A un año de las elecciones presidenciales la prioridad es la limitación del tiempo y el gasto en la campaña y la preparación de los miembros de los colegios electorales

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ

A un año de las próximas elecciones presidenciales la mayor preocupación que asoma en el panorama nacional es que el reeleccionismo pueda convertirse nuevamente en un elemento de incertidumbre sobre la relativa limpieza que ha caracterizado el proceso democrático en la última década.

A punto de concluir la elección de los candidatos de los tres partidos mayoritarios las expectativas se centran en la voluntad de las autoridades electorales para evitar que la nación se envuelva con excesiva anticipación en una abierta campaña electoral que dispare aún más el alto costo de la democracia dominicana.

Con suficiente credibilidad, la Junta Central Electoral ha previsto un calendario administrativo que puede concluir en una exitosa organización, enmendando los problemas de operación de los colegios de votación que causaron dificultades en los comicios legislativos y municipales del año pasado.

Sin novedad a la vista

Entrada ya la cuenta regresiva del año para la elección presidencial, no asoma ninguna novedad en el panorama político nacional, caracterizado por el predominio de los tres partidos que han dominado el escenario en las últimas décadas, ratificado en las encuestas y en la percepción general.

Aunque el ex jefe policial Pedro de Jesús Candelier ha lanzado sus aspiraciones presidenciales y grupos de la fragmentada y diluida izquierda política se han propuesto concertar un frente electoral como en otras ocasiones, hasta el momento no se les ve perspectiva de que puedan convertirse en una opción significativa.

Nutridos de un arraigado clientelismo que echa raíces en la pobreza de grandes masas urbanas y prevalidos de enormes recursos financieros de origen cuestionado, los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) se preparan para una larga batalla por el control del Poder Ejecutivo.

Ese predominio se ha ratificado aunque las encuestas muestran niveles de insatisfacción con sus gestiones similares a los que han sacudido el sistema partidista en muchos países latinoamericanos en la última década. Más bien la sociedad dominicana parece haber evolucionado a posiciones conservadoras, pese a que la última encuesta Gallup para HOY indicó que un 98 por ciento cree que hay corrupción en el Estado, y la mayoría la aprecia igual o mayor que en el pasado.

De acuerdo con esa investigación del mercado político del mes pasado, el PLD se encamina a mantenerse en el poder con una preferencia del 43 por ciento que duplicaba el 21 por ciento del PRD y cuadruplicaba el 10 por ciento del PRSC, mientras un 22 por ciento todavía no definía su preferencia. De cara al candidato presidencial perredeísta y a los posibles reformistas, las perspectivas apuntan a la reelección del presidente Leonel Fernández, quien mantiene elevadas preferencias políticas, aunque la misma encuesta registró altos niveles de insatisfacción por la situación económica.

Un año es bastante tiempo para que puedan producirse situaciones que cambien la perspectiva electoral, especialmente si se acentúa la insatisfacción económica, por cierto contrastante con los niveles de crecimiento que sigue registrando el producto bruto interno, del 9 por ciento en el primer trimestre según el Banco Central.

Vuelve el reeleccionismo

Acercándose a las tres cuartas partes de su segundo período de gobierno con un intermedio de 4 años, el presidente Fernández ha ganado la primera batalla, al interior de su partido, para protagonizar el intento reeleccionista que siempre ha manchado los procesos electorales dominicanos, aunque el presidente Hipólito Mejía fracasó en el intento del 2004, consumido por la crisis financiera que estalló un año antes.

El intento continuista de Mejía despertó graves incertidumbres que afectaron a la nación en medio de cuestionamientos sobre la posibilidad de  que manipulara a un arbitraje electoral que se percibía inclinado a su partido, lo que habría contribuido a que las preferencias se volcaran en favor de la candidatura peledeísta que concluyó con el 57 por ciento de la votación. 

El manifiesto empleo de recursos estatales en la recién concluida campaña interna del partido gobernante, denunciado sistemáticamente por el retador del presidente Fernández, ha renovado los temores de que una vez más el reeleccionismo pueda poner a prueba la institucionalidad democrática.

Tal como luce el panorama el doctor Fernández no necesitaría utilizar recursos estatales para retener el poder dentro de un año, pero tampoco lo precisaba para ganar la candidatura de su partido.

