El compromiso suscrito esta semana por el presidente Hipólito Mejía y su próximo sucesor Leonel Fernández para establecer una comunicación y cooperación que permita superar la crisis económica nacional es un acontecimiento positivo, acogido con esperanza, aunque también con reservas por la opinión pública.

Al mismo tiempo trascendió que ha habido un espíritu de cooperación entre los comisionados de ambos líderes que estaría permitiendo cierto consenso sobre la difícil reforma fiscal, que es clave para reanudar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), restaurar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento con equidad.

Sin embargo, es obvio que la penalización que conlleva la reforma sobrepasa la disposición de sacrificio de los diversos sectores sociales, tanto los empresariales como de los grupos organizados de la sociedad que empiezan a dar muestras de capacidad de reacción,lo que frenará la rapidez del proceso y obligará a concesiones.

[b]Un encuentro satisfactorio[/b]

Fue casi un pasadía lo que tuvieron el martes 22 el actual presidente Hipólito Mejía y el presidente electo Leonel Fernández, desde que confluyeron a la conferencia sobre cómo superar la crisis, que dictó el expresidente español Felipe González en el Congreso Nacional.

Allí estuvieron desde las 10 hasta cerca del medio día. Se trasladaron al despacho de Monseñor Agripino Núñez Collado, donde charlaron por un rato e intercambiaron puntos de vista sobre el borrador de declaración que ya habían ponderado. Luego almorzaron juntos en el marco de una invitación de la embajadora de España y otros de sus colegas más influyentes. Y volvieron a juntarse a las 6 de la tarde para firmar y entregar el documento.

Mejía y Fernández se comprometen a «mantener la comunicación y hacer los mejores esfuerzos orientados a superar la crisis económica que afecta al país como consecuencia de factores externos e internos».

El compromiso incluye la cooperación para tener listo un proyecto de reforma fiscal a más tardar el 10 de julio próximo, para enviarlo al Congreso a más tardar el 15, y para «emprender un diálogo constructivo con los integrantes del Senado y la Cámara de Diputados» para lograr su aprobación.

La reanudación de las negociaciones con el FMI y el Club de París, así como «la definición y puesta en práctica de un plan de reformas que le dé sostenibilidad en el mediano y largo plazos al problema eléctrico», forman parte también del compromiso para el cual fue necesaria la mediación de Felipe González y Agripino Núñez.

Los medios de comunicación muestran una reacción positiva ante el compromiso, con moderada esperanza, pero también una cáustica reserva por la proclividad del liderazgo político a firmar pactos que después son ignorados o modificados por conveniencias. Se citan desde el Pacto por la Democracia en 1994, a los consensos para establecer políticas sociales y combatir la pobreza, y para reformas políticas y constitucionales.

[b]Avanza el consenso político [/b]

Desde la semana anterior quedó en evidencia un importante avance en la cooperación entre las autoridades salientes y las que asumirán el poder el 16 de agosto, tras la entrega de dos estudios sobre la reforma fiscal que había encargado el gobierno y otros dos documentos.

En los días finales de la semana comisionados técnicos del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) trabajaron intensamente en el Banco Central. El gobernador del Banco Central, José Lois Malkún, el secretario de Finanzas, Rafael Calderón, y el Secretario Técnico, Carlos Despradel, integraban la delegación oficial.

Mientras por el próximo gobierno participaban Danilo Medina, Temístocles Montás, Daniel Toribio, Juan Hernández, Rafael Camilo, Vicente Bengoa y Pedro Silverio.

Los delegados del presidente electo asumieron la iniciativa a petición de la parte gubernamental, pero tuvieron amplia colaboración y comprensión del sector oficial, según lo han manifestado voceros de ambos lados.

Las conversaciones han ratificado la gravedad de la situación financiera y la profundidad de las disposiciones a adoptar, con las exigencias del FMI, por un lado, y la renuencia del empresariado y sectores sociales a aceptar nuevas cargas impositivas que penalicen más la situación de muchas empresas y especialmente de los segmentos sociales más pobres y de aquellos que dependen de ingresos fijos, duramente golpeados por la inflación de los últimos 18 meses.

Para el fin de semana pasado ya las dos partes habían logrado consenso en la necesidad de elevar el Itebis al 15 ó 16 por ciento, a la vez que ampliarían su base para incluir productos industriales alimenticios, dejando exentos los alimentos básicos, las medicinas, combustibles y servicios de salud y educación. Se parte de que el Itebis aporta unos 2 mil millones de pesos por cada punto, 24 mil con el nivel actual del 12 por ciento.

También ampliarían el impuesto selectivo al consumo, especialmente al alcohol y el tabaco, los productos más penalizados por gravámenes, en razón de que los consideran «vicios».

