FREI BETTO
Lula será reelegido presidente del Brasil en la primera vuelta de las elecciones señaladas para el próximo 1 de octubre, indican las encuestas de opinión. De los 125 millones de electores, en una población de 185 millones de personas, el 51% están dispuestos a llevar de nuevo a la Presidencia de la República, por otros cuatro años, al líder sindical fundador del Partido de los Trabajadores (PT). 

¿Cómo explicar esa preferencia electoral después que el PT y el gobierno hayan sido, desde mayo del 2005, blanco de denuncias de corrupción que provocaron la caída de los principales ministros de Lula: José Dirceu, jefe de la Casa Civil y articulador político del gobierno, y Antonio Palocci, el superministro de Economía?

No hay pruebas de que Lula estuviera al tanto de las turbias operaciones financieras del PT, eufemísticamente llamadas por el partido “recursos no contabilizados”. El presidente se presentó ante el público declarando haber sido “traicionado”, aunque sin citar nombres, y afirmando que le metieron “un puñal en la espalda”. El hecho es que la crisis ética que tanto ponderó el gobierno ante las clases media y rica no sensibilizó al gran contingente de electores pobres del país, en el cual los 20% más ricos concentran en sus manos el 64% de la riqueza nacional.

No es la ética de la política lo que preocupa a la mayoría de los electores. Les interesa sobre todo la mejoría de sus condiciones de vida. Y, en ese sentido, el gobierno de Lula representa avances significativos. Desde el 2001 hay una progresiva reducción en el foso de la desigualdad. La renta de los más pobres ha crecido cerca del 4.5% al año. En el actual gobierno eso se acrecentó gracias a las políticas sociales, especialmente la Bolsa Familiar, que hoy distribuye beneficios a más de 40 millones de personas pobres, y hay un mayor número de personas incorporadas al mercado de trabajo.

Las encuestas dicen que, en el 2001, una familia de cuatro personas disponía de una renta media mensual (en valores de hoy) de US$95; y en el 2004 pasó a US$108.6, un aumento del 14%.

Como factores indirectos de esa mejoría del cuadro social tenemos la Constitución de 1988, que amplió los derechos del trabajador; el perfeccionamiento de nuestra democracia, que hizo posible un mayor control de las instituciones, y especialmente la fiscalización del poder público (a pesar de que todavía esté lejos de ser razonable); y la mayor profesionalización de los funcionarios del gobierno.

El programa Bolsa Familiar, vagón de cabeza del Hambre Cero, distribuye una renta mínima a 11.3 millones de familias muy pobres, asegurándoles acompañamiento de salud y escolaridad de los hijos menores de 15 años. La inflación está bajo control, el precio de los alimentos de primera necesidad ha sido reducido y el salario mínimo, que en 2003 equivalía a US $82, hoy es de US $160. El programa Luz para Todos permite que el 97% de la población tenga televisor; los negros e indígenas disfrutan de cuotas preferenciales en las universidades; y nunca la Policía Federal agarró a tantos delincuentes de cuello blanco como en el gobierno de Lula (aunque no siempre el poder judicial los mantenga presos).

Otro rubro que justifica el apoyo al candidato del PT es la política externa soberana. El gobierno de Lula rechazó el ALCA propuesto por Bush y condenó la intervención en Iraq; reactivó el MERCOSUR, abriéndolo a los países andinos; defiende la soberanía de la Venezuela de Chávez, de la Bolivia de Morales y el derecho de Cuba a participar en organismos multilaterales, como la OEA.

En el segundo mandato, que inicia el 1 de enero del 2007, Lula se enfrentará a grandes desafíos. Su partido, el PT, difícilmente ocupará, en ambas cámaras del Congreso Nacional, más de 60 de los 101 escaños que hoy están reservados a sus diputados y senadores. Se prevé, pues, que la mayoría de los 583 escaños del Parlamento estarán reservados a la oposición y a los fisiologistas, o sea a los políticos que actúan movidos por “recursos no contabilizados”.

Lula gobernará bajo la presión permanente de los movimientos populares, como el MST, y de la Iglesia Católica, que todavía le reclama promesas de la campaña electoral del 2002, como las reformas agraria, laboral, tributaria y política.

Es posible que el segundo mandato de Lula sea más conservador que el primero, aguzado con la propuesta del Banco Mundial de mantener políticas sociales focalizadas sin amenazar los paradigmas neoliberales de la economía de mercado. De enero del 2003 a junio de este año el gobierno de Lula canalizó hacia los bolsillos de los acreedores de la deuda pública US $241 mil millones; y reservó para las políticas sociales -excluídas la salud y la educación, que disponen de presupuesto propio- sólo US$ 14 mil millones.

Queda por saber si Lula se conformará con tender un frágil puente entre quienes están en lo alto de la cumbre y quienes se encuentran en el fondo del abismo social o intentará transformar las estructuras que hoy mantienen a casi 115 millones de brasileños sobreviviendo por debajo de la línea de pobreza. (AMERICA LATINA EN MOVIMIENTO)