Existe una indisoluble relación entre reducción de la brecha digital y la lucha contra la pobreza, considerando las políticas públicas de acceso y servicio universal en telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos generadores de oportunidades y movilidad e inclusión social.
Esa fue una de las conclusiones del VIII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, organizado por la Vicepresidencia de la República, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAl) durante dos días en el hotel Jaragua.
La Declaración de Santo Domingo plantea enfrentar la problemática de la pobreza, la vulnerabilidad y la situación de grupos y poblaciones excluidas, incorporando la perspectiva de prevención de caída en situaciones de privación, así como una perspectiva de universalidad en la provisión de bienestar.
El documento señala que se debe profundizar en la valoración de experiencias de análisis multidimensional de la pobreza, como los índices de pobreza multidimensional que pueden servir no solo para una mejor comprensión de la pobreza, sino para guiar las intervenciones públicas.
Admite que para el cumplimiento del primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no basta con que las personas salgan de la pobreza, sino se debe hacer un esfuerzo para que no caigan en ella.
Reconoce la situación de las mujeres que cargan con la mayor parte de las responsabilidades del hogar y de cuidado, lo que las expone a mayores riesgos de caer en la pobreza o vulnerabilidad.
“Los sistemas de protección social deben convertirse en un continuo de protección, con diferentes programas para atender los problemas de las diferentes etapas de la vida de las personas”, afirmó el documento que tiene 17 puntos.
Otra conclusión de la Declaración de Santo Domingo plantea que el diseño e implementación de la nueva generación de programas de protección social requiere de un enfoque integral y sistemático para proteger a los ciudadanos contra la pobreza y los riesgos.
Considera incluir en los sistemas de protección social los riesgos sociales, económicos y ambientales en conjunto con la implementación de servicios universales de calidad.

Agrega que solo así se puede contribuir a desarmar las tramas de pobreza que generan los sistemas estratificados de protección social y podría habilitar a los países a alcanzar más altos niveles de desarrollo.
Señala que se debe enfrentar la multidimensionalidad de los retos del desarrollo adoptando una noción más amplia de política social. Por las restricciones fiscales existentes, otro compromiso acordado fue mejorar la protección social en el marco de la responsabilidad fiscal.
Enfatizaron que cada país debe adaptar sus cargas tributarias según sus circunstancias específicas, fortalezas y debilidades, y llegar a un consenso social duradero en cuanto a la necesidad de fondos para aplicar un sistema de protección social más fuerte.