La discusión entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y la Asociación de Rectores de Universidades, sobre la proliferación y el acceso a las carreras superpobladas, es de gran interés ciudadano.

La Secretaría, en tanto representante del interés público, está en la obligación de velar por el destino ocupacional de la mayoría de los estudiantes, que son los más pobres, aunque según avanza la corrupción en el país, toda la juventud, incluidos la de clase media, está en situación de riesgo y vulnerabilidad. Pero también tiene que cuidar el desarrollo de las empresas académicas y la libertad académicas mismas, y obviamente, respetar el libre albedrío y la dignidad humanos, inherentes a la libre elección vocacional.

Hay, sin embargo, un abuso manifiesto de parte de entidades educativas, incluida la estatal,  en la creación de carreras técnicas o liberales, bajo criterios que poco o nada tienen en cuenta las oportunidades ocupacionales de los estudiantes, sino más bien lo económicas o rentables que resultan.

En cuanto a esto, la carga social en costo de oportunidad para el país es enorme, particularmente para padres y alumnos que prefieren carreras por ser breves y poco costosas, sin reparar en el mercado laboral. En cuanto a esto, el Estado debe propiciar la concordancia entre las preferencias de los estudiantes, las ofertas de las universidades, y las demandas y requerimientos de los empleadores. Pero aún, hace falta tomar en cuenta las potencialidades y los planes de desarrollo de regiones, ciudades o mercados; mirar la demanda a largo plazo, en base a estudios de potencialidad y competitividad regional. Tomando en cuenta elementos tales como la disponibilidad de profesores e instructores para surtir las ofertas de las universidades.

Pero no puede la Secretaría cruzarse de brazos y dejar a estudiantes y padres ingenuos a una oferta que podría considerarse irresponsable si se entiende que un estudiante y un padre suelen creer que todo lo que ofrece una universidad es de por sí bueno, de calidad académica y con trabajo asegurado.

La Secretaría puede muy bien, en base  a los estudios de mercado y de competitividad, fomentar  o disuadir determinadas carreras mediante los programas de subsidios y préstamos a universidades y estudiantes. Desarrollar campañas y programas de información sobre la calidad de las ofertas académicas y las condiciones  del mercado de trabajo para las diferentes carreras, y exigir, además, que cada universidad obligue a sus postulantes que se informen acerca de sus probabilidades ocupacionales.

Realizar campañas efectivas de información, orientación, promoción y disuasión sobre las carreras, no es interferencia con el libre albedrío ni con la libertad de negocios académicos, sino ejercicio de la función  regulatoria y defensora del bien común que compete al Estado.