Hoy 
EDUARDO JORGE PRATS
Hay una reforma de la que nadie habla y que pocas veces es consignada en las plataformas programáticas de los partidos y de las organizaciones de la sociedad civil. Se trata quizás de la reforma más trascendente en el plano institucional pero que tiene repercusiones profundas en el ámbito económico, al extremo de que asegura la viabilidad y éxito de las reformas estructurales propuestas y de la propia reactivación económica. Nos referimos a la puesta en vigor de una ley que rija los procedimientos de la Administración Pública y que cree una jurisdicción contencioso-administrativa.
Que no se haya hecho esta reforma hasta el momento no es pura casualidad. Pues se trata de la única reforma que, para utilizar la célebre consigna de Juan Bosch en los 70, es capaz de conducir al Estado a su propia legalidad. Someter a procedimiento y, por ende a Derecho, la actuación de la Administración y permitir que los ciudadanos y las empresas puedan reclamar ante los tribunales las ilegales y/o arbitrarias actuaciones del Estado, constituye un verdadero giro copernicano en los asuntos de un ente que, como el Estado, se ha comportado históricamente como una bestia indomable, como el Leviatán de Hobbes y el ogro filantrópico de Octavio Paz.
Es la ausencia de un Estado de Derecho en el ámbito administrativo y la consagración de un Estado delincuente, irresponsable, inembargable y exento de todo control jurisdiccional lo que permite entender los avatares de las reformas institucionales en nuestro país. Pues, por más tribunales independientes que existan, por más reformas institucionales que se hagan, por más reestructuraciones económicas que se efectúen, allí donde no hay un régimen de Derecho Administrativo que obligue a los funcionarios públicos a ajustar sus actuaciones a la legalidad, se hace imposible e inviable el Estado de Derecho.
La insumisión de la Administración al Derecho se debe en gran medida a la prevalencia durante más de 30 años de un régimen más que autoritario sultánico (Hartlyn) en donde el Jefe era al mismo tiempo Presidente y el mayor empresario del país. Y es la existencia de este régimen lo que explica porque la transición dominicana a la democracia es, como bien ha señalado José Israel Cuello, la más larga de nuestra América. En los países que, como España y Chile, el ciudadano de a pie ha podido cuestionar en los tribunales, aún durante las época autoritarias, las actuaciones de la Administración, se ha transitado con mayor facilidad a un Estado de libertades públicas, a un Estado Constitucional de Derecho.
Pero la creación de una jurisdicción contencioso-administrativa y de una ley de procedimientos administrativos es hoy impostergable. Porque ninguna empresa extranjera de importancia global se arriesga a invertir en un país en donde no se le asegura contra las expropiaciones derivadas de la inseguridad jurídica creada por regulaciones irrazonables e intempestivas y actuaciones del Estado arbitrarias. El riesgo institucional vinculado a la inexistencia de un régimen de Derecho Administrativo por ser imponderable es un riesgo que no están dispuestos a asumir los inversionistas extranjeros, máxime cuando otros países del área (ej. Costa Rica) son institucionalmente mucho más atractivos que el nuestro.
¿De qué vale reformar el sector eléctrico y el sistema bancario si las empresas participantes en ese sector no pueden asegurar la estabilidad institucional de las políticas públicas y la legalidad de los procedimientos? Un Estado que no respeta la legalidad, que establece impuestos por decreto, que impone sanciones administrativas sin proceso ni respeto al derecho de defensa del administrado, que irrespeta los derechos adquiridos en virtud de contratos administrado, que viola las leyes a través de reglamentos, y que encima de todo ello pretende que el administrado no puede reclamar ante un juez independiente por esos abusos, no puede realmente atraer al país duraderas inversiones extranjeras ni nacionales.
¿Esperaremos hasta que el BID, el Banco Mundial, o el FMI nos presionen para hacer esta reforma administrativa a la carrera? Ojalá la asumamos con responsabilidad e independencia como hicimos con la reforma judicial mucho antes que a la burocracia transnacional le pasara por la mente que lo institucional tiene un impacto en el desarrollo económico y en la calidad de vida de los ciudadanos.
