Como pilar importante del sector eléctrico nuestra asociación no puede estar al margen de su problemática, ni permitirse estar excluida de las propuestas que pudieran dar solución a esta acuciante crisis; de manera primordial porque sus empresas miembro sufren por igual los altos costos y la ineficacia del servicio eléctrico, pero además porque muchas de las medidas que se implementan en el, afectan de una u otra forma su desenvolvimiento económico.

Como es de público conocimiento, ASUME jugó un papel importante para que la Ley General de Electricidad fuera aprobada sin exoneraciones de materiales y equipos para las empresas distribuidoras. Ese logro fue vital para nuestra supervivencia como empresas, pues aunque se han producido algunas violaciones, fruto de la discrecionalidad de nuestras autoridades y de concesiones especiales otorgadas para algunos proyectos de inversión extranjera, la situación se ha podido manejar.

Sin ánimo de presentarnos como víctimas exclusivas del proceso de capitalización; permitannos exponerles nuestra situación, antes de adentrarnos en los detalles de nuestra propuesta y citar algunos factores que afectaron de manera directa nuestra competitividad como suplidores de las empresas distribuidoras, los contratistas y demás clientes habituales:

1. Muchas empresas distribuidoras, entre ellas las que operan en la región este del país, están exentas del pago del ITBIS en los establecimientos locales. En estas condiciones las obras eléctricas que construyan estas empresas, ya sea dentro de sus subestaciones redes e instalaciones, así como acometidas para dar servicio a sus clientes industriales, urbanizaciones, etc.;no importa que las ejecute directamente su personal o que se valgan de contratistas externos, siempre les resultaran mas económicas bajo la modalidad de administración y suplir los materiales.

Debido a esta diferencia aproximada del 12% entre nuestros mejores precios y los de los materiales que ellos suplen, los suplidores eléctricos quedamos prácticamente eliminados de ese mercado. Si se aumentara la tasa de aplicación del ITBIS como muchos proponen, la diferencia llegaría a ser abismal.

2. En otros casos el contratista ha conseguido su obra eléctrica por su cuenta, pero los departamentos de aprobación de planos de las empresas distribuidoras les exigen una marca o modelo determinado que «Casualmente» ellos suplen, quedando los intereses de los suplidores nuevamente lesionados.

3. Por otro lado, en las ocasiones en que se intenta negociar la venta directa de productos a una distribuidora, la tarea no es fácil, pues se trata de compañías multinacionales con operaciones en varios países, que han hecho una «Normalización» producto de amarres comerciales con empresas vinculadas, donde es casi imposible penetrar.

4. Sucede también que en determinada circunstancia la empresa anuncia la utilización de determinado tipo de material del comercio local, lo que hace a los importadores y a las industrias nacionales aprovisionarse apropiadamente para enfrentar la fuerte demanda, para terminar al poco tiempo con un sobre inventario de mercancía costosa y de poco movimiento debido a un cambio súbito de las reglas del juego.

5. Los que han incursionado en la venta de equipos de medición y corrección para reducir el monto de la factura eléctrica, se han encontrado de frente con programas selectivos patrocinados por las propias empresas distribuidoras, para favorecer a técnicos extranjeros vinculados a sus accionistas, ayudados por la indiferencia del CODIA y la falta de acción de la Superintendencia de Electricidad.

A pesar de todo lo que hemos enumerado, que se nos vino encima junto a una situación económica asfixiante, la mayoría de los suplidores eléctricos ha logrado sobrevivir precariamente. Sin embargo una nueva amenaza se cierne sobre el sector que puede dar al traste con su existencia:

Ante el fracaso de las empresas Edenorte y Edesur y la quiebra virtual de EdeEste, el gobierno tomó la cuestionable decisión de comprar le totalidad de las acciones de las dos primeras, en unas condiciones tan precarias que carece de los recursos para su operación.

