La República Dominicana será país más dividido de América

La República Dominicana será país más dividido de América

Iniciativas legislativas pretenden hacer del municipio de Haina una nueva provincia del país lo que en caso de prosperar convertiría a la República Dominicana en el país más dividido de América Latina en proporción a su tamaño.

En los últimos años, se han hecho innúmeras elevaciones de categoría, de las cuales no se ha hecho una documentación ni estudio para la pertinencia de ellas ni la forma en que afecta un territorio determinado.

Recientemente, el periodista Miguel Guerrero decía en un comentario televisivo que quizás los aborígenes tenían una mejor idea acerca de la división territorial, ya que apenas tenían cinco cacicazgos.

Salvando las épocas Guerrero no deja de tener razón. Actualmente los intereses partidarios, tanto de síndicos como de legisladores ambicioso cada uno de su cuota de poder en relación al espacio territorial que representan, han primado en los últimos años.

Intereses tan simples (por lo menos comparados con la conveniencia de una planificación adecuada) como legisladores que se quieren hacer los graciosos con sus comunidades para obtener una mayor votación para su partido, y pretender mayores recursos económicos del Presupuesto Nacional, son parte de las motivaciones primarias para las fragmentaciones como la llamamos, no verdaderas divisiones políticas.

Algunos de los criterios básicos que se deben tomar en cuenta para la creación de una provincia, que es la división política con la categoría más alta para una comunidad, lo primero que se debe tomar en cuenta es su capacidad de autogestión (entre ellos el aporte al Producto Interno Bruto), una relación entre el territorio y densidad poblacional (un territorio que sea capaz de que una gran parte de las actividades socioeconómicas puedan desenvolverse con cierto desahogo y criterio de planificación) y por último y quizás el más importante, un estudio de factibilidad.

En estos momentos huelga decir que organismos como la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), el Instituto Cartográfico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Federación Dominicana de Municipios entre otras entidades se aboquen a un estudio profundo de la realidad nacional para la realización de propuestas legislativas serias para una ley definitiva sobre división territorial.

Además gran parte del territorio de la República Dominicana carece de delimitación de sus divisiones políticas, con excepción de las provincias de San Cristóbal, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional, que fueron delimitadas por la Comisión de Límites Geográficos Nacionales en los años cincuenta.

Fuera de esas dos provincias y el Distrito Nacional, la carencia de un proceso de delimitación continuo que debió desarrollarse a lo largo de los últimos cincuenta años, ha dado como resultado que tengamos un caos y desconocimiento de los límites precisos de cada provincia, municipio, distrito municipal y secciones rurales, categorías que componen las divisiones políticas de nuestro espacio geográfico.

Muchos de los territorios de la geografía nacional tienen prácticamente los límites de los tiempos de la colonia. No olvidemos que la mayoría de nuestros núcleos poblacionales más importantes ya estaban formados entre los siglos XVII y XVIII como por ejemplo San Juan de la Maguana (1691), Las Matas de Farfán (1664), Neiba (1735), Baní (1764), Cotuí (1766), Montecristi (1751), Puerto Plata (1737) y Azua (1761), entre otras.

Se entienden como delimitación territorial las acciones tendientes a fijar de manera permanente, con la utilización de hitos o bornes, los límites geográficos de las divisiones políticas.

Los orígenes del proceso de delimitación territorial en República Dominicana comenzaron con la creación de la Comisión de Límites Geográficos Nacionales en julio de 1942, a la cual se encargó todo lo relacionado con la determinación de los límites tanto de las provincias como del Distrito Nacional. En ese entonces estuvo integrada por el director de Instituto Geográfico y Geológico de la Universidad de Santo Domingo, el Director General de Mensuras Catastrales, el Director General de Obras Públicas y el ingeniero Casimiro Nemesio de Moya, de la Comisión Delimitadora de la Frontera.

En los años que estuvo trabajando la comisión, fue delimitado el Distrito Nacional, legalizado por el decreto 4310 de fecha 3 de mayo de 1947, la provincia de San Cristóbal, que en esa época incluía el territorio de la provioncia de Monte Plata, delimitación oficializada mediante decreto 7408 de mayo de 1951 y la provincia de San Pedro de Macorís, cuyos límites fueron oficializados mediante ley 1550 de octubre de 1947.

La Comisión de Límites Geográficos Nacionales dejó de realizar sus trabajos de delimitación cuando se comenzó a confeccionar el mapa básico del país el cual se compone de 123 hojas topográficas a escala de 1:50,000, los mapas provinciales y el mapa topográfico general cuyos trabajos ocuparon gran parte del tiempo y luego de que sus funciones pasaron al Instituto Geográfico Universitario en la década de los sesenta que posteriormente, por falta de recursos, no se pudieron continuar los trabajos de delimitación en el campo por lo que sus funciones se limitaron a la solución de asuntos por diferendo de límites.

Uno de las mejores iniciativas para la división territorial lo constituyó el decreto número 685 del primero de septiembre del año 2000 que estableció una nueva regionalización administrativa en el país con el fin de dotar de más eficacia a los planes nacionales de desarrollo propuestos en el Sistema Nacional de Planificación.

Este decreto es de notable trascendencia puesto que constituye la base de los planes de descentralización del gobierno y facilitaba un importante apoyo a las autoridades planificadoras del sistema político-administrativo, principalmente al Secretariado Técnico de la Presidencia a través de la Oficina Nacional de Planificación, que ahora dirige el licenciado Fernando Mangual.

Lo importante en todo esto es que los ciudadanos comprendan los alcances de esta medida, una de las más importantes en el área en las últimas décadas.

También la actualización lo más pronto posible de los textos de geografía en cuanto a la nueva división político-administrativa del país la cual describiremos más adelante para que sea comprendida y analizada de la manera más adecuada por los miles de estudiantes en los diferentes niveles de educación.

Los antecedentes más cercanos de regionalización administrativa en República Dominicana, datan desde el decreto 2465 del 27 de mayo de 1981, que entre sus considerandos decía que el mismo se proponía definir una demarcación territorial única que permitiera homogenizar, mejorar y racionalizar la administración del desarrollo nacional.

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