El Proyecto de Modernización Fiscal del gobierno dominicano busca resolver desafíos estructurales del sistema tributario, como la necesidad de aumentar la recaudación y promover una mayor equidad. Si bien las propuestas ofrecen mejoras, su éxito dependerá de la correcta implementación y de mecanismos para combatir la corrupción y la burocracia. Me permito presentar de manera propositiva algunos aspectos clave de esta propuesta de reforma.

La reforma propone renombrar el ITBIS como Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), alineándolo con el estándar internacional, sin cambiar la naturaleza del impuesto. Estableciendo una tasa del 18% aplicada a la mayoría de bienes y servicios, incluidos servicios digitales como Uber, Netflix y Spotify. Aunque los productos esenciales estarán exentos, la ampliación del IVA permitirá al Estado aumentar su recaudación. Gravar los servicios digitales pretende asegurar que las empresas locales y extranjeras contribuyan al Estado, mientras que la exención de productos básicos protege a las familias de bajos ingresos. Sin embargo, el impacto en servicios esenciales podría ser regresivo, afectando más a quienes dedican una mayor proporción de sus ingresos a estos bienes.

Para mitigar este efecto, es prudente implementar un sistema de devolución del IVA a los hogares de bajos ingresos. Esto se puede lograr a través de programas sociales. Por ejemplo, en Colombia, las familias beneficiarias de subsidios sociales pueden recibir un descuento directo en sus compras de alimentos en establecimientos específicos.

Otro punto importante es la modernización administrativa. Si bien el gobierno promete eficiencia, el riesgo de que la burocracia y la corrupción obstaculicen la implementación sigue latente. Invertir en tecnología blockchain para transparentar las transacciones fiscales y reforzar la especialización anticorrupción podría ser clave para asegurar que las promesas de la reforma no se queden en papel.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta (ISR), se introduce una tasa del 27% para personas físicas que ganen más de RD$200,000.00 mensuales, además de eliminar el anticipo para microempresas y personas físicas. Esto busca un sistema fiscal más equitativo, donde quienes más ganan contribuyan más, al tiempo que se alivien las cargas para las micro y pequeñas empresas. La eliminación del anticipo es un alivio significativo, permitiendo a las microempresas invertir en su desarrollo. No obstante, persiste el reto administrativo de integrar estas microempresas en el sistema formal, lo que demanda la simplificación de procesos fiscales y mejoras en la educación tributaria.

La propuesta también introduce nuevas obligaciones, como la declaración jurada anual obligatoria para asalariados que ganen más de RD$624,329.00 anuales, así como retenciones de entre el 10%-15% sobre honorarios profesionales. También se establece una presunción de renta del 10%-15% para empresas extranjeras de transporte y seguros.

Si bien estas medidas buscan ampliar la base fiscal, podrían aumentar la complejidad administrativa, sobre todo si no se acompañan de tecnología y procesos simplificados.

Es necesario implementar sistemas tecnológicos que simplifiquen los procesos de declaración, como un sistema de declaración prellenada para asalariados y pequeños contribuyentes, que agilizaría los trámites mientras reduce errores.

Por otro lado, la reducción del umbral del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), de RD$9 millones a RD$5 millones, amplía el número de propietarios sujetos a este impuesto. Esta medida pretende que los propietarios de inmuebles de mayor valor contribuyan de forma proporcional a su patrimonio. No obstante, la reducción del umbral ejercerá presión sobre propietarios de clase media y media baja. Un ajuste progresivo sería ideal para evitar que aquellos con menores ingresos se vean desproporcionadamente afectados.

La reforma también propone eliminar incentivos fiscales sectoriales, lo que, según el gobierno, busca reducir las distorsiones que crean los beneficios en sectores como cine, turismo y la industria textil, con la finalidad de promover una mayor equidad fiscal. Si bien el concepto es reducir la competencia desleal, la eliminación abrupta de estos incentivos podría desincentivar la inversión en sectores clave. Un enfoque gradual, junto con mesas de diálogo, permitiría una transición más efectiva.

Asimismo, se propone aumentar el impuesto de circulación vehicular (marbete) y eliminar la exención para compras internacionales (a través de couriers) de menos de US$200. Estas medidas buscan incrementar la recaudación y mejorar la competitividad de los comercios locales frente a las importaciones que hasta ahora han estado exentas de impuestos.

El aumento en el marbete busca que los propietarios de vehículos contribuyan proporcionalmente al uso de la infraestructura pública. Asimismo, eliminar la exención para envíos de bajo valor busca equilibrar la competencia entre productos importados y locales, asegurando que todas las compras contribuyan al sistema tributario.

Sin embargo, el aumento del marbete podría ser percibido como una carga adicional para los propietarios de vehículos de mayor antigüedad, quienes suelen pertenecer a las clases media y baja. Además, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor podría encarecer productos adquiridos en línea, afectando especialmente a los consumidores que dependen de estos canales para obtener bienes a precios más accesibles.

Que la reforma funcione no solo dependerá de las medidas fiscales propuestas, sino también de la modernización y transparencia de la administración tributaria. La corrupción, la burocracia y la falta de capacidad administrativa han sido obstáculos persistentes en la implementación de políticas fiscales en el pasado. Para garantizar que la reforma sea efectiva, será esencial una verdadera transformación administrativa que la respalde y asegure que las mejoras proyectadas se materialicen.

La clave radica en fortalecer la supervisión y el control, permitiendo una implementación eficiente y equitativa de las nuevas normativas. El éxito de la reforma no depende solo de aumentar la recaudación de impuestos, sino también de convertir el sistema fiscal en una herramienta para el desarrollo sostenible y equitativo. Si se logra una implementación transparente y eficiente, la reforma puede consolidarse como un paso hacia un sistema más justo y robusto; de lo contrario, podría profundizar la desconfianza ciudadana y perjudicar el bienestar de los sectores más vulnerables y la competitividad de los sectores clave.

El equilibrio anhelado no es solo fiscal, es también social: asegurar que las medidas no comprometan el bienestar de los sectores más vulnerables, mientras se fomenta un clima de inversión y confianza que apoye el crecimiento económico sostenible del país. El desafío está servido, ojalá estemos a la altura.