En vista de esta circunstancia, está cobrando fuerza una propuesta de entregar las empresas distribuidoras a los generadores privados para que compensen las perdidas de la distribución con las grandes utilidades que están obteniendo, en una modalidad salvadora, aparentemente ingenua, que ellos llaman » La integración vertical de la industria eléctrica»,

Si tomamos en cuenta que el gobierno le adeuda a ese sector mas de 300 millones de dólares por energía servida, que no le puede pagar, algunos dan como un hecho que esa sea la solución que se adopte.

Para favorecer este paso se ha levantado un movimiento inducido, que busca modificar la Ley General de Electricidad para adecuarla a las particularidades de este trato.

La Verticalización de la industria eléctrica otorgaría un poder casi ilimitado a las empresas de generación y de ninguna manera garantizaría que se desprendan de sus utilidades actuales para solventar las perdidas de la distribución.

Esta modalidad les resultaría a ellos sin embargo bastante atractiva, pues aun sin resolver el problema del cobro de la energía, podría mejorar el flujo de caja de sus empresas y obtendrían una mejor capacidad de presión, lo de brindar un buen servicio es otra cosa.

Los partidarios de este nuevo modelo de conformación del sistema eléctrico dominicano han perdido de vista que el problema no es solo financiero y que arrastrar a los generadores a esta pendiente podría afectar su desempeño en la producción de energía.

Debemos recordar que los generadores de electricidad han contado siempre con exoneraciones totales y que no les vendría mal obtenerlas para las empresas de distribución, lo cual no seria siquiera necesario, si tomamos en cuenta el comportamiento tradicional de nuestras autoridades tributarias y aduaneras.

En un escenario como este la importación de materiales y equipos estaria oligopolizada a favor de las empresas vinculadas que se formarán y las que se asocien al amparo de esta situación.

Vendría de nuevo al tapete el tema del trasiego de productos importados en condiciones ventajosas que vendrían a competir en un mismo mercado con otros importados pagando todos los impuestos. De igual manera el mercado de las obras eléctricas asociado a la distribución, continuaría manejándose de la misma manera antes denunciada.

No estaríamos tampoco de acuerdo en que se celebre una nueva licitación internacional, bajo las mismas premisas que la anterior, justificada en el apremio de la coyuntura, de una forma atropellada e improvisada.

Hasta que la cultura de no pagar la energía que han fomentado las propias autoridades pueda ser reducida a un nivel tolerable, nos parece razonable que se discutan las siguientes alternativas:

a) Que se haga un estudio de rentabilidad que establezca la exacta situación en cada subestación de distribución con sus circuitos y clientes respectivos.

b) Con el resultado obtenido se puede subastar la participación en lotes colindantes o unidades individuales a empresas nacionales y extranjeras previamente precalificadas.

c) Las zonas rurales deberían ser igualmente manejadas mediante concesiones relacionadas con el volumen de hogares servidos en base a programas gubernamentales bien articulados.

d) Promover la competencia en la generación de electricidad para permitir la instalación de nuevas empresas con ofertas mas atractivas que contribuyan a diluir la onerosa densidad de los contratos de la antigua Ley 14 90 y los que se suscribieron y mal renegociaron posteriormente, como forma de reducir el precio del kilovatio hora.

e) Introducir la figura del comercializador o minorista de electricidad, que puede dar servicio a una zona determinada, adquiriendo sus insumos directamente de un generador o desde un distribuidor concesionado mediante el pago de sus peajes correspondientes.

f) Abrir una licitación publica internacional para la venta de por lo menos el 75%

de la empresa de transmisión ,actualmente en poder del estado, a fin de conseguir un consorcio con experiencia y capital suficiente para acometer los proyectos que se requieren sobre la base de un plan previo, concreto y prioritario de inversiones

g) Todos los consumidores deberán tener el servicio medido, para que puedan tender a evitar el dispendio, no importa su nivel de consumo.

Los hogares clasificados como consumidores de menos de 200 Kilovatios Hora al mes necesitan tener una tarifa subsidiada, cercana a $ 0.05 US el Kilovatio Hora de acuerdo a estudios que hemos realizado.

Es justo aclarar sin embargo que tal subsidio no es más que una ilusión, en realidad el estado a través de sus empresas hidroeléctricas produce anualmente unos 1200 millones de Kw hr , cifra superior al consumo de 500,000 hogares con gasto mensual de electricidad por debajo de 200 Kilovatios Hora.

