La resistencia de los dominicanos a pagar la energía eléctrica debe ser enfrentada en muchos casos con la  aplicación de la ley  contra   fraudes y conexiones ilegales. Pero  tiene que ser también tema de reflexión y de búsqueda de soluciones que partan de realidades. Muchas familias tendrían hasta que dejar de comer si se acogen a facturaciones altas, por encima del ingreso promedio en las capas sociales bajas. Los  salarios mínimos predominantes en este país están por debajo del costo total de la canasta familiar más modesta.

La cultura que lleva a actuar como si  la energía eléctrica fuera gratuita, como el aire, tiene  raíces. Además, la pobreza  de muchos dominicanos no puede ser ignorada al buscar las causas   del bajo ingreso de las distribuidoras  y mucho se  duda de que el subsidio focalizado que se implementaría pueda  ser la solución. En la negación del consumidor a ceñirse a pagar  aparece la realidad de que el suministro ha sido desastroso a lo largo de su historia. Se explica que  ese consumidor no esté  animado a serle fiel al sistema  a cambio de seguir recibiendo sus  agudas fallas. Convertir la electricidad en algo que en el “imaginario” aparezca  inequívocamente como digno de ser pagado   es un objetivo que demanda creatividad para mejorar la imagen del servicio  y llevarlo a unas tarifas  que no incluyan el costo de  sus ineficiencias y los robos.

Un reglamento para los colegios

Las alzas de los precios de artículos y servicios  esenciales  no deben ser consecuencia de  imposiciones de fabricantes, prestadores o intermediarios.    A la opinión pública debe constarle  la presencia   en el mercado  de   factores ineludibles de encarecimiento en los costos de los productos que adquieren los ciudadanos. La ley de Protección al Consumidor   contiene  principios básicos en este sentido   y el organismo creado para defender los  derechos del público haciendo  frente a la especulación debe mantenerse firme en el propósito.

 Procede en lo inmediato  -como felizmente ha anunciado la directora Altagracia Paulino- dotar al país  de un  reglamento  que impida a  los colegios privados excederse  en  revisiones tarifarías, esas que año por año resultan de miedo y espanto. Respetándoles sus categorías, según sus niveles de inversión y tipos de instalaciones, de todas maneras a los colegios hay que ponerles condiciones  para subir  cobros   por sus  servicios.