MANUEL SEVERINO
NEW YORK.- En los días por venir, los indocumentados hispanos, que suman unos 12 millones, verán seriamente reducidas las posibilidades de sobrevivir en los Estados Unidos si las acciones emprendida por grupos de conservadores extremistas logran imponer disposiciones legales que les impidan acceder a la educación pública y a los servicios asistenciales locales, estatales y federales. Las organizaciones de derechos civiles de un lado a otro del país han empezado a movilizarse y a reclamar el apoyo de los concejales, asambleístas y congresistas hispanos con el fin de contrarrestar acciones que, según se asegura, han sido alentadas por la reelección del Presidente George W. Bush.

En igual sentido son consideradas como alarmantes medidas tomadas por el Departamento de Seguridad Interior, del cual el Servicio de Inmigración y Naturalización es una dependencia, al aumentar las redadas destinadas a deportar a ilegales reduciendo al mínimo los mecanismos que permitían a los inmigrantes acudir a la protección de los tribunales en casos determinados.

Como consecuencia de estas medidas. El Departamento de Seguridad Interior deportó a 157.281 inmigrantes ilegales en los últimos doce meses, con un aumento del 8% con relación al ejercicio anterior. Además, la detención de extranjeros indocumentados fugitivos de la Justicia se elevó un 112%. Y el argumento central del Departamento es la amenaza del terrorismo a la seguridad nacional. Desde luego, estas deportaciones se refieren su totalidad a inmigrantes procedentes de países hispanoamericanos, ya que las autoridades no persiguen a inmigrantes europeos, especialmente de antiguos de estados comunistas a los cuales se dan facilidades para legalizar su estada aquí que se niegan a los de Latinoamérica.

Según activistas de derechos civiles, las medidas persecutorias y la ofensiva civil contra los ilegales incluye a organizaciones como la Federación Americana para la Reforma Inmigratoria, que invirtió más de un millón de dólares en Arizona en favor de la Iniciativa 200, que obligaría a todas las personas a demostrar su ciudadanía para acceder a la educación, servicios de salud y atención de emergencia. Pero grupos de la misma orientación impulsan medidas similares en California, Georgia, Utah, Idaho y Colorado. De ahí que los indocumentados de esos estados se hayan estado trasladando hacia lo estados del este como New Jersey, New York y Massachusets donde no se restringe el acceso a las escuelas públicas ni a la asistencia social.

Las razones de la ofensiva son las mismas: que el dinero de los contribuyentes para servicios gastos sociales no debe gastarse en personas que violan la ley.

La prensa de Atlanta informó recientemente que Jimmy Herchek, un empresario inmobiliario, líder del grupo de presión Georgianos por la Reducción de la Inmigración, quien viene luchando sin éxito desde hace varios años para cerrar el paso a los extranjeros, dijo que la aprobación de la Iniciativa 200 en Arizona llevó a mucha gente a seguir ese camino.

En 1994 Herckek presentó una propuesta a los legisladores locales para que los ilegales no tuvieran acceso a la educación ni a los servicios de emergencia. Pero esta iniciativa no prosperó.

Por su parte, el Congreso está a punto de aprobar una ley destinada a mejorar los servicios de inteligencia, y en su articulado pone límites a la inmigración.

Entre otras cuestiones, cierra el camino para que los estados puedan entregar licencias de conducir a los extranjeros ilegales; elimina la entrega de tarjetas de identificación consular a los indocumentados, un instrumento que les permite acceder a servicios del gobierno federal y a abrir cuentas bancarias, y ordenar que los inmigrantes ilegales que resulten descubiertos sean deportados inmediatamente.

La organización Numbers USA Action considera que la batalla para reducir la entrada de ilegales «será larga y completa» y que una de las mejores herramientas «es reducir la inmigración ilegal».

Según la División de Población de la Oficina Nacional del Censo, cada 25 segundos ingresa en Estados Unidos un nuevo inmigrante.

En Arizona la Iniciativa 200 obtuvo el 55% de aprobación en el referéndum del 2 de este mes, el mismo día de las elecciones presidenciales, pero todavía no ha entrado en vigor.

Después que gobernadora del estado, Janet Napolitano, certificara el resultado electoral habrá comenzado una batalla legal entre quienes fueren congelar su aplicación y quienes piden que se instrumento de inmediato.

Esa iniciativa no sólo les cierra el acceso a los inmigrantes indocumentados que suman unos 12 millones, a los servicios públicos, sino que obliga a ciertos funcionarios públicos, como médicos, maestros y bomberos, a denunciar si están ante alguien que no puede comprobar su ciudadanía y su status legal.

«Las organizaciones que combaten la inmigración tiene una agenda basada en el odio; son homofóbicos y antisemitas», comentó un activista de los derechos civiles. Sólo en Arizona, considerada la puerta de mayor entrada ilegal a Estados, el año pasado fueron detenidas 491.000 personas que intentaban cruzar la frontera.

En Colorado, el grupo llamado Defienda Colorado Ahora anunció que en 2006 impulsará un referéndum con una propuesta similar a la de Arizona, para vedar a los indocumentados el acceso a los servicios públicos, salvo que su vida corra riesgo.

El presidente de esa organización, William Herron, explicó que decidieron darles a los legisladores la oportunidad para que el año próximo sancionen una ley en ese sentido. «¿Por qué deberíamos reducir programas de educación, seguridad y salud cuando decenas de millones de dólares se están gastando en servicios que van a gente que está violando la ley? Si la Legislatura no adopta una acción correctiva, definitivamente avanzaremos (con la iniciativa popular) en 2006», dijo.

En el estado de Idaho también prendió la idea de impulsar una medida similar a la de Arizona para controlar los gastos del estado. El comisionado del condado de Canyon, Robert Vásquez, uno de los impulsores de la medida, se hizo famoso en abril último cuando envió al consulado de México en Salt Lake City una factura por 2 millones de dólares por los servicios prestados a los ciudadanos mexicanos que ingresaron ilegalmente en el país.