Jesús De la Rosa 
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Con el inicio de las actividades señaladas en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa 2014-2030 nos propusimos definir los principios orientadores de la transformación de la educación dominicana; elaborar y ejecutar proyectos orientados a mejorar la pertinencia y calidad de las funciones docentes, investigación y extensión; y ofrecerles a todas las personas que integran el Sistema Dominicano de Instrucción Pública iguales oportunidades de bienestar y de progreso. Los objetivos generales de dicho proyecto de reforma de la educación fueron: definir los principios fundamentales que debían sustentar el Sistema Dominicano de Instrucción Pública con miras a convertirlo en un promotor de una cultura de paz, democracia, justicia y libertad, y el de contribuir a mejorar la pertinencia y calidad de las funciones de docencia, investigación y extensión.
En su inicio, la organización y desarrollo del Pacto Educativo marchaba a las mil maravillas debido a la coexistencia e interacción de diversos factores y circunstancias del contexto político y universitario de entonces. El mismo, al igual que otros intentos de reformas, fue orientado por la necesidad de expansión de los problemas de las escuelas sin que muchas veces amentasen en la misma proporción las inversiones en el sector. Ese 4% del PBI, del cual aquí tanto se habla, no era más que la toma como referencia del promedio de inversión anual en educación que en años anteriores llevaban a cabo unos que otros gobiernos de la América Española y el Caribe. En la actualidad, dicho porcentaje ronda entre los 8 y 12% del PBI. El Sistema Dominicano de Instrucción Pública continúa siendo uno de los peores financiados de este lado del mundo. Amigo lector, pronto, muy pronto necesitaremos mucho más del 4% del PBI para lograr que nuestro sistema de instrucción pública funcione acorde con los nuevos tiempos.
Pero, ¿qué pasó y qué está sucediendo con nuestro castillo de arena (nos referimos al Pacto Educativo) que parece derrumbarse? Que en la actualidad ocurren muchos cambios en el panorama socioeconómico mundial como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información, de la competencia internacional y de las reformas en el ámbito de los Estados. En ese contexto, los administradores y los profesores tienen que enfrentarse a nuevos problemas para los cuales no estaban del todo habilitados.
Siguiendo las indicaciones contenidas en el Pacto, nos impusimos la tarea de corregir problemas políticos, sociales y educativos y en algunos casos hasta pretendimos importar modalidades escolares de otras naciones para adaptarlos a nuestra realidad. La idea, a la cual muchos nos apegamos, de que la mejora de un sistema de instrucción pública era un factor dependiente casi exclusivamente de la calidad de los docentes que laboran en el mismo, nos llevó a creer que los problemas de aprendizaje siempre pueden justificarse en la baja cualificación profesional de los docentes.
Para exculparnos de los errores cometidos había que encontrar un culpable; no tardamos en encontrarlo, con nombre y apellido: la ADP.
Afortunadamente, todavía persistimos en la idea acerca del papel que juega la educación como una de las herramientas más efectivas para mitigar la pobreza e impulsar el desarrollo de las naciones.
Si logramos consolidar una nueva instancia que armonice, promueva y coordine las iniciativas y las demandas generadas estaríamos de nuevo en el camino de responder adecuadamente a las necesidades presentes y futuras de la sociedad dominicana.
