FERNANDO I. FERRÁN
La calificación de «fallido» o «fracasado» que la revista Foreign Policy dio al Estado dominicano ha puesto sobre el tapete varios temas. Pero ninguno de ellos es tan contundente como el del hipotético escenario al que aludió el presidente Leonel Fernández. En efecto, el Presidente no entró en ponderaciones relativas a si las variables empleadas para definir a un Estado como fracasado eran o no válidas.

Tampoco, en función de esos parámetros, si procedía incluir al dominicano en la lista de los estados bajo consideración y, menos aún, si debía ser catalogado en la posición número 60, en la 19 o en alguna otra.

Por el contrario, el Presidente de la República no se anduvo por las ramas y fue al meollo político de la cuestión. Haití y República Dominicana tienen problemas, pero no son comparables. Más aún, puesto que no son semejantes, la o las soluciones no pueden ser iguales. Así como el tratamiento de un paciente con una enfermedad terminal no puede ser el de otro con apendicitis, «no hay soluciones conjuntas de Haití y República Dominicana porque se trata de realidades muy distintas».

Hasta ahí todo cae dentro del ámbito de lo que la gran mayoría puede comprender y aceptar sin dificultad.

Donde el presidente Fernández mostró su verdadero ingenio, sin embargo, y donde de paso apeló al respaldo de toda la ciudadanía, fue al referirse a lo que podría suceder en caso de una «hipótesis remota». Recordémosla: «Si la intención es que República Dominicana es un Estado fallido para ser ocupado, que se sepa que tampoco admitiríamos de ninguna forma posible una ocupación a República Dominicana».

Leído bajo el prisma presidencial, el artículo de Foreign Policy deja de ser un ejercicio más o menos académico y pasa a ser una pieza acusatoria dentro de una estrategia de seguridad nacional foránea cuyos designios últimos pasan por homogéneas soluciones globales a los problemas de ambas naciones.

Obviamente, en ese contexto, no ya la calificación sino las implicaciones de «fallido», son inaceptables.

Ahora bien, una vez establecida la frontera entre los males que aquejan a ambos pueblos, el discurso presidencial deja en suspenso cuál es la solución diferenciada que propone a los problemas de esa «democracia joven» que es la dominicana.

Por mi parte privilegio, entre otras, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Esto así por tres razones básicas.

Primera razón, ningún Estado político en vías de alcanzar los ODM en su territorio puede ser tildado de fracasado. No en balde los ODM simbolizan el propósito mundial cuantificado para luchar contra la pobreza extrema en sus numerosas dimensiones (pobreza de ingreso, hambre, enfermedad, falta de vivienda adecuada, exclusión social). Promueven también la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y una sociedad global más equitativa, en la medida en que representan derechos humanos relativos a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad.

Segunda, República Dominicana puede costear todas las inversiones en los ODM, léase bien lo que sigue, con recursos propios. De acuerdo a la Evaluación de Necesidades que realizan la Comisión Presidencial para los ODM y las Agencias de Naciones Unidas en el país, el gasto gubernamental acumulado estimado en asuntos sociales para el período 2006-2015 es mayor que el requerido por el país para financiar los ODM: se requieren poco menos de 28 mil millones de dólares, es decir, 6 mil millones menos de lo que se malgastará fallidamente haciendo más de lo mismo si se siguen aplicando los criterios y programas actuales.

Y tercera porque, al no haber constreñimiento financiero, si velamos por la calidad del gasto y por las habilidades gerenciales para manejarlo, la nación dominicana está en condiciones de remediar los bajos niveles de vida que aquejan a su población. Y es así, sólo así, que podrá evitar indebidas implicaciones futuras sobre su condición de Estado fallido y sobre todo, ahorrarse todas las que le endilgan como vecino de uno que merece otro destino.