La electricidad que generan las plantas hidroeléctricas tiene un costo de producción muy inferior a los 4 centavos de dólar. A menos que el gobierno insista en venderla a valor de mercado, haciendo los ajustes y sacrificios necesarios de los demás agentes del sistema, podría llegar a ese consumidor a un máximo de 5 centavos, en lugar de los 12 o 14 centavos que tendría que pagar el resto de los consumidores para la sostenibilidad del sector eléctrico.

h) Estructurar una nueva tarifa en base a los costos reales de la energía eléctrica, sin la intervención de ningún tipo de subsidio para agentes del sistema o los demás consumidores.

No obstante entendemos necesario que se revise la base y las formulas de indexación de la potencia eléctrica, pues en un escenario de tantos apagones, donde no se esta pagando a los consumidores el costo de la energía no servida, este concepto tiene escasa validez.

Debemos recordar que el concepto de potencia eléctrica viene de la inversión que debe hacer el generador de electricidad para entregar en todo momento al consumidor la cantidad de potencia que ha contratado.

Desde nuestro punto de vista estas modalidades lucen mas eficaces, pues se daria acceso a los lotes de distribución a empresas relativamente pequeñas, en su mayoría dominicanas, que les resultaría practico apoyarse en los inventarios del comercio importador y la industria local para reducir su capital de trabajo, recibiendo el Estado mayores beneficios y dinamizando un sector del que dependen directamente miles de familias dominicanas.

Estos esquemas facilitarían dar trabajo también a mayor número de técnicos y profesionales del área y fomentarían una mejor distribución geográfica del ingreso.

Algunos podrían argumentar que nuestra propuesta no resulta atractiva para las grandes compañías, y que aumentaría el costo del Kw hr servido; probablemente sí; pero hay que tomar en cuenta que no sería nada comparado con los aumentos escalonados que se generan mensualmente por los precios del petróleo, el cambio de divisas, y el índice de inflación.

Por otro lado, en un ambiente donde coexisten plantas de generación a carbón de 125mw con unidades diesel de 3 y 5mw no se puede argumentar sobre la necesidad de grandes lotes de distribución por razones de economía de escala.

Debido a la propia naturaleza de estas empresas; si realmente llegara a producirse tal diferencia, seria seguramente compensada por una eficientización de los cobros y la reducción de los fraudes y otras pérdidas no técnicas.

[b]COYUNTURA ACTUAL[/b]

En la coyuntura actual en que la imposición de un marco legal limita las alternativas de solución, es importante que las autoridades competentes se aboquen a la modificación urgente de la ley de Electricidad en los postulados que rigen la organización del sistema y que se haga una rápida adecuación de la reglamentación vigente a fin de lograr la implementación de estas medidas que sugerimos.

Luego de la extrema dificultad que tuvimos para aprobar la ley vigente, algunos sectores procuran seguir el curso fácil de una nueva licitación, que entregue nuevamente las empresas Edenorte y Edesur en las mismas condiciones que las anteriores a los nuevos consorcios generadores. Es consistente con la legislación actual y no hay que movilizar la pesada maquinaria del congreso.

Este razonamiento, al final resulta ser absurdo, pues se pierde la posibilidad de corregir las debilidades del modelo actual y se corre el riesgo de tropezar de nuevo con muchos de los mismos problemas que provocaron su readquisición; pasando por alto que es obligatorio modificar la Ley para cambiar el estatus de la empresa de transmisión, donde todos estamos de acuerdo en que no puede seguir en manos del Estado

A pesar de que hemos demostrado que no existe tal subsidio, no se puede debatir este tema sin usar esa palabra , de mala reputación en los negocios y el libre mercado; aunque la verdad es, que siempre los han habido y los habrán, hasta el día en que los ingresos de las capas mas bajas de la población alcancen para cubrir la factura de electricidad o los gobiernos renuncien a su obligación de compensar esta desigualdad del sistema político y social reinante.