evidente para todos los dominicanos es que la diarrea de inauguraciones, que semanalmente está realizando el PRD en la campaña proselitista de su candidato, es el apoyo principal para la propaganda reeleccionista, en donde es evidente que el uso de los fondos públicos no se puede ocultar, aun cuando se realicen cenas de recaudación con el plato a $500 mil pesos, que resultan insuficientes para enfrentarse a la decisión libérrima del pueblo de sacudirse de esta mala administración, que ha precipitado a la economía en un pantano peligroso y absorbedor de los esfuerzos que realice el futuro gobierno, ya que el desorden es tan grande que, con una deuda externa por encima de los $8 mil millones de dólares, nadie sabe como se podría cuantificar y de sanear aquellos préstamos que nadie sabe cual ha sido su destino final.

Los candidatos de la oposición están en desventaja frente al candidato oficialista por ese uso de los fondos públicos, traducidos ya sea en inauguraciones recicladas o en caravanas de vehículos oficiales con combustible oficial y dietas que se le otorgan a los que se movilizan en manifestaciones maquilladas, caracterizadas por su escasa asistencia. Pero la ventaja de los candidatos principales de la oposición es que el rechazo generalizado hacia la candidatura reeleccionista los favorece tal como se muestran en las encuestas, y predicen, que de no ocurrir un grosero fraude, las pretensiones del PRD se hundirían, que como siempre hacen un mal gobierno, no irían más allá del 16 de agosto del 2004.

Y si los resultados de las elecciones del próximo 16 de mayo son como lo establecen las encuestas, entonces si es verdad que se requeriría de una presencia masiva y permanente del FMI y de otras instituciones de supervisión financiera internacional para evitar que todos los recursos del Estado sean despilfarrados en un carnaval de dispendios y de protecciones para evitar eventuales persecuciones judiciales, ya que son varios de los actuales incumbentes de altas posiciones públicas que tienen su soga a rastro.