MADRID. La reforma de la ley del aborto elaborada por el gobierno conservador español, que limita la interrupción del embarazo a dos casos y excluye de ellos la malformación del feto, fue saludada este jueves como un «avance positivo» por los obispos españoles.

«Los obispos saludan siempre las iniciativas a favor de la vida humana, vengan de donde vengan», afirmaron en un comunicado al término de una reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

«Por eso, reconocen en el texto del anteproyecto presentado por el actual gobierno un avance positivo con respecto a la legislación vigente, que considera el aborto como un derecho», agregaron.

Aprobado por el consejo de ministros el 20 de diciembre, el proyecto de reforma de la ley del aborto, que debe ahora ser corroborado por el Parlamento –donde el Partido Popular de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta–, modifica la ley aprobada en 2010 bajo el anterior gobierno socialista.

Esta permite actualmente la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas a todas las mujeres y hasta las 22 semanas en caso de malformación del feto.   La reforma anula dichos plazos y recoge sólo dos supuestos en los que el aborto será legal en España: violación o «grave peligro» para la salud física o psíquica de la madre.

El nuevo texto, que fue denunciado como un retorno 30 años atrás por las feministas y la oposición de izquierda, no contempla, a diferencia de la primera ley del aborto de la democracia española, aprobada en 1985, la interrupción del embarazo en caso de malformación del feto.

Una decisión que satisface al secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, para quien de lo contrario se abriría «una puerta a una línea eugenésica».

«Entraríamos en una línea de una sociedad de selección de la especie», afirmó este jueves ante los periodistas.

Los obispos consideran, sin embargo, que la reforma sigue siendo insuficiente porque, para la Iglesia católica, «una ley del aborto, por muy restrictiva que fuera, seguiría siendo una ley injusta», subrayó el comunicado.

La reforma del gobierno de Rajoy desató una viva polémica incluso entre las filas conservadores del PP, algunos de cuyos responsables reclamaron la suspensión del proyecto de ley.

«¿Dónde está el mayor problema para muchos sectores del partido? Pues en el tema de la discapacidad, en ese supuesto», afirmó este jueves la diputada del PP Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso.   «No estamos en año 85, estamos en 2014.

Las cosas también en este país han cambiado mucho», agregó en un encuentro con corresponsales extranjeros en Madrid.   «Creo que en el Partido Popular hay mucha más gente que piensa como yo. Es que me lo han dicho», aseguró.