Debemos tener presente la sabia enseñanza de Juan Bosch, de que generalmente son más importantes las cosas que no se ven que las que se ven, al momento de valorar el alcance del proyecto de “reforma” constitucional sometido el 18 de septiembre por el presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional.

El examen del proyecto de Nueva Constitución, con envoltura de reforma, permite visualizar que se trata de un plan destinado a darle mayores poderes a la Presidencia de la República, en una manifestación de despotismo político, mediante la disminución de los poderes de otras instancias del poder y de los órganos electorales, de la administración del Estado y los ayuntamientos.

Tal parece que el presidente Leonel Fernández no se siente cómodo con la existencia de importantes esferas del poder, que como el judicial, están fuera de su control, prefiriendo debilitarles, mediante el descuartizamiento constitucional que proponen respecto al poder judicial y de las funciones electoral y administrativa del Estado.

Es como si proclamaran que en un gallinero no cabe más que un solo gallo, puesto que el aparente propósito descentralizador y democratizante del proyecto de Constitución sin constituyente no se expresa en torno a los poderes del Presidente, los cuales por el contrario se sobredimensionan con la limitaciones que hace de los otros poderes, al tiempo de reafirmarle al Poder Ejecutivo competencias absolutas sobre el ministerio público (procurador general y fiscales), así como sobre la autoridad monetaria y de toda la administración pública, incluyendo las instituciones descentralizadas y autónomas del Estado.

El rol del ministerio público, con el Código Procesal Penal, es fundamental para una buena y correcta instrumentalización de la acción penal contra quienes se presume responsables de hechos punibles, que requiere una absoluta independencia, como representante de la sociedad. ¿Por qué entonces el proyecto incurre en la aparente debilidad de poner a depender al ministerio público del Poder Ejecutivo, mientras se propone descentralizar y democratizar a otras esferas del Estado y de las funciones públicas? Si el Presidente fuera sincero y coherente con la descentralización y democratización del Estado, no debería limitarle a proponer el simple cambio en la denominación de las Secretarías de Estado por la de Ministerios, debiendo proponer también la figura del Primer Ministro, para ponerse a tono con el modelo parlamentario de Europa y Haití, que limita los poderes del presidente.