Jean Alain Rodríguez, acompañado de sus abogados, dieron respuesta a lo que ellos consideraron como «desatinada rueda de prensa» de la Cancillería de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución de ese órgano, respecto al Grupo de la ONU.
A continuación las declaraciones íntegras de la defensa de Jean Alain:
La Organización de las Naciones Unidas, LA ONU, la más grande y relevante del planeta, decidió a través de su Consejo de Derechos Humanos que el arresto y prisión que me ha mantenido por más de 900 días privado de libertad, es arbitrario e ilegal, solicitándole al gobierno dominicano mi inmediata libertad y la realización de una investigación exhaustiva e independiente en torno a esta privación arbitraria, y tomar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de los derechos de los ciudadanos y así evitar que estas violaciones y transgresiones sigan ocurriendo en el país.
De eso es que realmente se trata la decisión de la ONU: de la arbitraria, ilegal e innecesaria prisión preventiva, y no del fondo del caso que siguen en mi contra, el cual se continuará conociendo en los tribunales junto a mis abogados, solo que asistiendo a las audiencias en libertad, en base a la presunción de inocencia que me corresponde.
Sobre esta decisión de la ONU, la Cancillería y la Procuraduría General de la República ofrecieron una rueda de prensa a través de la cual desconocen esta decisión y solicitud formal.
Los funcionarios de estas instituciones deliberadamente evadieron y no trataron el punto principal de esta decisión, que es la prisión arbitraria e innecesaria que me mantiene en arresto domiciliario sin tener peligro de fuga, y para justificar el desacato o negativa, estos funcionarios trataron de minimizar la importancia de las decisiones de la ONU y traer a la ciudadanía situaciones y mentiras del pasado, que nada tienen que ver con el tema, todo esto como parte de una estrategia de comunicación que tiene la clara intención de desviar la conversación del tema ONU hacia otros temas distintos, temas que podrían
generar odio en mi contra y así ellos justificar mantenerme privado de libertad arbitrariamente.
Ante tanta desinformación queremos reiterar que esta decisión y solicitud al gobierno de la República Dominicana proviene directamente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quienes, para determinar si una prisión es arbitraria o no, como lo pueden ver en la página web oficial de la ONU, ejercen el mandato a través de su Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria.
Respecto a la obligatoriedad de las decisiones de la ONU, el artículo 26 de nuestra constitución establece la obligación del Gobierno de la República Dominicana de cumplir los convenios internacionales, con supremacía a nuestro ámbito interno, destacando la carta magna que nuestras relaciones internacionales se fundamentan y rigen precisamente por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Por igual, el Artículo 1ro del Código Procesal Penal señala que nuestros Tribunales deben garantizar la vigencia efectiva de los Tratados Internacionales, tratados que hoy nos señala la ONU han sido violados con una prisión innecesaria.
Aun poniendo en duda la obligación jurídica de esta decisión, nunca estará en duda la obligación moral, ética y el respeto a los organismos internacionales
Si las decisiones y solicitudes del Consejo de Derechos Humanos no fueran obligatorias ni importantes, preguntémonos ¿vale la pena que en estos último tres años este gobierno haya invertido cerca de 600 millones de pesos para cubrir los salarios y gastos de las misiones diplomáticas y viajes oficiales de funcionarios del gobierno a las sedes de la ONU, en Nueva York y en Suiza?
Celebramos que el país sea parte de un órgano tan importante como el Consejo de Derechos Humanos para alzar la voz por los que no tienen voz, para denunciar y corregir las anomalías y violaciones de derechos humanos que ocurran en nuestras fronteras y fuera de ellas, pero qué sentido tiene formar parte de un órgano en el cual no acataremos sus propias decisiones cuando se trata de nosotros. Nos preocupa la postura de estos funcionarios al diferir y desacreditar un organismo al cual el país ha puesto
tanto empeño en ser parte.
No perdamos ese esfuerzo, ni olvidemos que este mismo gobierno votó a favor de la expulsión de la Federación de Rusia y Libia, precisamente de este órgano de la ONU, por desatender la misma advertencia sobre violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos que en mi caso ha sido violada.
Las declaraciones u opiniones emitidas por la ONU no son infundadas. Se basaron en el análisis objetivo de los miembros que conforman el Grupo de Trabajo. Estamos hablando de destacados jueces, juezas, profesionales del derecho que durante casi 2 años examinaron imparcialmente en detalle la documentación sometida tanto por nuestros abogados como por el gobierno dominicano que presentó, aunque de manera tardía, el expediente de más de 12,000 páginas que se ha levantado en mi contra así como los mismos falsos y extemporáneos argumentos que les presentaron a ustedes en la referida rueda de prensa.
Las decisiones y conclusiones emitidas por la ONU no están sujetas a manipulación,
influencias o lobbismo: son el resultado de un análisis de pruebas y hechos, distanciado las percepciones subjetivas.
En esta rueda prensa también se evidenció la conocida enemistad, odio y deseo de venganza en mi contra, confirmándose la parcialidad identificada por la ONU en los puntos 60 al 69 de su decisión y es que esta Procuradora Adjunta nunca debió participar en mi investigación y acusación, porque la ley le prohíbe investigar y acusar a las personas con las que tienen enemistad capital y por eso se lo solicitamos formalmente en 3 ocasiones, pero más pudo el odio que la ley y hoy comenzamos a ver las consecuencias de esta persecución obsesiva.
Con su alocución, dañina, parcializada, llena de odio y mentiras, evidenció de nuevo frente al país la enemistad que le impedía investigarme, pero peor aún, le confirmó a la ONU que ellos tenían razón. Esas declaraciones quizás aquí reciben aplausos de algunos, pero allá, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Suiza, le aseguro que no se lo celebran.
No debemos solo valorar las decisiones de la ONU cuando justifican y dan brillo a la gestión y luego desestimarlas cuando vayan en detrimento de posiciones personales.
La solicitud de la ONU va dirigida al gobierno y por ello hacemos un llamado respetuoso al presidente de la República, en su condición de jefe de estado y de gobierno que dirige la política exterior, para que, como presidente de todos los dominicanos, incluyéndome, asuma una actitud de revisión de la errada postura de estos funcionarios.