JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Como periodista y como ciudadano me siento obligado a expresar mi simpatía y apoyo a la iniciativa del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) que el jueves congregó una buena parte de los agentes de la comunicación para reflexionar sobre sus responsabilidades sociales e incentivarlos a mejorar el contenido de sus mensajes.

Una conferencia del arzobispo-cardenal de Santo Domingo, Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, y la introducción al acto del presidente del INDOTEL, José Rafael Vargas, crearon un marco adecuado para proponer sendas declaraciones a ser suscritas por los agentes de la comunicación radiofónica y televisiva.

El ejecutivo de INDOTEL dejó bien claro que su misión es técnica, y por lo tanto no trata de regular el contenido de los medios. Eso no impide que al igual que el cardenal López, el colega Vargas exprese su preocupación por los niveles de violencia física y verbal, de degradación del lenguaje, de grosería y vulgaridad, de sexualidad y obscenidad que se registra en la radio y televisión dominicana.

En los dos documentos presentados a la firma de los agentes de radio y televisión no encontré el menor intento de coartar la libre expresión y difusión ni imponer coerción. Por eso los suscribo a título personal y como productor televisivo, aunque desapruebo la metodología que se siguió para la firma por parte de las empresas de radio y televisión, donde se comprometían a crear sendas comisiones, de «Seguimiento y Vigilancia» para las primeras, y «Consultiva» para las segundas. Los textos debieron distribuirse con anticipación y crear un marco de discusión y ponderación, más allá de las magníficas alocuciones de Vargas y Monseñor López.

Pese a esa observación, creo que la intención es sana y positiva, y que algo debía hacerse para contener la vulgarización, la obscenidad y la violencia verbal de todo género que tanto abunda hoy en la radio y la televisión dominicana. Se ha apelado a la autorregulación, al compromiso social y ético.

Ambos documentos son expresiones de buena voluntad. Las comisiones que crearían estarían constituidas mayoritariamente por las empresas de radio y televisión. No contienen sanciones ni amenazas de ninguna especie. Es imposible estar en desacuerdo con una declaración que favorece los «valores educativos y formativos» en la radiodifusión, que expresa la voluntad de ofrecer mayor calidad en los contenidos de los programas, promoviendo el respeto a los derechos sociales y familiares, los valores nacionales, éticos y cívicos, el respeto a la persona, la tolerancia, la solidaridad, la paz y la democracia.

Es positivo que los radiodifusores se comprometan a evitar la difusión de programas o mensajes cuyos contenidos promuevan un lenguaje grosero, de doble sentido, soez u obsceno, que atenten contra la dignidad de la persona «o que impliquen discriminación o desprecio hacia ella en razón de su color, raza, sexo, religión, ideología, nacionalidad, origen social, nacimiento, idiomas, o que exalten o promuevan la violencia y la intolerancia».

En cuanto a la televisión, se le pide que en el horario de 6 de la mañana a 10 de la noche se impida la difusión de programas que «destaquen la violencia y crueldad intencional, física y verbal», que atenten contra la dignidad humana, que inciten al uso de drogas, al alcoholismo y el tabaquismo, y que eviten las escenas sexuales que puedan afectar la sensibilidad de niños y jóvenes y el lenguaje obsceno, grosero o de incitación a la violencia.

No podemos negar que hay cargas negativas en la radio y la televisión ni ignorar que el contenido de violencia es tan grande que en Estados Unidos y en múltiples naciones de Europa ha provocado intervención de los organismos encargados de proteger la salud general. Se está apelando a los agentes y productores para que mejoren el contenido de los mensajes.

Por demás, toda comunicación tiene una hipoteca social, un compromiso de promover lo mejor y evitar lo que daña a la comunidad. Esa responsabilidad es mucho mayor cuando se trata de la radio y la televisión, cuyas frecuencias son de uso privilegiado, autorizado por el Estado. Y sí éste confiere su uso, tiene derecho a reclamar responsabilidad y atención al bien común.