M. DARIO CONTRERAS
La importancia que tiene la reforma del Estado como elemento clave para fortalecer y mejorar la institucionalidad y el desempeño de los organismos gubernamentales, a fin de brindar mejores y más efectivos servicios públicos, puede aquilatarse al comprobar que actualmente se han comprometido más de US$700 millones -unos RD$32,000 millones- para la reforma y modernización de nuestras instituciones públicas, tanto las del Gobierno Central (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), como las pertenecientes a los municipios.

Esta considerable suma de dinero proviene de organismos internacionales y gobiernos, como son: BID, BIRF, PNUD, UNICEF, Unión Europea, GTZ (Alemania), AEIC (España), Francia y China (Taiwán). Las áreas y sectores cubiertos abarcan, por ejemplo: salud, telecomunicaciones, iniciativas comunitarias, medio ambiente, trabajo, administración financiera, agua potable y saneamiento, descentralización e informática, entre otros.

Si bien es loable la cantidad de fondos destinados a la reforma del Estado dominicano, no es menos cierta la dispersión, la falta de coordinación y el solapamiento existentes en los esfuerzos desplegados a la fecha, todo lo que reduce significativamente la efectividad de los proyectos acometidos.  Aunque existe un organismo rector creado para orientar y coordinar el proceso de reforma del Estado -el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), que reemplazó en el 2001 a COPRyME (Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado creada en 1996)- la mayoría de los proyectos de reforma son iniciados y puestos en ejecución sin el debido conocimiento, estudio y visto bueno del CONARE. No es raro que los organismos prestatarios impongan sus visiones y preferencias conceptuales al proceso de reforma estatal dominicano, lo que resulta muchas veces en enfoques y recomendaciones que no guardan una efectiva relación con la realidad nacional y, en muchos casos, sólo resultan beneficiados los consultores y proveedores de bienes y servicios aprobados por los donantes y/o prestatarios de los fondos.

En nuestro país se inició un serio esfuerzo de reforma del Estado a partir del gobierno pasado del PLD. Es más, la gran mayoría de los proyectos de reforma nacieron, se consensuaron y elaboraron durante el período 1996-2000. Los pocos especialistas y expertos que tiene el país en materia de reforma del Estado son de esta cosecha.  Hoy día se encuentran en las Cámaras Legislativas o en el Palacio Nacional una serie de anteproyectos de leyes y decretos, que fueron diseñados en COPRyME y que reposan sabe Dios en que gaveta o archivo. Podemos mencionar entre estos el Anteproyecto de Ley de Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento, el Proyecto de Decreto que crea la Superintendencia de Tránsito y Transporte Terrestre, el Proyecto de Decreto de Reorganización del Poder Ejecutivo y el Anteproyecto de la Ley General de la Administración Pública, ente otros.  Igualmente, se han impulsado y consensuado proyectos de reformas políticas, reforma de los cuerpos armados, la descentralización político-administrativa, reformas del sector económico y reformas sociales. Es decir, CONARE Y COPRyME han legado al pueblo dominicano aportes fundamentales para proceder a realizar una verdadera y profunda transformación del anquilosado aparato estatal dominicano. Sólo ha faltado la voluntad política para hacerlo. Sería un contrasentido que todo este gran esfuerzo de carácter intelectual y económico se diluya por la cortedad de visión de quienes nos gobiernan.

Ya no se discute si es necesaria o no la reforma y modernización del Estado para apuntalar el desarrollo económico de una nación como la nuestra. Sólo se discute la mejor estrategia a seguir.  Lo que sí debe quedar bien claro es que el proceso de reforma es complejo, difícil y requiere de plazos relativamente largos, por lo que debe enfocarse como un asunto de Estado y no sujeto a un gobierno en particular. A menos que comprendamos esto, no alcanzaremos los objetivos perseguidos.  Además, el señor Presidente de la República debe apoyar sin reservas el proceso de reforma y a los que lo encabezan, ya que él es el único que cuenta con el suficiente poder de convocatoria y aval para que las cosas cambien. De lo contrario, es mejor olvidarnos de reformar el Estado e invertir en cualquier otra cosa, y esperar a que un día otro Trujillo, o un país imperialista, nos obligue a reorganizar nuestros asuntos públicos a costa, por supuesto, de nuestra libertad.