La Reforma Constitucional está sobre el tapete. Se discute sólo la vía pertinente y su momento.  Los aprestos  del Gobierno están en marcha. La Reforma va.

Existe amplio consenso sobre las reformas necesarias y    la Constituyente como vía preferencial, idónea, si queremos tener un verdadero Estado de Derecho, moderno y eficiente. Lo confirman el Diálogo Nacional, concertado entre los partidos políticos y la sociedad civil en 1998; el Informe de la Comisión Especial designada por Decreto No 410-2001; y recientemente la Consulta Popular, un mecanismo democrático ideado por el Presidente Dr. Leonel Fernández que hoy reniega de sus resultados  abogando por la Asamblea Revisora.

La preferencia oficialista por la Revisora está a la vista. Siente temor  por la reforma integral y pérdida de sus enormes privilegios. Temor por la Democracia. La mayoría congresual  le garantiza los cambios que convienen al poder constituido. ¿Dónde está el quid del asunto, el nudo que ningún jefe de gobierno o partido en el poder ha querido deshacer ni lo hará por voluntad propia?

En la  falta de fe en el poder revolucionario del Pueblo y del querer ser libre, lo subordina al poder establecido e impide que reivindique su soberanía. El derecho de ser partícipe en el proceso de reformas que produzca cambios sustanciales,  que sólo su voluntad política  hará posible.   “Hablar del poder Constituyente es hablar de democracia” nos dice Antonio Negri, y agrega: “El poder constituyente tiende a identificarse con el concepto mismo de política, en la forma que la política es entendida en una sociedad democrática.” Entonces ¿Por qué temerle a la Constituyente?

Lo que pretende el constitucionalismo y el sistema jurídico prevaleciente es precisamente eliminar el Poder Constituyente subordinándolo al poder constituido, para perpetuar el  statu quo:

“La reforma constitucional sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida o anulada por ningún poder ni autoridad ni tampoco por aclamaciones populares” (Art. 120)

Dónde queda entonces aquel otro principio libérrimo, esencia misma de la democracia, que proclama: “La soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado…”, (Art. 2, de la Constitución.)

Queda desplazado, enjaulado para que el futuro se convierta en eterno presente: inmóvil, fosilizado.

Atrapado en el sofisma de la representativa, rueda fatal de un sistema que apuesta a la marginación y a los privilegios de unos pocos: Los detentadores del poder.

La Constituyente, en cambio, aspira a la plenitud. Alienta la presencia del sector político y lo estimula a ser mejor y a compartir con los demás sectores de la vida nacional la obra de construir el futuro de la nación.

No requiere un Estado fallido que toque fondo, ni tampoco la solución de males coyunturales, siempre presentes.

Basta la existencia  de una crisis  profunda en el orden moral, institucional y político, suficientemente grave para el llamado al poder creador capaz de hacer efectivo el reordenamiento y la correcta  conducción del Estado.