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Después de agotar largas jornadas de trabajo, los participantes en las mesas de discusiones del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 no lograron ponerse de acuerdo en torno a un tema tan importante como el de la normativa que habrá de regir en lo adelante la formación y capacitación de los futuros maestros. La profesión docente se ha visto afectada, como cualquier otra, por la tendencia mundial hacia la desregularización y por la mayor movilidad y flexibilidad de los puestos de trabajo. No está en discusión que la calidad del profesorado sea una pieza clave para reformar y mantener un sistema de instrucción pública que forme a personas con un alto nivel científico y tecnológico. Al efecto, Álvaro Marchesi, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y otros autores sostienen que la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado. De ahí, la prioridad que las reformas de la educación otorgan al fortalecimiento de la profesión docente.
En nuestra opinión, la Ley 5778 de Autonomía Universitaria, la Ley General de Educación 66-97 y la de 139-01 de Educación Superior Ciencia y Tecnología, combinadas con las correspondientes disposiciones de la Constitución de la República, proporcionan un formato efectivo para hacer que nuestro Sistema de Instrucción pública eleve al máximo su aportación al progreso del país.

Estimamos que el Pacto Nacional para la Reforma Educativa propuesto por el presidente Danilo Medina tardará algunos años en desarrollarse a plenitud. Y que nadie, absolutamente nadie, puede prever con certeza cuáles serán los resultados de sus diversas innovaciones. En el trascurso de su desarrollo hará falta introducirle numerosas correcciones acompañadas de un efectivo control y evaluación continua del avance y progreso del mismo. En la fase en que el Pacto Nacional se encuentra, resultaría prematuro formular un juicio definitivo sobre si se superarán o no todos los inconvenientes que se interponen al deseo de todos de que la República Dominicana disponga de un sistema de instrucción pública a tono con los nuevos tiempos. Nuestra experiencia en materia de implementación de reforma de la educación nos indica que el éxito de toda reforma depende en gran medida de la predisposición del aparato burocrático del gobierno a renunciar a poderes que lleva mucho tiempo acostumbrados a ejercer, así como de la predisposición de las universidades a hacer uso creativo y eficaz de su autonomía.
El mundo en que vivimos exige cambios en las labores cotidianas de los maestros. No podemos seguir enseñando lo que enseñábamos antes ni hacerlo de la misma manera. Ahora, no solo se trata de materializar proyectos de reforma; también, el dejar abierta la posibilidad de incorporarnos a la lucha en post de un ordenamiento social más justo y solidario.

Observamos con mucha preocupación los pronunciamientos públicos de algunas autoridades del sector arrojándose atribuciones que no le corresponden, sin tomar en cuenta el hecho de que algunas de las universidades que ofertan la carrera de educación disfrutan del ejercicio pleno de su autonomía, lo que les permite a esas instituciones “crear y ofrecer programas dentro de la esfera de acción que le corresponde, sin requerir la autorización del CONESCyT” (Art. 48, Párrafo 1 y de 2 de la Ley 139 -01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología)

Antes de finalizar esta entrega, deseamos expresarle nuestra gratitud a la Asamblea de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y a su presidente, Maestro Ramón Desangles Flores, por habérseme proclamado, el 13 de diciembre recién pasado, Profesor Meritísimo, la más alta condecoración que la UASD les otorga a sus catedráticos titulares,