Hoy 
Al fin, después de doce años de anunciada y a cuatro del inicio de su segundo mandato, el Presidente Leonel Fernández envió a las cámaras legislativas su esperado proyecto de reforma constitucional.
El Presidente se beneficia de varios factores coyunturales para imponer sus designios sobre el país político, entre los cuales figuran las influencias y experiencias acumuladas de ocho años en el ejercicio del poder, el desmembramiento y acercamiento político del PRSC, así como de otros pequeños partidos que le apoyaron en las pasadas elecciones; y hasta de la actitud complaciente apenas embozada del siempre presente Monseñor Agripino Núñez. Todo esto induce a Leonel a tratar de hacerse un traje a la medida con el nuevo texto y de todos modos llevarse el mérito de consagrar muchas reformas previamente consensuadas para superar el viejo texto, confuso, lleno de contradicciones y obsoleto que hoy padecemos.
Para ello contó con los proyectos presentados por el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) en el 2001, el de la Comisión Especial designada por el Presidente Mejía (no citados formalmente) de ese mismo año y de la Comisión de Juristas establecida por él en el 2007, así como dos consultas populares (del CONARE y la Comisión de Juristas).
De todas maneras, existen también fuerzas poderosas que se oponen a institucionalizar el continuismo prepotente de Leonel: el Partido Revolucionario Dominicano, ahora unido y fortalecido, el sector danilista del PLD, decidido a ser el relevo del poder en el 2012; el movimiento municipalista y comunitario, que ve amenazada la mayor parte de sus conquistas y aspiraciones; lo que queda de los sectores populares organizados y de izquierda, así como los intelectuales y periodistas independientes.
Es necesario reconocer que el proyecto de Reforma Constitucional que propone ahora el Presidente de la República, recoge importantes innovaciones políticas y democráticas si se le compara con la vigente, fruto de la obra de revisión de la Comisión de Juristas, el que podría bien utilizado por los integrantes de una Asamblea Constituyente para hacer una Constitución democrática digna del siglo XXI. Junto a otros elementos que se han dejado fuera como la no reelección presidencial, la descentralización y desconcentración en los municipios y comunidades, la ausencia de referencias y de mecanismos efectivos para combatir la corrupción y el transfuguismo, así como disposiciones para hacer más operante al Congreso, la renovación de la Suprema Corte de Justicia y para democratizar el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas, que se pudieran añadir sin mayor dificultad, sobre todo si se abandona la línea de un consenso forzado, alegando que ya se tienen los votos con que se quiere presionar a la nación y al Congreso Nacional.
En otros comentarios me referiré a los cambios específicos envueltos en las diferentes instancias del Poder Público a propósito del Proyecto comentado.