El fuerte presidencialismo dominicano otorga una ventaja adicional al  reeleccionismo, ya que multiplica su capacidad de lograr financiamiento con los contratistas y suplidores del Estado y con los grandes capitales, más dispuestos a inclinarse en favor de quien ejerce el poder, ya que “a un presidente nunca se le dice que no”. Eso quedó patente en la elección primaria del PLD, cuando Fernández dijo haber recaudado 90 millones de pesos, aún cuando se le daba toda la ventaja para imponer su liderazgo. 

Mejor arbitraje electoral

Aunque las campañas reeleccionistas aún despiertan incertidumbres, es obvio que  las posibilidades de manipulaciones del padrón o del cómputo electoral que predominaron hasta 1994 ya no son preocupaciones de la sociedad dominicana, dados los avances que ha registrado el sistema electoral, rodeado de mayores garantías.

Con una Junta Electoral más equilibrada, con la presencia en ella de fuertes personalidades aferradas a los principios democráticos que han evidenciado disposición a asumir un mayor arbitraje de la campaña,  las incertidumbres sobre los comicios del próximo año deberán ser menores, especialmente si la Sociedad Civil mantiene la protagónica vigilancia que registra desde 1996.

La voluntad de la JCE será puesta a prueba con el reclamo de que impida que la  campaña electoral se desborde antes del período de 90 días instituido en los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral. Los jueces han reaccionado positivamente a los fuertes planteamientos formulados en abril por el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Ramón de la Rosa y Carpio especialmente para reducir el desbordamiento del gasto que ya se registró en los procesos electivos internos.

Llamó la atención la sugerencia del doctor Eddy  Olivares, juez titular de la JCE, de que incluso el presidente Fernández podría tomar una licencia durante los 90 días de la campaña electoral, lo que de inmediato fue rechazado por funcionarios y dirigentes del PLD, en base a que eso no está contemplado en ninguna ley. Así ocurrió en 1970 cuando la primera repostulación del presidente Joaquín Balaguer, quien dejó la presidencia en manos del licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Esta semana el movimiento Participación Ciudadana respaldó los planteamientos del Arzobispo de Santiago pidiendo a la JCE que prohíba la propaganda electoral por los medios de comunicación social y las actividades en plazas, calles y carreteras, incluyendo los actos oficiales, hasta que se produzca la proclama que debe dar inicio a la campaña. El mediador nacional, Monseñor Agripino Núñez Collado, se manifestó en términos similares, según recogió HOY en su edición de ayer.

“Para que haya equidad, en vista de que el ciudadano Presidente de  la República será candidato presidencial, la restricción de la promoción electoral debe incluir todos los actos oficiales, como inauguraciones de obras y conmemoraciones. Y tal como propuso Monseñor de la Rosa, prohibir durante los 90 días de campaña la celebración de actos públicos gubernamentales que puedan servir de promoción de candidaturas. También debe prohibirse a los organismos estatales la repartición de cualquier tipo de bienes, de uso o consumo, a nombre o con la fotografía del Presidente de la República”, planteó Participación Ciudadana.

Calendario organizativo

Con suficiente previsión, la JCE ha establecido un calendario organizativo del proceso electoral que privilegia el inmediato nombramiento de los miembros de Juntas Electorales con vacantes, y con suficiente anticipación el entrenamiento de todos sus integrantes, así como el reclutamiento y capacitación de quienes operarán los colegios de votación.

Existe el firme propósito de evitar los problemas que se han registrado en los procesos de cómputos y levantamiento de las actas de votación por incapacidad de los miembros de los colegios de votación, aunque esas tareas sean más fáciles en los comicios presidenciales.

El calendario contemplaba para el 16 de mayo la entrega del primer corte del padrón electoral digitado a los partidos.

El 28 de mayo se iniciaría la captación de los miembros de los colegios electorales en el exterior. El 30 sería el nombramiento de miembros de las Juntas Electorales.

Para el 4 de agosto ya comenzaría el entrenamiento del personal preseleccionado para los colegios electorales.

Acorde con la Ley Electoral el cierre de la cedulación, renovación de cédulas, inscripción de nuevos electores y cambios de datos en el carnet de identidad está programado para el 16 de diciembre. Y el 25 de enero ya el padrón electoral definitivo será entregado a los partidos.-