SAMUEL SANTANA
Todos los sectores importantes de la vida nacional están sumamente preocupados con las pretensiones del Gobierno de implementar una nueva reforma fiscal.

Estamos hablando de que ésta es la tercera ocasión en que la gestión del doctor Leonel Fernández Reyna, con apenas dos años y dos meses en el poder, se aboca a colocar nuevos impuestos a la población dominicana en general.

La decisión ahora está basamentada en la recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los fines de corregir el déficit del Gobierno y, según argumento de funcionarios, tener recursos para invertir en educación y en salud.

Ciertamente hay que decirlo, el problema real no radica en el hecho del establecimiento o no de una reforma fiscal, de una rectificación, colocación de impuestos o como se le quiera llamar. La gran preocupación e inquietud está en la forma en que el Gobierno utiliza los recursos recaudados. Estados Unidos es uno de los países del mundo donde el ciudadano paga más impuestos. Pero los norteamericanos asumen esa responsabilidad sin muchas quejas y sin negarse, porque saben que el Estado les devuelve lo pagado a través de los servicios y en una condición de vida adecuada.

Usted visita cualquier estado de Estados Unidos y notará que allí las escuelas no sólo funcionan bien sino que están dotadas de recursos tecnológicos de punta, que los centros médicos cuentan con grandes recursos avanzados, que en las calles no hay hoyos, que hay buen transporte, agua potable y que todo marcha para bien de los ciudadanos.

La gente se preocupa en producir para “colectar” porque sabe que llegará el día cuando al no tener fuerza para hacerlo el Estado se encargará de brindarles la salud, la educación a sus hijos y ofrecerles lo necesario para vivir con cosas que aquí son un lujo de la clase pudiente.

En nuestro país tenemos muchos dominicanos que lograron su retiro en Estados Unidos y que hoy pueden vivir cómodamente porque mensualmente les llegan esos dolaritos.

¿Quién puede contar la misma historia aquí?

Históricamente el Estado dominicano ha sido siempre deficiente, irresponsable e indiferente a las necesidades de los ciudadanos. Gobiernos vienen y van encontrando y dejando los mismos problemas. En ocasiones agudizándolos más. Pero nadie resuelve nada.

Los líderes políticos que se han formado en nuestro patio llegan al poder gracias a despliegue de campañas basamentadas en la oferta de solución de problemas y mejoramiento de la condición de vida. Pero, en el fondo, se trata sólo de una retórica demagógica para lograr satisfacer las ansias de poder y de fortuna personal. Hay mucha irresponsabilidad.

Desgraciadamente, la triste realidad es que el Estado no está siendo manejado con un criterio encaminado a favorecer a las masas pobres del país.

Es sólo la vaca lechera de algunos políticos depredadores. No son uno ni dos los que han llegado a la administración pública sin nada y han salido exhibiendo muchas cosas materiales. La perversa corrupción dilapida muchas de sus riquezas.

En nuestro país llevamos ya muchos años mirando cómo se ha descuidado la educación pública, los servicios de salud, el sistema energético, el agua potable, el sistema de trasporte, pero nadie asume la misión responsable de concentrar tiempo, recursos y talento en solucionar estos males.

Los gobiernos mantienen una campaña permanente para conseguir cuantiosos recursos económicos por diversas vías, especialmente mediante impuestos y préstamos, pero, luego, la distribución de las finanzas públicas se hace en el mantenimiento de una burocracia grande y lujosa, en obras de infraestructuras caprichosas y en proyectos ajenos a las necesidades reales de la nación.

Ante esta realidad, es de esperarse que los sectores contribuyentes manifiesten sus preocupaciones cada vez que un Gobierno plantea el deseo de aumentar el sistema impositivo del país.

De igual modo, los ciudadanos se resienten por percibir que lo único que se quiere es presionar más la difícil condición de vida con la repercusión de estas cargas en los precios de la comida y de los servicios que han de pagarse.