POR JUAN BOLIVAR DIAZ
Los intereses políticos de cara a las elecciones congresionales y municipales del año próximo siguen condicionando la reforma fiscal en discusión para la cual todavía no existe un proyecto específico, que no ha podido lograrse ni siquiera en el nivel de la subcomisión técnica que lo discutió durante cuatro semanas.

Esa subcomisión, creada dentro de la instancia del Diálogo Nacional, sólo

pudo establecer una serie de opciones en la madeja de intereses económicos,

sin lograr consenso para una propuesta definitiva, lo que ahora

corresponderá a una «comisión ampliada» , donde entrará también la

representación de los partidos políticos.

Resalta que el gobierno no ha dado la menor señal de que auspiciará una

reforma integral que abarque el gasto, prioridades y rendición de cuentas

con nuevos mecanismos legales de control. En definitiva ha quedado de

manifiesto que la reforma fiscal todavía requerirá de tiempo y voluntad

política.

¿Expectativa frustrada?

La expectativa general de que la subcomisión técnica, integrada por

representantes del gobierno, el empresariado, sindicalistas y sector social,

llegaría a un consenso para la reforma fiscal quedó frustrada el jueves

cuando concluyó su labor.

Todo lo que pudo lograrse fue identificar cuatro opciones, provenientes de

los sectores representados, en medio de crecientes suspicacias porque el

gobierno no acaba de dar señales de que auspiciará una reforma que incluya

austeridad, límites al gasto público, y normas para reducir la

discrecionalidad y garantizar un orden de prioridades y rendición de

cuentas.

Tal como advirtieron ayer viernes la Asociación de Empresas Industriales de

Herrera y la Federación de Asociaciones Industriales las diferencias sobre

la reforma fiscal son mínimas y pueden armonizarse, -especialmente entre las

propuestas gubernamentales y el empresariado-, pero el gobierno no acaba de

dar señales de que mejorará la calidad del gasto y adoptará cambios

profundos para tener una administración pública menos costosa.

Los empresarios estiman que están identificadas las fuentes de recaudación,

pero no han visto manifestarse el compromiso del gobierno con el manejo

eficiente del gasto público, de que los recursos que recaude serán bien

utilizados y no se irán por la cañería de la corrupción.

Ya a mediados de semana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada se había

manifestado en términos aún más conminatorios, indicando que no puede haber

consensos parciales y que «la reforma tiene que ir mucho más allá que un

simple acuerdo tributario, más allá de tan solo los impuestos».

Específicamente el CONEP pidió que el gobierno presente los proyectos para

leyes de autonomía de la Dirección de Impuestos Internos, de Eficiencia

Tributaria, de modificación del título 1 del Código Tributario y de

Reorganización Mercantil y Liquidaciones.

También reclamaron consenso general para aprobar proyectos depositados en el

Congreso para nuevas leyes de presupuesto, de compra y contrataciones

estatales, de Tesorería Nacional, de crédito público, de reforma del sistema

de gestión financiera del Estado, de competencia y de defensa del

consumidor.

Amplia y abarcadoramente integral fue también la propuesta publicada esta

semana por el grupo empresarial León Jiménes, que en materia de organización

gubernamental y social parece la más completa.

A Comisión Ampliada

La subcomisión entregó una matriz con cuatro opciones, correspondientes a

los planteamientos de los representantes gubernamentales, empresariales,

sindicales y sociales. Las del gobierno y los empresarios están bien

aproximadas en cuanto a los montos, de 28 mil 492 y 27 mil 490 millones de

pesos respectivamente, para una diferencia de sólo 998 millones.

A su vez, la sindical y social coinciden mucho más aunque se distancian en

los montos, de 35 mil 378 y 38 mil 806 millones de pesos, para una

diferencia de 3 mil 428 millones de pesos, de los cuales 2 mil 400 millones

corresponden a ingresos por focalización de subsidios y 640 millones de

pesos por impuestos a personas físicas que la propuesta social (CIECA-Centro

Juan Montalvo) incluye.

Las diferencias del empresariado con las propuestas del gobierno son los

2,400 millones de pesos que este propone de impuestos sobre la renta de

sociedades, 300 millones a la renta de personas físicas, 900 millones por la

retención del 4 por ciento del valor de las importaciones como anticipo de

impuesto sobre la renta, y 580 millones de pesos por el gravamen del 1 por

ciento a los activos de las empresas, para un total de 4 mil 180 millones de

pesos.

Pero a su vez, el gobierno mantiene distancia de la propuesta empresarial de

destinar 2 mil 200 millones de pesos para focalización de subsidios. En los

renglones vitales de Itbis, selectivo a bebidas y tabaco, propiedad de

vehículos de motor, hidrocarburos e impuesto a los profesionales liberales,

no difieren los montos de las propuestas gubernamental y empresarial.

