Cuando el gobierno dominicano decidió vender a PDVSA, empresa estatal venezolana, la mitad de sus acciones en la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), que previamente había decidido adquirir a Shell, los argumentos a favor de esa venta, esgrimidos principalmente por elementos de nuestra derecha nacionalista, fueron que PDVSA nos suministraría una proporción mayor de crudo que la que importábamos cuando la Shell administraba la refinería, lo que nos permitía hacer, a la vez, un mayor uso del muy blando crédito de Petrocaribe. Se argumentó, además, que PDVSA aportaría recursos financieros y asistencia técnica para la muy necesaria expansión de la capacidad de producción de Refidomsa.
Ninguna de esas dos cosas han sucedido desde la venta de esas acciones hace seis años. Los extremamente serios problemas de PDVSA, cuya producción y exportación se han reducido fuertemente, han rebajado, en vez de aumentar la proporción de la compra de crudo venezolano por parte de Refidomsa. Hoy día hasta importamos desde Texas. Adicionalmente, bajo el acuerdo de Petrocaribe, cuando el precio del petróleo baja de US$30 el barril, el por ciento a financiar es de solo un 25% y no el 40% cuando excede de US$50. Ambas cosas han provocado que bajo Petrocaribe importemos una proporción mucho menor, cuando lo que se preveía era que esta aumentaría. Por otro lado, PDVSA no ha dado indicación alguna de interesarse en ayudar en la expansión de la Refinería.
Ante la precaria situación de divisas de Venezuela y con el antecedente de la recompra, con gran descuento, de la deuda dominicana con Petrocaribe, sugerimos que se indague con el gobierno venezolano si éste estaría interesado en vender las acciones de PDVSA en Refidomsa, también con descuento. De ser así y después de comprarlas, el gobierno dominicano debería de revenderlas a un socio estratégico privado, con experiencia en el ramo y con el músculo financiero necesario para ampliar la Refinería. Sería un gran negocio para el gobierno y contaríamos con un socio activo en vez del socio pasivo actual.
En el 2018 se supone que estarán listas las dos plantas de carbón de Catalina La Grande. Tendrán un costo de US$2.2 Billones (sí, billones de dólares, no millones), un monto mayor que lo presupuestado originalmente y más caras que sus pares iguales en otros países. En los próximos dos años nuestro gobierno tendrá que buscar US$1.1 billones (sí, billones de dólares) para terminarlas. De ese enorme monto tal vez la mitad provenga de ahorros resultantes de los actuales bajos precios del petróleo, ahorros que en los últimos dos años se han dedicado, precisamente, a ese proyecto, en vez de a reducir los precios de la energía al público, o aplicarse a planes sociales. Pero el resto tendrá que provenir de financiamiento extranjero, otra vez de bonos soberanos, ya que Brasil no luce ser ya una fuente, y, por tratarse de carbón, los organismos internacionales no financiarían el proyecto. Cuando Catalina esté produciendo, una tercera parte de la generación será estatal y un 100% de la distribución también será estatal, una contrarreforma con relación a la reforma privatizadora del PLD de los años 1997 a 1999, cuando el 95% de la generación y el 100% de la distribución era privada.
Para interesar al sector privado en participar en el capital de esas dos plantas cuando estas ya estén operando, además de haber contratado a una firma administradora de renombre y experiencia internacional, nuestro gobierno deberá preparar los estudios financieros que evidencien el nivel de rentabilidad de las mismas.
Con la venta de esas acciones al sector privado el Estado se resarciría de parte de los enormes recursos que ha estado aportando durante estos años y que seguirá haciendo hasta el 2018.
Está por verse hasta dónde las dos plantas reducirán el costo general de generación en el país y su consecuente impacto positivo sobre las muy ineficientes tres distribuidoras. Como son de carbón, deberían tener costos iguales, o menores, a las de gas natural y de carbón actuales. Sin embargo, aun cuando se logre eso, mientras las tres distribuidoras estatales dejen de cobrar, como ahora, una tercera parte de lo que venden, el agujero negro financiero del sector eléctrico se mantendrá.