La aurora que despertó España el 1ero de mayo del año 2012 amaneció con el dilema que causaron dos medidas protagonistas de las manifestaciones y la movilización permanente de más de treinta mil personas en aquel momento: contra la reforma laboral y los recortes sociales impuestos por el ejecutivo; y es que, estas medidas revitalizaron el día mundial del trabajo, dimensionándolo a una crisis política, social y económica que se ha extendido hasta la actualidad, y que tiene componentes en el ámbito laboral, pues quienes exigían en aquel entonces en Madrid, utilizando la consigna “trabajo, dignidad y derechos” son los casi 6 millones de desempleados (parados) que se vieron amenazados con esa “reforma”.

Esta situación generó una crisis de tal magnitud que sobrepasó el ámbito de la economía española, la cual entró en recesión, que ha costado recuperarse, y que ha llegado a fronteras más allá del espectro de Europa, la cual, como hemos visto, tiene implicaciones respecto a una “reforma laboral” que no le ha prestado atención a la dignidad, las garantías fundamentales del trabajador, ni a la competitividad.

Comprender la realidad que hoy ocurre, lejos de nuestro país, constituye un análisis serio de la experiencia que podemos aprender, en el sentido de que, siempre es necesario que el Estado propicie políticas públicas de empleo, protegidos por un sistema de garantías que fomente la competitividad, conjuntamente con la creación de riquezas, con desarrollo humano mediante el fomento de tres factores imprescindibles: el trabajo, el capital y la tecnología.

La Constitución de la República Dominicana, reconoce en su artículo 62 al Trabajo como un “derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado”, considera como “finalidad del Estado el fomento del empleo digno y remunerado”, y compromete a “los poderes públicos a promover el diálogo y la concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado”.

Si observamos la crisis que hoy atraviesa España y gran parte de Europa, es necesario considerar que no podemos crear competitividad en base a la disminución de las garantías de los trabajadores, ya que esta fórmula conduciría inevitablemente a una disminución de la capacidad de consumo, y de poca generación de riquezas, lo que conllevaría a reducir el mercado (si no hay quien compre, pues no se vende).

Mas bien, es preciso abordar la competitividad con los mecanismos que confiere la Constitución de la República y las normas de derecho laboral que exigen, no solo a un salario justo y digno (artículo 62.9 de la Constitución), sino también, capacitación profesional (artículo 62.3 de la Constitución), que potencialice, además de las cualidades propias del desarrollo humano, el crecimiento en las empresas, el sector turístico y la industria, acompañado, además, de un sistema laboral que propicie a gran escala la competitividad con buena tecnología, información sobre el mercado y producción de bienes o gestión de servicios de manera eficiente.

La nueva tendencia laboral, de por si moderna e inclusiva, es la que propicia la dignidad, los derechos y las garantías del trabajador, pero que a su vez estimula la capacidad del mercado y la competitividad en los motores de crecimiento de los sectores productivos como el turismo, la construcción, el comercio, el sistema agropecuario, las telecomunicaciones, y las zonas francas, y que además, aboga por la creación de actividades productivas que generan empleos formales que fomente la seguridad social, siempre con el apoyo de un Estado que, incentive y promueva políticas públicas en dos vertientes: actividad laboral con derechos y garantías, y competitividad en un clima estable para la inversión.

Con estas premisas es propicio afirmar que es posible lograr el reto de transitar el camino hacia una reforma laboral que se identifique con la dignidad y garantías con competitividad.