Tirso Mejía Ricart 
Uno de los aspectos sobre los que existe un mayor consenso en cuanto las reformas necesarias en el Estado dominicano, es el de la descentralización y desconcentración de la función pública, para contrarrestar la tradición autoritaria hiper centralizada de la práctica gubernamental, para hacerla más eficiente y participativa.
El primer gobierno de Leonel Fernández impulsó un supuesto proceso de descentralización basado en las provincias, a pesar de que se trataba apenas de una desconcentración y relativa, ya que los gobernadores son designados por decreto del Presidente de la República, que supone un excesivo fraccionamiento de los servicios públicos, porque muchas provincias no tienen la extensión, población y actividades económicas que permitan un desarrollo sostenido en muchos aspectos, y se les da a los gobernadores una preeminencia a nivel local cuestionable sobre los municipios.
Los municipios, gobiernos locales por excelencia, están dirigidos por alcaldes y regidores escogidos por elección popular, cuyas funciones efectivas son hoy en día poco más que de limpieza y ornato, además de algunas obras públicas; y aun la primera está en proceso de traspasarse al poder Ejecutivo.
Es factible establecer una descentralización basada exclusivamente en los municipios, que son ya 158, aunque muchos de escaso desarrollo demográfico y económico, pues sus autoridades tienen una mayor legitimidad, por el mandato que les confiere el pueblo. En el caso de los distritos municipales, unos235, existe el problema adicional de su dependencia parcial de los municipios, generándose así una distorsión adicional, por la intervención a veces escandalosa de intereses personales, grupales y partidistas en su selección.
La división del país en Regiones de Desarrollo establecidas por el decreto presidencial 685-00, modificado el 4 de julio del 2004 mediante el decreto 710-04, debería servir de base para el diseño de políticas que sean coherentes con objetivos claros de desarrollo político, económico y social, a través de mecanismos más democráticos y eficientes de gestión del estado y sus dependencias.
La regionalización dominicana se hizo basada en los conceptos siguientes:
a) La necesidad de auspiciar un desarrollo armónico de las diferentes zonas del país, basándose en una efectiva coordinación de los sectores público y privado a nivel operativo, en la ejecución de acciones y proyectos.
b) Establecer solo dos niveles de gobierno, el nacional y el de los municipios que serían propiamente de descentralización; y los niveles de desconcentración nacional: el regional y el provincial; y los submunicipales: los distritos municipales y los distritos metropolitanos, y por debajo los sectores barriales y alcaldías pedáneas comunitarias.
Esa política debe iniciarse desde las alturas del poder, porque la Presidencia de la República concentra hoy por hoy cerca del 40% de los gastos públicos, duplicando en su interior casi todas las dependencias importantes del gobierno central, y el restante 60% tiene decenas de funcionarios con diferentes rangos que diluyen la autoridad y el control de las tareas a su cargo, si es que tienen alguna.
Lo que procede pues es conocer en la ley de regionalización las previsiones del No.710-04 que fue producto del estudio de las condiciones geográficas, culturales y socioeconómicas del país, como primer nivel de desconcentración del Poder Ejecutivo, pero en estrecha relación con los municipios para que éstos sean participes del desarrollo regional.
El primer gobierno de Leonel Fernández impulsó un supuesto proceso de descentralización basado en las provincias, a pesar de que se trataba apenas de una desconcentración y relativa, ya que los gobernadores son designados por decreto del Presidente de la República, que supone un excesivo fraccionamiento de los servicios públicos, porque muchas provincias no tienen la extensión, población y actividades económicas que permitan un desarrollo sostenido en muchos aspectos, y se les da a los gobernadores una preeminencia a nivel local cuestionable sobre los municipios.
Los municipios, gobiernos locales por excelencia, están dirigidos por alcaldes y regidores escogidos por elección popular, cuyas funciones efectivas son hoy en día poco más que de limpieza y ornato, además de algunas obras públicas; y aun la primera está en proceso de traspasarse al poder Ejecutivo.
Es factible establecer una descentralización basada exclusivamente en los municipios, que son ya 158, aunque muchos de escaso desarrollo demográfico y económico, pues sus autoridades tienen una mayor legitimidad, por el mandato que les confiere el pueblo. En el caso de los distritos municipales, unos235, existe el problema adicional de su dependencia parcial de los municipios, generándose así una distorsión adicional, por la intervención a veces escandalosa de intereses personales, grupales y partidistas en su selección.
La división del país en Regiones de Desarrollo establecidas por el decreto presidencial 685-00, modificado el 4 de julio del 2004 mediante el decreto 710-04, debería servir de base para el diseño de políticas que sean coherentes con objetivos claros de desarrollo político, económico y social, a través de mecanismos más democráticos y eficientes de gestión del estado y sus dependencias.
La regionalización dominicana se hizo basada en los conceptos siguientes:
a) La necesidad de auspiciar un desarrollo armónico de las diferentes zonas del país, basándose en una efectiva coordinación de los sectores público y privado a nivel operativo, en la ejecución de acciones y proyectos.
b) Establecer solo dos niveles de gobierno, el nacional y el de los municipios que serían propiamente de descentralización; y los niveles de desconcentración nacional: el regional y el provincial; y los submunicipales: los distritos municipales y los distritos metropolitanos, y por debajo los sectores barriales y alcaldías pedáneas comunitarias.
Esa política debe iniciarse desde las alturas del poder, porque la Presidencia de la República concentra hoy por hoy cerca del 40% de los gastos públicos, duplicando en su interior casi todas las dependencias importantes del gobierno central, y el restante 60% tiene decenas de funcionarios con diferentes rangos que diluyen la autoridad y el control de las tareas a su cargo, si es que tienen alguna.
Lo que procede pues es conocer en la ley de regionalización las previsiones del No.710-04 que fue producto del estudio de las condiciones geográficas, culturales y socioeconómicas del país, como primer nivel de desconcentración del Poder Ejecutivo, pero en estrecha relación con los municipios para que éstos sean participes del desarrollo regional.
