Algo que se ha perdido de vista en los informes de prensa sobre la destitución del ex presidente de Honduras, Mel Zelaya, es el rechazo por parte de las instituciones judiciales, legislativas, militares y el pueblo de Honduras a la reelección presidencial. A diferencia de la República Dominicana, Venezuela, Ecuador y Colombia, donde los poderes públicos y políticos se han doblegado a las ambiciones continuistas de sus gobernantes, en Honduras todas las instancias institucionales asumieron su responsabilidad y dijeron No a la reelección presidencial.

Los reportes de prensa ignoraron que Zelaya fue el primero en irrespetar la Constitución de su país para quedarse en el poder. La Constitución hondureña no permite la reelección y prohíbe la modificación de este proviso, cerrando así las posibilidades del continuismo. Zelaya, a seis meses de las elecciones, quiso embarcarse en una “encuesta popular” totalmente i1egal con el objetivo de legitimar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, figura no contemplada en la Constitución hondureña.

Las instituciones públicas hondureñas, como el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República expresaron su oposición al proyecto de consulta popular. Zelaya los ignoró. El asunto fue llevado a la justicia y como la “encuesta” afectaba a los artículos que no podían ser modificados, los tribunales declararon la encuesta violatoria de la Constitución. La sentencia fue apelada, pero esta se mantuvo en las diferentes instancias judiciales. Finalmente, ante una petición de la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de este “referéndum” con el cual Zelaya quería orquestar su reelección.

La crisis estalla cuando el Jefe de las Fuerzas Armadas, institución responsable de “la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso” electoral bajo la dirección del Tribunal Nacional de Elecciones, rechaza por orden de la Fiscalía la orden presidencial de distribuir las boletas y realizar la logística del referéndum.

Zelaya responde destituyendo al Jefe de las Fuerzas Armadas, disposición apelada por la Fiscalía y el Jefe de las Fuerzas Armadas. La Suprema Corte de Justicia falla en contra de la orden de Zelaya y ordena restablecer en su cargo al general Romeo Vásquez. Como bien señala Luis Cosenza en su artículo “Pequeños Problemas”, “en un país en el cual impera el Estado de Derecho, los fallos de los tribunales se acatan o se apelan pero no se desobedecen”. Y Zelaya desobedeció la Constitución que él juró respetar.

Lo sorprendente de los sucesos en Honduras, es que por primera vez en América Latina, el Congreso y la Suprema Corte de Justicia asumen las responsabilidades que les confieren la Constitución. No “negociaron” con Zelaya a cambio de prebendas o privilegios, no se avasallaron a aprobarle una reforma al vapor de la Constitución, ni dudaron en emitir un dictamen.

Ahora bien, la Constitución hondureña no otorga al Congreso poderes para destituir al Presidente y su apresamiento y deportación sin haberlo sometido a la justicia constituyen un “terrible precedente”, como bien dice Barack Obama. El restablecimiento del orden constitucional es vital para el mantenimiento del sistema democrático en la región. En este sentido, las alternativas son adelantar el proceso electoral o aceptar el retorno del presidente pero sometiéndolo a un juicio. Confiamos que se llegue a una solución legal a tan penosa situación.

Finalmente, los acontecimientos en Honduras deben de servir de lección a las ambiciones continuistas de nuestros presidentes. Seguramente, si no limitamos la reelección y fortalecemos los otros poderes del Estado, situaciones como ésta pueden repetirse en el futuro.