[b]Señor director:[/b]

La población dominicana se encuentra rodeada de un total escepticismo en torno a la reforma fiscal que están discutiendo los equipos económicos de las autoridades electas y las actuales autoridades gubernamentales. Cierto es que un país no puede desarrollarse sin un régimen impositivo que le permita obtener los ingresos necesarios para invertirlos en salud, educación, carreteras, viviendas, entre otros asuntos importantes.

Cierto es también que la práctica corrupta acumulada de nuestros gobiernos ponen al ciudadano incrédulo de que los ingresos recaudados sean realmente invertidos como se debe y no que vayan a parar a los bolsillos de muchos políticos vividores que invierten en campaña para luego cobrarle al Estado de esa manera.

Referente a la reforma fiscal que está en curso como requisitos del FMI y como necesidad urgente para poder cumplir los compromisos que tiene el país, entiendo que lo primero que debe hacer el nuevo gobierno es una campaña amplia por los medios de comunicaciones sobre la necesidad de esa reforma ante la grave crisis económica que va a heredar. Es necesario que se informe adecuadamente sobre el alcance de dicha reforma y su aplicación, y sobre los posibles beneficios que se esperan de ella, para que el país salga del atolladero económicos en que nos encontramos.

Pero también es necesario que la reforma se haga sobre la base de que no se afecte a la masa pobre y de la familia más mínima a la clase media. Entiendo que se podría ampliar la base del ITBIS sin afectar los productos de la canasta familiar. De ser necesario ampliarlo hasta las leches como se ha planteado, entonces se debe contemplar no afectar las leches enlatadas y enfundadas fabricadas en nuestro país. Creo que será necesario deslizar el ITBIS al menos hasta un 14%, para obtener mayores ingresos fiscales por esta vía. Se debe ratificar como impuestos definitivos por un período al menos de dos años tanto el 5% a los exportadores y remesadores de divisas, exceptuando al sector zona franca. Por igual se debe contemplar un impuesto de un 5% a las importaciones. Es necesario mantener por un período prudente el recargo cambiario tal como está actualmente y el impuesto a los hidrocarburos en la misma proporción en que se encuentran.

Si los bancos tributan sobre las ganancias, también el sector turismo y todas las empresas privadas, entonces es prudente que se graven las ganancias de las asociaciones de ahorros y préstamos, tal como se tiene contemplado, aunque es riesgoso extender los gravámenes hasta los intereses de los depositantes y ahorrantes, pues ésto podría crear un desequilibrio en el sector financiero nacional. Se debe ratificar también el pago de los 10 dólares adicionales a la salida de los aeropuertos, y también el recargo de 0.15% a los cheques emitidos compensados por bancos distintos al banco girador o emisor.

Entiendo que ya el impuesto selectivo al consumo ha sido muy sacrificado haciéndoles varias modificaciones que han afectado de forma significativa los sectores productivos que tributan por este impuesto. Se hace necesario, por otra parte, que se apliquen también a la reforma fiscal medidas que vayan en beneficio de la ya muy golpeada clase media, elevando la exención del impuesto sobre la renta al salario hasta 30 mil pesos mensuales y contemplar dentro de la misma reforma un ajuste salarial de un 40% al salario mínimo, con una escala descendente para las demás escalas salariales, de tal forma que se pueda aumentar el poder adquisitivo de todos los trabajadores, no importa el nivel.

Sin una reforma fiscal bien consensuada, en la que participen y sean actores importantes los empresarios, el gobierno, la sociedad civil en su conjunto y los sectores eclesiásticos, no será posible poder enfrentar los grandes problemas económicos que tiene el país, que incluyen una deuda externa que debe rondar los 6 mil millones de dólares, una deuda con la banca local que debe rondar los 30 millones de pesos, un déficit en el Banco Central que sobrepasa los 100 mil millones de pesos, como consecuencia de los certificados de participación y de los intereses acumulados por pagar de dichos certificados.

Una deuda con los generadores de electricidad no conciliada, pero que éstos alegan que sobrepasa los 300 millones de dólares, esto sin contar con la deuda de los suplidores del Estado y de los contratistas del Estado.

Sin una reforma fiscal colapsará el sector energético, el país verá sus puertas cerradas ante los organismos financieros internacionales y vendrán explosiones sociales de enormes dimensiones que podrían dar al traste con el sistema democrático vigente en el país. El autor es economista.

Atentamente,

Mayobanex De Jesús Laurens