Hoy 
SAMUEL SANTANA
Se hace ya imperante que el Estado tenga un sistema de ley que norme de manera clara y precisa las relaciones del Gobierno con el espectro religioso que se ha conformado en la sociedad dominicana.
El diputado peledeísta Carlos Peña es portador de un proyecto de ley que busca tapar este hueco en la legislación dominicana. Sin embargo, se trata de una iniciativa en cierne y que carece de una definición clara.
Es de desear una pieza calibrada y que ante los congresistas sea ponderada para normar y tinglar la relación del Estado con las iglesias en el país.
Hasta ahora son escasos los códigos y normas que tocan esta materia. El resultado son unas relaciones imprecisas, caprichosas y hasta injustas.
En lo único que existe una cierta definición es con el Concordato, el cual media entre el Estado dominicano y el Vaticano.
Pero este acuerdo, firmado entre el dictador Rafael Leonidas Trujillo y los representantes de la Iglesia Católica en el país en el 1954, contempla prerrogativas y privilegios que lo que hacen es preocupar a muchos sectores del país, tanto seculares como religiosos.
En un informe dado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los niveles de libertad religiosa en República Dominicana, se establecía que aunque las denominaciones religiosas pueden realizar su misión sin contratiempo alguno, el Estado privilegia, en muchos renglones, a la Iglesia Católica en detrimento de las demás congregaciones.
En el Presupuesto del 2006 se destinaron RD$35 millones para el catolicismo y apenas cinco para las otras iglesias.
Esto es aparte de las otras inversiones que hace en reparaciones y en iniciativas católicas, tal como el merecido Museo de la Catedral Primada de América, entre otras obras valoradas en RD$152 millones. Mientras que el anhelado centro de convenciones del Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios, iglesias y proyectos de pueblos y ciudades están paralizados desde hace varios años por falta de recursos.
Es al Estado dominicano al que mejor le conviene definir esta situación si no se quiere actuar a espalda de realidades sociales que tienen gran peso e incidencia en la sociedad.
Se evitarían disgustos, privilegios y decisiones injustas si el reconocimiento voluntario del Gobierno a la fructífera labor religiosa en el país estuviera mejor diversificado y distribuido.
Así como el Estado motoriza y apoya los ponderables proyectos que el clero católico ha venido desarrollando desde hace muchos años, de igual modo debe extender la mano a esa gran cantidad de iglesias y proyectos de otras confesiones en el país.
Se reconoce que en los últimos años los gobiernos han dado muestra de mayor solidaridad y reconocimiento a todas las congregaciones del país, pero son iniciativas indefinidas que deben tener una mejor concretización.