Las diferencias fundamentales entre las propuestas sindical y social con la

gubernamental y la empresarial es que la de los dos primeros proponen gravar

los intereses financieros de las personas por un monto de 3 mil 800 millones

de pesos y estiman que por eficiencia en la administración se generarían

otros 4 mil 683 millones de pesos, para un total de 8 mil 483 millones.

Se duda que en el segundo escalón, el de la Comisión Ampliada, pueda

lograrse consenso, especialmente si no participa en la misma el Partido

Revolucionario Dominicano (PRD), que es con quien pulsea el gobierno por

repartir la responsabilidad de la carga impositiva.

En caso positivo, el consenso tendría que ir al tercer escalón, el pleno del

Diálogo Nacional, donde ya no habría mayores inconvenientes en ratificar un

acuerdo, aunque tenga la disensión de los sectores sindical y social que son

minoría en el mismo.

El cuarto escalón, sería la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, donde

le darían forma, para enviarlo finalmente al Congreso, donde la oposición, y

especialmente el PRD volvería a discutirlo, tratando de complacer a sectores

inconformes, del empresariado o sociales.

Debe advertirse que aún subsisten diferencias entre diversos intereses

empresariales. Por ejemplo, no han definido el mecanismo de aplicación del

impuesto selectivo al ron y la cerveza, donde hay contradicciones, y los

empresarios de Herrera abogan públicamente porque se graven los beneficios

de las industrias de zona franca.

Son casi nulas las posibilidades de que todo el ciclo pueda cumplirse en la

próxima semana para que el presidente Leonel Fernández pudiera someterlo al

Congreso, al inicio de la próxima legislatura el martes16 de agosto.

Intenso pulseo político

Desde el planteo de la reforma fiscal se ha advertido un pulseo político de

creciente intensidad entre el gobierno y el principal partido de oposición,

el PRD, por sacarle provecho político al proceso o por lo menos para no

cargar con las inconformidades que puedan derivarse, de cara a los comicios

dentro de 9 meses.

De ahí que el proceso haya marchado sin una propuesta base del gobierno,

que sin duda era a quien le correspondía, por liderazgo de la nación y por

disponer de la información fundamental de sustento.

Pero a su vez el PRD rehusó comprometerse en el Diálogo Nacional,

argumentando que el escenario natural del consenso e institucional es el

Congreso Nacional, mientras pedía la definición de las posiciones

gubernamentales.

El martes 2 se produjo un sorpresivo encuentro entre el presidente Leonel

Fernández y el expresidente Hipólito Mejía, que para muchos significaba una

apertura de puertas al entendimiento. Aunque para otros sembraba discordias

en el perredeísmo, que justamente estrenaba los dirigentes electos

recientemente, el principal de los cuales, el senador Ramón Alburquerque, no

es incondicional de Mejía, y ya había manifestado reservas sobre los

escenarios del debate.

Lo que prometió el exmandatario ha sido la política oficial del PRD, como

lo definió una reunión de su presidium: apoyar el tratado de libre comercio

y aprobar la reforma fiscal con incentivos para los productores nacionales.

Apenas dos días después, el jueves 4, llamó la atención la declaración del

secretario de la Presidencia y líder orgánico del Partido de la Liberación

Dominicana, Danilo Medina, en una rueda de prensa que convocó en el Palacio

Nacional, retando al PRD a que apoye la reforma fiscal, advirtiendo que de

no hacerlo provocará la quiebra del Estado, porque no podrían atender los

programas sociales, ni la educación, salud pública y asistencia social.

Las declaraciones de Medina echaron por el suelo cualquier intención de

distensión que pudiera haber habido en el encuentro Fernández-Mejía,

promovido por Monseñor Agripino Núñez Collado, en el cual él mismo

participó. Sobre todo cuando acusó al gobierno pasado de haber provocado «la

crisis que devastó la economía».

Esas declaraciones parecieron inapropiadas por cuanto al mismo tiempo se

publicó (HOY de ayer viernes) un comunicado del PRD reiterando su compromiso

con la aprobación del TLC y su disposición a conversar sobre la reforma

fiscal una vez que el gobierno presente el proyecto ante el Congreso

Nacional. Si el proyecto es de consenso con el empresariado y los sectores

sindicales y sociales, el PRD no podría hacer otra cosa que aprobarlo.

Aunque sabe de las dificultades de lograr tal consenso y por eso deja la

carga al gobierno.

Ambos son posicionamientos políticos, pero sin duda es al gobierno a quien

corresponde la iniciativa y el liderazgo en el esfuerzo de concertación para

que se apruebe tanto el tratado de libre comercio como la reforma fiscal,

que los perredeístas no aprobarán si no es integral, como reclama la

sociedad. Algo que -desde luego- ellos no hicieron cuando les tocó proponer

reformas fiscales que quedaron en el simple incremento de tributos.-