ANTONIO GIL
Ahora que se está en el proceso de establecer una reforma fiscal y que todo apunta a que un amplio sector de la población no resiste más ajustes del cinturón, lo correcto sería aprovechar para reducir el tamaño del Estado – como se ha planteado desde hace 25 años – y a la vez eliminar gasto. ¿Por qué seguir esquilmando los bolsillos de la población para sostener un Estado hipertrofiado que es cada vez más inútil?

Se entiende que es una medida difícil y muy costosa en términos políticos, pero es la única que tendría resultados positivos para la economía y para el país.

En 1982, cuando el ex presidente Salvador Jorge Blanco asumió el poder, propuso en su discurso de toma de posesión una disminución del gasto público. Se llegaron a publicar páginas en los diarios nacionales en las que se daban cifras abrumadoras sobre la forma en que el gasto público, a través del empleo principalmente, consumía el presupuesto estatal.

Jorge Blanco propuso, sensatamente, reducirlo casi a la mitad, por dos vías: una de ellas era el despido y la otra era disminuir los sueldos. Por presiones de su propio partido, ninguna de las dos cosas pudo hacer Jorge Blanco.  En los cuatro años de Antonio Guzmán, según las publicaciones oficiales de la época, los empleados públicos casi se duplicaron. La deuda pública interna y externa creció, el Estado perdió el crédito internacional porque simplemente cayó en la indigencia total y no pudo pagar.

El país quebró, el Fondo Monetario lo intervino y la economía se desmoronó. Los resultados se cosecharon dos años más tarde con la revuelta popular y cuatro años después con la pérdida del poder.

Al retornar al poder, Joaquín Balaguer, entre 1986 y 1990, produjo despidos en masa, lo que, como lo esperaban los vencidos en las elecciones,   ni chistaron y redujo los sueldos del resto por la vía de la hiperinflación. Con pesos sin respaldo – los llamados inorgánicos – y ahorros, comenzó un programa de obras públicas que asustaba en aquellos días en que la crisis económica pareció habernos consumido la capacidad de reaccionar. Pero creó gran cantidad de empleos en la empresa privada y la economía reaccionó favorablemente con aquellas medidas que parecieron de locura. En 1991 pagó el país más de US$500 millones para ponerse al día en su deuda externa y comenzó uno de los períodos de mayor crecimiento económico que mantuvo el impulso hasta el final de la década.

En 1996, cuando llevándolo de la mano entregó el poder a Leonel Fernández, el gobierno había invertido los números de diez años antes. De una capacidad de casi cero inversión pública, Balaguer la llevó a 72% de los ingresos estatales. Sólo 48% era gasto.

En poco menos de dos años la administración de Fernández cambió los papeles y esa inversión se redujo a menos del 28%, y el crecimiento de la economía comenzó a caer. Al llegar Hipólito Mejía en el 2000, esa situación dejada por Fernández, por las mismas presiones partidarias, debió seguirla el nuevo gobierno y la economía se resintió más. El resto es historia de todos conocida.

El año pasado, cuando se intentó la anterior reforma fiscal, los empresarios le exigieron al gobierno de Mejía que redujera el tamaño de la nómina pública a niveles manejables para que el gobierno no siguiera exprimiendo a la población y dispusiera de más recursos para la inversión. Pero Mejía entendió que era una encrucijada difícil y les pidió a los empresarios que decidieran ellos sobre quién debía ser despedido de la administración pública. El asunto quedó ahí.  Ahora que el gobierno parece estar en una encrucijada, en que el dinero es insuficiente para pagar la deuda y sostener la abultada nómina del Estado, es necesario que comience un proceso de corrección. Si entre 1978 y 1982 se duplicó la que ya era muy abultada nómina estatal, desde aquellos días se ha casi triplicado. El Estado dominicano es simplemente insostenible. Hay más de un empleado público por cada dos empleados privados y lo que devuelve el Estado es insignificante, por lo que es un real lastre.

El presidente Fernández anunció en 1996 un Estado más reducido y facilitador. Es hora de retomar estas ideas y llevarlas a la práctica.

Es fundamental que se entienda que el producto interno bruto es un gran pastel que se sirve en una mesa con únicamente dos comensales. Estos comensales son el sector privado y el sector público. Cuando uno come más el otro come menos, pero cuando ambos disminuyen la inversión el pastel se hace más pequeño y a cada uno le tocará menos.

La demagogia, la timidez y la ignorancia son malas consejeras en los tiempos de crisis. Este es un momento para tomar medidas de valor y sin temor.