La reforma, los maestros y la ADP

2 de 3
Desde las últimas décadas del pasado siglo 20 hasta nuestros días, la educación preuniversitaria y superior y sus instituciones han experimentado en casi todo el mundo grandes cambios, tanto en el contexto regional como en el nacional y local, pudiéndose definir tres tendencias: la expansión cuantitativa, la diversificación de las estructuras, y las restricciones financieras en las que se han venido desenvolviendo. Las medidas de política educativa propuestas por el gobierno del presidente Danilo Medina para hacerle frente a la creciente demanda de financiamiento de la educación preuniversitaria y superior son muy variadas y están orientadas a frenar los costos y a aumentar los recursos financieros. Una de esas políticas de financiamiento a las instituciones a las cuales nos referimos consiste en tratar de aumentar la productividad del sistema con el fin de reducir el costo por alumno a través de la implementación de nuevas tecnologías de enseñanza aprendizaje. Pero, ante las presiones de mejorar la calidad de la educación, las posibilidades de reducir los costos son muy limitadas.
Una Universidad como la Pontificia y Real Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con una población de 200 mil estudiantes o más no puede desenvolverse con la eficiencia y calidad deseada con un presupuesto tan exiguo como el que le asigna el gobierno del presidente Danilo Medina (equivalente a una quinta parte de lo consignado en la leyes que aquí rigen en la materia) por más medidas correctivas que pretendamos imponer. Es que dado el carácter de bien social, los criterios de calidad, eficiencia y equidad recomiendan la participación decisiva del Estado en el financiamiento de la educación superior a fin de evitar, por un lado, que se invierta menos en lo que es socialmente recomendable; y, por otro, que las oportunidades de acceso a la educación superior no se distribuyan en forma equitativa.
En la República Dominicana, como en otros países de la América Española y el Caribe, es dado observarse varias combinaciones de financiamiento público de la educación preuniversitaria y superior, estando todavía el monto total de lo invertido en ambos niveles más asociado con decisiones políticas que con criterios económicos.
Esa es la razón por la cual el financiamiento gubernamental de las universidades y demás instituciones de educación superior no debe ser visto en un contexto de análisis parcial, sino en uno más general que englobe la competencia que sobre la instrucción pública tienen otros sectores, así como los efectos más generales sobre la distribución del ingreso que resultan del total del gasto del sector. Las expectativas con respecto al papel de la educación superior han marchado a un ritmo superior al de las realizaciones lo que ha dado lugar a que ciertos sectores sostengan la tesis de que el constante aumento de las partidas presupuestarias destinadas al sostenimientos de las universidades no sólo son conflictivos con respecto a la expansión de otras áreas prioritarias, sino que podría conducirnos a una crisis de financiamiento. En el caso de los recursos que el Estado dominicano destina al sostenimiento de la Pontificia, Real y Autónoma Universidad de Santo Domingo, no son pocas las gentes que esgrimen el argumento perverso de la Universidad Primada de América no supera su crisis por falta de recurso; pero, que si se le proporcionara suficiente recursos tampoco lo resolvería.
En próximas entregas, haremos énfasis en la necesidad que tenemos de formar y capacitar miles de maestros, teniendo siempre presente que “la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado” y pasando por alto los problemas sociales y políticos relacionados con la actitud de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de cara a lo que las autoridades del Ministerio de Educación entienden como reforma y calidad de la enseñanza.