Se ha escrito mucho sobre la polémica circular 017, dictada por la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, que prohíbe a los oficiales del Estado Civil expedir actas de nacimiento a los hijos de extranjeros que se encuentren ilegalmente en suelo dominicano. Se ha alegado que esta medida, además de ser ilegal,  afectaría igualmente a miles de dominicanos que descienden de haitianos, en razón de que la misma instituye  un verdadero genocidio civil.

Sin embargo, el reglamento de la JCE dispone claramente que en lo que toca al Registro Civil es a la Cámara Administrativa a quien corresponde administrarlo y trazar las pautas para su buen funcionamiento. El propio presidente de la JCE ha reconocido públicamente la imposibilidad del pleno de ese organismo para actuar como órgano de apelación sobre las decisiones que dicten tanto  la Cámara Contenciosa como la Administrativa.

En otras palabras, la Cámara Administrativa es soberana para regular la política interna de los actos del Registro Civil. Ahora bien, quienes pretenden desacreditar la circular 017 han llegado incluso a denunciar supuestos secuestros  efectuados por encapuchados con el propósito de interrogar a las víctimas sobre la misma.

Me refiero a la denuncia formulada por la Red Dominico Haitiana Jacques Viau y la Red de Derechos Humanos, que pidieron investigar el caso de la señora Baret Reyes, una dominicana casada con un haitiano, quien alegadamente fue interceptada el día 12 del mes pasado por desconocidos para interrogarla sobre la repetida resolución de la JCE.

Como se ve, se pretende difundir internacionalmente que entre nosotros existe una especie de Ku Klux Klan con la misión de perseguir y maltratar a los nacionales del vecino país. Sin aportar ninguna prueba sobre el presunto secuestro, ciertas ONG financiadas con el propósito de crear una falsa atmósfera de racismo en nuestro país, se encargan de difundir toda clase de noticias especiosas cada vez que se adoptan tímidas medidas tendientes a reafirmar nuestra soberanía.

Los detractores de la circular 017 olvidan que las autoridades norteamericanas han visitado más de una vez a la JCE para externarles su preocupación por los fraudes que se cometen en el Registro Civil de nuestro país. Esta situación facilita la salida con documentos falsos de una gran cantidad de dominicanos y extranjeros que así penetran a territorio norteamericano.

La JCE reconoció recientemente que no dispone de mecanismos para eliminar los fraudes y suplantaciones que se realizan en el Registro Civil, al menos hasta que no se complete el proceso que integre los datos faciales y huellas digitales en las actas de nacimiento y las cédulas de identidad y electoral. Pero por otra parte la UNICEF está presionando para que se declare de “alto interés nacional” proveer de documentación a más de trescientas mil personas, la mayoría de las cuales son extranjeras. Todo esto evidencia lo delicada que es la situación, razón por la cual debemos dejar que nuestras autoridades actúen de conformidad con el criterio que más conveniente resulte para la mayoría de los dominicanos.

Le hacemos un flaco servicio al país cuando apelamos a un falso racismo y a supuestas violaciones de derechos de minorías para descalificar las medidas adoptadas por la JCE.