ROSARIO ESPINAL
Desde mayo de 2006, cuando el presidente Leonel Fernández, con un PLD triunfador en las elecciones congresionales-municipales, tocó la campana de la reforma constitucional, no han cesado los artículos y declaraciones a favor o en contra de la misma.

Unos la consideran crucial para el desarrollo institucional del país. Otros la califican de innecesaria. Unos apoyan el mecanismo escogido por el presidente Fernández de consulta popular, con una comisión de juristas para articular las propuestas y el Congreso en Asamblea Revisora para aprobarlas. Otros defienden la elección de una Asamblea Constituyente.

Distintas razones se han aportado para justificar estas posiciones, y ahora, al concluir la consulta del gobierno, y acercarse la fecha en que el Presidente someterá la propuesta al Congreso, la intensidad de los debates se renueva.

Las opiniones recientes se refieren a la validez o no de consulta y al papel que deberá jugar el Congreso.

¿Ha sido la consulta manipulada por el gobierno o ha representado una verdadera revolución democrática? ¿Tienen los congresistas la capacidad de abstraerse de sus parcelas políticas para discutir y aprobar una nueva Constitución para el siglo XXI dominicano?

En medio de respuestas divergentes a estas preguntas, el presidente del Senado se quejó hace varias semanas de que los legisladores no habían sido consultados. Para enmendar la situación, ellos mismos organizaron conversatorios constitucionales, que según la prensa, no fueron muy concurridos.

Por otro lado, el presidente Fernández, en su discurso de clausura de la consulta popular el 3 de febrero, solicitó a los legisladores aprobar la reforma como será sometida. Su solicitud fue improcedente, aunque se entienda su inquietud.

El traspaso de la reforma constitucional al Congreso representará un momento político crucial.

Se supone que el proyecto expresará las opiniones recabadas en la consulta popular. Pero, ¿cuán “popular” fue la consulta? ¿Cómo determinar si los juristas comisionados incorporaron la diversidad de opiniones o las mayoritarias? ¿Qué les da neutralidad a esos juristas para escoger un modelo constitucional que, supuestamente, representa lo “popular”?

No hay que olvidar que en la organización de la consulta y la redacción de la propuesta han tenido mucho peso los emisarios del Ejecutivo.

Por tanto, es inevitable que la reforma que someterá Leonel Fernández al Congreso tenga el tinte político de quienes condujeron las consultas, de los juristas comisionados y del propio Presidente.

No olvidemos que la Constitución no es simplemente un documento legal, sino también político. En ella se enmarcan los derechos y deberes ciudadanos, así como la concepción misma del Estado.

Por eso, los grupos con mayor influencia social, económica y política buscan siempre llevar la voz cantante en la estructuración de la Carta Magna, de manera que la normativa del Estado-Nación se corresponda con sus intereses.

Vale entonces preguntar: ¿cuál será el tinte político de la reforma constitucional que someterá el presidente Fernández el 27 de febrero? ¿Cómo se definirá la nacionalidad? ¿Cómo se establecerá la relación Estado-Religión? ¿Qué sistema electoral se escogerá? ¿Qué derechos ciudadanos se garantizarán?

Tal como lo establece la actual Constitución dominicana, el Poder Ejecutivo debe someter al Legislativo un proyecto de reforma específico, no un menú de sugerencias recabadas en consultas populares. Los juristas y el presidente Fernández serán los arquitectos del texto.

Por eso, aunque la reforma que llegue al Congreso será un documento acabado, no quiere decir que la consulta ciudadana haya terminado.

En las cámaras legislativas debe producirse un debate constitucional que no esté centrado en grupos de intereses al margen de la opinión pública general.

Con su poder fundamentado en el voto popular para legislar, el Congreso debe organizar una discusión constitucional amplia, que llegue por los medios de comunicación a toda la nación, de manera que los temas más relevantes tengan gran difusión y la población haga suyos los tópicos a partir de la instancia encargada de tomar las decisiones.

Es pues un deber del Congreso, cuando se constituya en Asamblea Revisora, organizar audiencias públicas para discutir los temas constitucionales más neurálgicos y controversiales.

La razón es que al tomar sus decisiones, los legisladores deben contar no sólo con el insumo del Ejecutivo, sino también con las opiniones directas de amplios sectores en las distintas temáticas constitucionales.

No se trata de que el Congreso bloquee la iniciativa gubernamental. Si la propuesta del Ejecutivo es buena entonces merece aprobación. Pero antes de decidir, los legisladores deben asumir con independencia y responsabilidad su deber de legislar para beneficio de la ciudadanía.

La historia legislativa dominicana oscila, lamentablemente, entre congresos que se subordinan al Ejecutivo y que lo obstruyen.

Para que una nueva Constitución afiance la democracia dominicana es fundamental que el Congreso asuma su rol de legislar sin ser sello gomígrafo, ni tampoco, irresponsablemente obstruccionista. ¿Actuarán los legisladores a la altura de la gran tarea pendiente?