Aunque en principio lo rechazaban, como lo hicieron durante los últimos 4 años, los peledeístas, con una o dos reservas, terminaron aceptando que es imposible ahora desmontar el recargo cambiario a las importaciones y eliminar el impuesto mínimo del 1.5 por ciento a la renta de las empresas. El recargo es la segunda fuente de ingresos fiscales, después del Itebis, con unos 17 mil millones de pesos para este año. El 1.5 por ciento estaría aportando alrededor de 6 mil millones de pesos.

Quedarían eliminados los impuestos transitorios que vencen el 30 de junio, 2 por ciento a las importaciones y 5 por ciento a las exportaciones. Este último apenas estaba dando unos 200 millones de pesos mensuales. Pero entre ambos suponen una pérdida de ingresos de unos 4 mil millones de pesos, la mitad de lo que se avanzaría con el incremento del Itebis.

[b]Las cuentas no cuadran[/b]

Pese a los avances logrados, a mediados de semana las comisiones bilaterales estaban lejos de concluir el proyecto de reforma fiscal, pues las cuentas no les cuadraban, aún eliminando el subsidio a la electricidad y focalizando sólo hacia los más pobres el destinado al gas propano. Entre ambos terminarían consumiendo este año más de 20 mil millones de pesos.

Asumiendo una reducción a la mitad, se economizarían 10 mil millones de pesos, que sumados a unos 7 mil millones más que sería el balance del incremento al Itebis y al selectivo menos la eliminación de los transitorios, implicarían unos 17 mil millones de pesos, suma que anda por la mitad de lo que sugieren técnicos del FMI.

Y todo eso sin incluir el desmonte arancelario, que implicaría el tratado de libre comercio con Estados Unidos que no se cree estará aprobado el año próximo, ni mucho menos los intereses de los certificados financieros emitidos por el Banco Central por las quiebras bancarias del año pasado y para contener la devaluación.

Se estima que tales intereses alcanzarían entre 25 y 30 mil millones de pesos anuales. Empresarios, economistas y políticos coinciden en que es imposible cubrirlos con impuestos y sugieren un préstamo internacional. Pero el FMI reclama identificación de la fuente y tampoco resulta fácil conseguirlo para cubrir consecuencias de fraudes bancarios ante los cuales los organismos internacionales y Estados Unidos han exigido sanciones, que lucen cada vez más lejos de materializarse.

Al próximo gobierno le queda otro recurso, muy manoseado por sectores empresariales y sociales, y es meterle tijeras a la abultada nómina de unos 380 mil empleados que tiene el Estado. Que la congelen sería ya positivo, teniéndose en cuenta que el PLD necesitará sustituir varias decenas de miles para cubrir compromisos de campaña y satisfacer militantes y simpatizantes.

Una reducción real del 10 por ciento en la nómina pública, que equivaldría al despido de 38 mil empleados sería ya un éxito, aunque también un desafío a la estabilidad social. Pero con ello apenas se ahorrarían unos 3 mil quinientos millones de pesos, de los casi 35 mil millones de pesos consignados este año en el presupuesto nacional para remuneración a empleados y para prestaciones de seguridad social. Partidas de 30 mil 288 millones y 4 mil 255 millones de pesos, respectivamente.

[b]Los intereses creados[/b]

Cuando los comisionados técnicos concluyan la elaboración del proyecto de reforma fiscal, tendrán que negociarlo con el FMI, y luego enfrentarse a los intereses creados, legítimos o no, que abarcarán desde empresarios y trabajadores hasta grupos populares.

El empresariado quisiera que la reforma no incluyera nuevas cargas impositivas más allá del Itebis y esto es lo que más rechazan los trabajadores y grupos populares cuyos ingresos se han reducido a la mitad en cosa de año y medio.

El presidente de la Asociación de Industrias y la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada han sido bien expresivos sobre el particular. Y ya esta semana las centrales sindicales y grupos populares empezaban a reunirse para formular sus reclamos.

Ambos sectores influirán sobre los legisladores, y algunos con notables poderes económicos. Ya el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, un orgulloso nativo del populoso Cristo Rey, dijo el jueves que al Congreso «le será muy duro» aprobar la reforma fiscal, advirtiendo que es imprescindible un reajuste de sueldos si no se quiere atentar contra la paz social.

Por su parte el Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA) y el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo, siempre ligado a la defensa de los más pobres, presentaron el jueves su propio anteproyecto de reforma fiscal por un total de 44 mil millones de pesos, enfocado a gravar a las empresas y los sectores de altos y medios ingresos.

Todos los indicadores apuntan a que difícilmente la reforma esté en vigencia el 16 de agosto cuando se juramente el próximo gobierno, pues aunque se mantenga la voluntad de consenso en los niveles políticos, será bien cuesta arriba en los ámbitos sociales. De cualquier forma la crítica situación nacional terminará imponiendo fuertes sacrificios a todos los sectores.