Desde finales del siglo 19, hemos venido haciendo esfuerzos para elevar la calidad de nuestro sistema de instrucción pública: Reforma Hostosiana 1883-1903; Reforma de Pedro Henríquez Ureña 1931-1933; Reforma a cargo de una Misión Chilena 1941-1949; Reforma de Balaguer 1952-1954; Reforma orientada por la Agencia Internacional para el Desarrollo 1966- 1990; Plan Decenal de Educación 1993-2003; y Plan Estratégico de Educación 2007-2017 en marcha. Con la excepción del Plan Decenal de Educación, ninguno de esos proyectos llenó las expectativas. ¿Por qué? Por falta de recursos económicos una veces y por la incidencia de situaciones políticas adversas otras.

El Plan Decenal de Educación 1993-2003 se propuso, entre otras metas, ampliar la cobertura de la educación inicial y básica; introducir grandes transformaciones curriculares; mejorar significativamente la condición social, económica y profesional de los maestros en servicios; reducir el porcentaje de personas analfabetas en la población dominicana de 15 y más años de edad; elevar los niveles de competencia de los técnicos y gestores del sistema; actualizar la legislación; hacer posible una participación más activa de la comunidad en la gestión del proceso educativo; y lograr que se aumentaran de manera significativa las inversiones del Estado en el sector de educación. En esos años, los servicios de educación de la República Dominicana mejoraron considerablemente. Estimábamos que, a muy corto plazo, todos los niños y adolescentes de este país tendrían acceso a un sistema de instrucción pública de altos estándares. Que, para preservar lo alcanzado y lograr nuevos avances, lo único que se necesitaba era que el gasto público en educación se elevara hasta alcanzar al equivalente de un 4% de Producto Bruto Interno, tal y como ya estaba consignado en la Ley General de Educación 66-97 promulgada por el presidente Leonel Fernández el 9 de abril de 1997. Lamentablemente, los gobiernos que se sucedieron desde esa fecha decidieron atender otras prioridades, en desmedro de la educación.

El sistema de instrucción pública de República Dominicana es, y ha sido por años, el peor financiado de la América española.

Los liceos secundarios y los institutos politécnicos aquí son fenómenos típicamente urbanos; la escolaridad promedio del pueblo dominicano es de apenas seis cursos de enseñanza básica; sólo un 18% de los niños y niñas que ingresan al primer curso de la escuela básica logra terminar el octavo grado; a pesar de los esfuerzos de los últimos años, alrededor de un 20% de la población de dominicanos mayores de 15 años no sabe ni leer ni escribir; y, las condiciones de vida y los sueldos de los maestros de escuelas públicas dejan mucho que desear.

Afortunadamente ya apareció una luz al final del túnel: la promesa del presidente electo de elevar la inversión del gobierno en educación de un 2.1% al 4% del PBI. Más claro: Danilo Medina ha reiterado en varias ocasiones su promesa de campaña de que, partir de enero del 2013, el Ministerio de Educación dispondrá de un presupuesto que duplica al actual, lo suficiente para “hacer lo que nunca se hizo” y, de paso, “corregir lo q