La renegociación de los contratos eléctricos (1 de 2)

La renegociación de los contratos eléctricos (1 de 2)

J. JULIO CROSS FRÍAS
El actual gobierno  parece muy decidido a renegociar los famosos contratos de suministro de energía suscritos por los gobiernos de la década de los 90s, alguno de ellos renegociados durante el proceso de capitalización de la CDE y también durante los años subsiguientes.

El objetivo de renegociar parece muy atendible y si se negociara para beneficio del país, ciertamente lo sería. Ese sin embargo, no parece haber sido el móvil de los negociadores en casi todas las renegociaciones que se han efectuado hasta el momento, a juzgar por los resultados a la vista de todos. Aunque es justo y preciso reconocer que renegociar un contrato originalmente mal negociado, y mejorarlo enmendando los “errores” cometidos, es una tarea sumamente difícil, salvo vulnerando derechos adquiridos cuyo costo financiero y/o en términos de imagen ante los inversionistas internacionales, puede resultar mucho más oneroso que el propio contrato, especialmente cuando lo proyectamos a la luz del nuevo orden globalizado.

Dicho de otra forma, quienes tienen siempre la sartén agarrada por el mango son los dueños de los contratos.

Casi todos los contratos de compra de energía, los llamados PPA’s (Power Purchase Agreements) principalmente, aunque no exclusivamente, los que heredó la nueva CDEEE durante el proceso de capitalización fueron originalmente muy mal negociados, ya que se negociaron en circunstancias de crisis de sostenibilidad, donde el objetivo era “dar luz a cualquier precio”.

Pero, si aceptamos como buena y válida nuestra premisa de que “el tamaño de la concesión determina el tamaño de la sospecha” podríamos casi  asegurar la ocurrencia de una cosecha de grandes beneficios impropios para los “negociadores” o sus “consultores” que siempre andan cerca para servir de “lavadores” de lo que usualmente se recibe a cambio de negociar mal.

Tan originalmente mal negociados fueron esos contratos, que los nuevos PPA’s firmados con las EDES durante el proceso de capitalización de la antigua CDE contemplaban un precio por KW/h mucho más razonable que los PPA’s vigentes al momento de la capitalización. Fruto de ese diferencial la CDEEE ha absorbido y sigue asumiendo pérdidas incuantificalbles, algo sencillamente inaceptable.

El dato clave para renegociar un PPA es el valor presente neto de los flujos de efectivo (VPN) que generará ese contrato en el tiempo.

Nadie cambiaría un contrato con un VPN de 100 por otro que valga 99, salvo si le pagan ese diferencial entre los dos contratos.

Esa diferencia, en la jerga eléctrica es el llamado “stranded cost” (costo hundido). En las renegociaciones, se suele pagar ese costo hundido a los IPP’s (productores independientes de energía, por sus siglas en inglés)  en efectivo, a plazos o con un contrato extendido en el tiempo. En otros casos, se ha hipotecado el flujo de efectivo de la empresa hidro generadora y/o de la empresa de transmisión eléctrica.

El tenedor del contrato es siempre muy meticuloso y se asegura que su PPA no merme el valor presente neto y para eso algunos de ellos estarán dispuestos a ser “generosos” con quienes hagan eso posible. Pero si los negociadores locales salen duros y defienden el interés nacional, entonces recurren a sus bien amarrados contratos, registrados en un tribunal internacional de arbitraje donde un país pequeño, como el nuestro, raramente ha ganado un caso, o a los organismos internacionales que muchas veces sirven de garantes a través de sus agencias de seguro, para que amenacen con declarar el país en default o hasta retengan los desembolsos pendientes de algún préstamo sectorial. 

Pakistán es un ejemplo elocuente de lo que puede pasarle a un país que pretenda ignorar lo pactado e intente reducir el VPN de los contratos de compra de energía. Lo correcto sería, aunque de antemano sé que esto es una utopía, que se revise el proceso completo desde el mismo inicio. Por supuesto si esto se hiciera saldrían a flote las grandes indelicadezas y como no existe intención ni vocación sancionadora en el sector eléctrico, mejor es renegociar y rogar que el país salga beneficiado. Una especie de misión casi imposible dada la enorme asimetría entre los negociadores, también porque por lo regular unos defienden lo que deben defender y saben como hacerlo y los otros, en algunos casos, o no saben como hacerlo o no les interesa saber.

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