La aprobación en primera lectura de la nueva Constitución por parte de los legisladores constituidos en Asamblea Revisora, ha sido motivo de reacciones, posiciones y análisis diversos. Para unos lo aprobado es lo políticamente posible en esta coyuntura. Para estos la iniciativa del Presidente de la República es la correcta, si lo que se busca es adecuar el texto capital de la nación a la realidad política, económica, social, cultural y tecnológica de estos tiempos.  Consideran, los que así piensan, que los legisladores, al eliminar y modificar una serie de artículos de los propuestos por el Primer Mandatario, tanto en su forma como en su contenido, dieron muestras de independencia y de ejercicio pleno del poder delegado que poseen.  

Otros entienden que la reforma constitucional, en la forma que está planteada, aunque con elementos de avances, en gran medida constituye una manifestación más de autoritarismo, pues la misma ha obrado en la práctica en desconocimiento del titular final del poder, que es el pueblo. En esta corriente de opinión encontramos muchos que consideran que esta reforma está pintada de liberal, pero su contenido es más de concentración y de una visión personalista y conservadora del poder.

Si sólo el poder del pueblo es el que debe crear el derecho constitucional, en la forma, la reforma está siendo realizada, según muchas opiniones, por el titular funcional del derecho en una democracia representativa: el poder constituido. Sin embargo, siendo el poder de reforma –el que se ejercita para modificar un sistema constitucional- un poder eminentemente político y éste únicamente reside en el pueblo, es posible llegar a la conclusión de que la reforma se está haciendo, en gran medida, a pesar del poder del soberano, quien es el que organiza, distribuye y controla  el mando.

Un programa constitucional como el hasta ahora planteado en nuestro país, entiendo que no resulta del todo democrático y, en consecuencia, constituye una expresión de reafirmación de un pasado y presente caracterizado, en esencia, por una democracia en la encrucijada y llena de paradojas.  La razón fundamental de esta apreciación reside en el hecho de que la reforma constitucional ha agendado, lo que era objeto de críticas constantes y hasta de proclama permanente de modificación, el hiperpresidencialismo. Para muchos, este sistema jurídico de gobierno elimina la cooperación, estimula el enfrentamiento y es tendencialmente desestabilizador del sistema político (Raúl Gustavo Pereyra). Por lo tanto, la recepción del método democrático es, como afirma Bobbio, una cuestión de grados de fidelidad con el ideal, no la consagración del ideal mismo, porque la apertura que produce hacia el presidencialismo, que favorece la concentración del poder, es poco democrática,  por no decir que tiende a ser autocrática.

Estos criterios tienen, a mi juicio, entre sus fundamentos, el principio de fórmula política, según el cual la Constitución conlleva un modelo, meta o pretensión de lo que debe ser la sociedad política, que luego el juzgador constitucional no debe perder de vista al interpretar (Bardelli Lartigigoyen). Para nosotros significa que, en lo que a la reforma constitucional en curso se refiere, la idea fuerza que parece estar entrando por la puerta de atrás de la Asamblea Revisora es la de limitar el pluralismo como base fundamental del desarrollo democrático, todo bajo el falso alegato de un mandato ciegamente otorgado por los electores a los que lo representan en el ámbito del ejercicio del poder público.

Esto último no es más que una degradación y distorsión del verdadero sentido democrático que provoca una pérdida de confianza en las virtudes, valores y ventajas de la democracia por parte de la ciudadanía. La democracia no es exclusivamente un método o instrumento para la resolución de los conflictos, sino una realidad dinámica. Si los legisladores entienden que la democracia posible es la de la suma de más poderes en manos de los representantes y no del pueblo, nos queda nada más observar una democracia puramente formal, sin valores y sin fines, desde la letra misma de la norma fundamental del Estado, incapaz de generar los escudos necesarios para su defensa, promoción y expansión.