Los sabios campesinos dominicanos suelen afirmar que las lluvias pagan sus daños, queriendo significar que aunque a menudo arrasan sembradíos y destruyen  caminos y puentes así como enseres domésticos, irremisiblemente dejan beneficios, tales como  tierra fertilizada, represas rebosadas para  riego y energía y campiña de verdes encendida.  

De la reelección presidencial podemos decir lo contrario, que siempre conlleva un costo económico e institucional, afectando la democracia y generando más frustraciones que satisfacciones. Al menos en países como el nuestro, donde las instituciones son extremadamente débiles y el presidencialismo indiscutible, con una cultura que implica eterna rendición ante algún caudillo. Algunos nos cansamos en el curso de la pasada campaña electoral de advertir que el desenfreno en el gasto público traería consecuencias, que el festival de subsidios no sólo era insostenible, sino que conllevaría un alto costo, y que el retorno del continuismo traería daños institucionales.

 Los resultados están a la vista de todos. Los apagones han vuelto a sus peores niveles, tan irremisibles como los huracanes en cada verano caribeño. Temprano se advirtió que el subsidio a la energía se duplicaría este año llegando a mil doscientos millones de dólares  y por ahí andará. Ahora mismo estamos apagados porque la deuda con los generadores se aproximaba a los 400 millones de dólares y como negocio es negocio reactivaron la consigna: pagas o apago.

El 14 de octubre el administrador de la CDEEE confesó que la deuda era de 364.9 millones de dólares y prometió abonar este mes 116 millones. Como la oferta era menos de la tercera parte de lo adeudado, los interesados decidieron seguir apagados,  hasta tener pájaro en mano. Hasta el viernes 24 apenas recibieron 20 millones de dólares, el 5.7 por ciento.

Entre enero y junio los subsidios de la energía y el gas propano al gasoil, la harina, los pollos, el arroz y las habichuelas y el empleo de zonas francas. Como consecuencia del desbordamiento se ha dejado de pagar y en vez de generar electricidad se genera frustraciones y protestas, mientras el costo de la vida se dispara. Además se desactiva una parte de las 200 mil tarjetas solidaridad que se repartieron políticamente. 

El gasto corriente del gobierno, que creció más de una tercera parte en la primera mitad del año en relación al mismo período del 2007, generó desequilibrios fiscales que han tenido que pagarse con fuertes incrementos de las tasas de interés, penalizando sectores productivos y a los consumidores, muy especialmente a los que se habían endeudado para adquirir viviendas y automóviles en los meses del festival. A muchos se les han duplicado las cuotas, y las consecuencias se empiezan a sentir por lo menos en el sector de la construcción. 

Pero las deudas no sólo afectan a los generadores, también a los productores agropecuarios quienes reclaman cientos de millones de pesos por los alimentos que se repartieron al ritmo de la campaña, pero los polleros, hueveros,  lecheros, cebolleros y productores de granos no tienen nada que apagar, que no sea su capacidad de generar bienes alimenticios.

El deterioro es tan significativo que el secretario de Hacienda ha dicho esta semana que no es posible aplicar toda la reducción del costo del petróleo a los precios locales de los combustibles, porque  tampoco se elevaron en la proporción de las alzas. Se refería a las dos o tres semanas antes de los comicios cuando se llegó anunciar públicamente que los precios de los combustibles se mantendrían congelados. Ahora se confiesa que se violó la ley antes y se sigue violando después. Y lo dice uno de los más altos funcionarios y la vida sigue su agitado curso, como si nada pasara. El que crea en el fortalecimiento institucional que pregunte por qué la Suprema Corte de Justicia no ha tenido tiempo para responder las instancias inconstitucionalidad del escándalo Sun Land.