Hoy 
Nadie quiere asumir el papel de zacateca con la reforma y modernización del sector agropecuario oficial para que no le echen en cara que enterró su viejo organigrama, que se llevaría a la tumba parte de la burocracia estatal.
De la modernización de las diferentes dependencias del Estado se comenzó a hablar en el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000) y en el 2006 se concretó en un documento la propuesta de reforma institucional para transformar la agricultura y el medio ambiente rural. Esa propuesta, consensuada, socializada y discutida a nivel nacional con los interesados del sector agropecuario, no ha sido posible por falta de voluntad política y temor a perder empleos en algunas de las instituciones del sector que serían transformadas o eliminadas. Con esto se busca una estructura institucional eficaz, eficiente, pequeña, pero con recursos y técnicos capaces y mejor remunerados para beneficio de los productores y el país.
Se trata de una reforma que reducirá estructuras y el gasto público para que el sector sea más eficiente en el gasto, elimine duplicidades y focalice los recursos para enfrentar la pobreza rural como prioridad para lograr el crecimiento sectorial. En el nuevo esquema, Agricultura se convertiría en la secretaría de Estado, Ganadería y Desarrollo Rural.
Sus operaciones técnicas se reducirían a dos subsecretarías: de Comercio y Desarrollo Agropecuario y de Desarrollo Rural que responden a los objetivos de impulsar la competitividad y la equidad que se han establecido en la política de Estado. Varios departamentos serán reestructurados y algunas instituciones descentralizadas vinculadas al sector serán modificadas, como el Banco Agrícola, que amplía su acción para hacerlo coherente con la estrategia de desarrollo propuesta; el Instituto Agrario Dominicano se transformaría en un programa especial de titulación y desarrollo del mercado de tierras, con el que termina el proceso de reforma agraria; el INESPRE iría como una de las instancias del Plan Social de la Presidencia, y el FEDA pasa a la subsecretaría de Desarrollo Rural.
Además, las entidades especializadas por cultivo y las que realizan actividades de producción de bienes pasarán a los productores y técnicos organizados.
El documento fue discutido, bien elaborado y debió aprovecharse, pero desafortunadamente el sector oficial no le ha dado la importancia que se merece, dice con pesar Cesáreo Contreras, ex presidente de la Asociación de Hacendados y Agricultores. Vale la pena, dice, que ese documento se reestudiara para ver qué parte de él puede ser aprovechada para revitalizar el sector agropecuario, porque no hay la menor duda de que el sector lo necesita.
Hay instituciones que son lastres porque absorben recursos y no aportan nada, pero contribuyen a que el sector no pueda avanzar en otras áreas.
En tanto, Osmar Benítez, vicepresidente ejecutivo de la JAD, sostiene que hay que tener voluntad política para hacer esos cambios que requiere el sector agropecuario.
No se piensa en la producción que puede generar riqueza y crear más empleos.
De su lado, Salvador Jiménez, secretario de Agricultura, asegura que favorece la modernización del sector agrícola nacional para que sea más productivo, rentable y competitivo, para lo cual es indispensable adquirir servicios que vayan directo a los productores. Cómo logramos esto, porque tenemos que ver que todo el Estado no puede facilitarlo, tiene que existir una política como la que se ha venido aplicando de tipo integral entre los sectores público y el privado. Con esto vamos a tener servicios donde los actores privados aportan su experiencia en el marco de la orientación que reciben por medio de las diferentes políticas nacionales e internacionales que han dado como resultado tener niveles de rentabilidad, productividad y disminución de costos.
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Antecedentes
En 1996 la JAD propuso un proyecto de reforma que implicaba una reestructuración de reorganización del marco institucional de apoyo al sector agropecuario. En un documento que publicó la JAD denominado la Reforma del 2000 planteaba dentro de la reforma achicar el tamaño de Agricultura, reducir el número de subsecretarías de 5 a 2, eliminar el papel que jugaba el INESPRE (refundir sus acciones en la de apoyo a la comercialización) y asignar también a la cartera en esa nueva figura institucional la labor de desarrollo rural que ejerce el Instituto Agrario Dominicano. La JAD planteó que esas reformas se hicieran en el 2000, preocupada por las reacciones de los funcionarios de las instituciones que se iban a oponer porque el que está dirigiendo una institución no quiere que se la cierren, dijo Benítez.
