Vinicio A. Castillo Semán
El país está inmerso en la discusión de la ya famosa reforma fiscal para llenar un déficit de veintidós mil millones de pesos despilfarrado a mansalva en los primeros seis meses de este año, en una alocada campaña reeleccionista que, a base del soborno y el poder, logró imponerse en el PRD y fracasó en el intento de hacer lo propio al pueblo dominicano.

Al país se le proponen nuevos sacrificios; los organismos de financiamiento internacional y funcionarios de la administración norteamericana, que se hicieran de la vista gorda en el despilfarro de estos veintidós mil millones de pesos para imponer la reelección del Presidente Hipólito Mejía, y que consintieron el primer rompimiento con el FMI en base a la recompra fraudulenta de las EDES, ahora presionan al gobierno electo del Presidente Fernández, para que cargue más impuestos a los quebrados sectores productivos nacionales y a la empobrecida población dominicana.

Todo el mundo habla de dónde saldrán los veintidós mil millones del déficit de este año, pero nadie dice ni una palabra de qué se hizo con ese dinero y dónde están los responsables de ese crimen contra la República. Pero, tampoco nadie habla de los cinco mil millones de dólares tomados en cuatro años, ni de los decenas de miles de millones de pesos, que se recaudaron en base a la anterior reforma fiscal, sin que nadie pueda percibir una sola obra importante construida en este cuatrienio.

Al país se le quiere pasar la cuenta de la borrachera de un grupo de poder que manejó este país a su antojo en los últimos cuatro años y que ahora piensa negociar su impunidad a cambio del apoyo congresional, para sacar de los bolsillos del pueblo lo que ellos sustrajeron y despilfarraron en su gestión.

El dominicano común, no solamente tiene que contemplar impotente esta realidad, sino que, en adición, tiene que escuchar de los voceros del equipo económico del gobierno electo, el honorable agradecimiento por el diseño consensuado de cómo van a sacarle, de las costillas de este pueblo, veintidós millones de pesos adicionales.

Y es ahí, en este punto crucial, que nuestro entrañable amigo y aliado, Presidente electo Leonel Fernández, no puede perderse un solo segundo. Este país no va a aceptar nuevos sacrificios si no percibe claramente una profilaxis moral en el ejercicio de la función pública, que empiece por sancionar ejemplarmente, y con sujeción estricta al debido proceso, a los que han desfalcado abiertamente el erario público, que prosiga con un mensaje inequívoco a la nueva administración, de que no habrá espacio para los grandes negocios que grupos voraces planifican cada cuatro años bajo el padrinazgo estatal y, sobre todo, culmine con un alta cuota de sacrificio de todo aquel que vaya a un cargo en el nuevo gobierno.

El país sólo aceptará con resignación las nuevas cargas que se le impondrán en los próximos meses sí, como ha dicho nuestro Cardenal y jefe de la iglesia, se le educa y enseña qué ha pasado en estos cuatro años, y se le da una noción clara de la magnitud del desastre que impone un verdadero gobierno de reconstrucción nacional, con el esfuerzo de todos y el ejemplo de sobriedad y honestidad de los que van a dirigirlo desde el próximo 16 de agosto.

Acompañando la impostergable reforma fiscal, el país necesita una reforma moral en la función pública y es éste uno de los compromisos históricos más importantes asumidos por el Presidente Leonel Fernández, al recibir el cincuenta y siete por ciento del electorado nacional. De nada servirá reforma económica alguna, si no se tapona el drenaje de recursos públicos, malgastados y hurtados por una administración corrupta. Hay que acabar con la noción de que el Estado es un botín de guerra, donde el ejército victorioso tiene derecho a pasar a una mejor vida, simplemente porque pase a ostentar un cargo público.

En un momento de grave crisis, como la actual, hay que acabar con la compra de yipettas y autos lujosos para los funcionarios del Estado; hay que prohibir el uso indiscriminado de las tarjetas de crédito, de los restaurantes, de las francachelas, del uso abusivo y personal de los teléfonos celulares, que, aunque alguien podría decir que no representan un gran porcentaje del presupuesto, tiene un componente moral de mensaje a la población que se está gobernando, de que todos estamos en un tiempo de tormenta, de la que solo saldremos con optimismo, con fe en Dios, pero con una gran cuota de sacrificio.

La lucha por la reforma moral en la función pública y el castigo ejemplarizador a los desfalcadores del erario público no debe ser personal, ni contra nadie en particular, sino que debe ser la tarea de los sectores más sanos de la sociedad y de todo el sistema de partidos, como única alternativa de que éste no colapse en los próximos meses, como ha ocurrido en experiencias similares, como el caso de Venezuela y otros países hermanos, que después de décadas de aparente normalidad democrática terminaron rebelándose contra la pobredumbre moral del mismo.