Hoy 
POR CONSTANZA VIEIRA Y DIANA CARIBONI
No existe un modelo de desarrollo para el megadiverso Chocó colombiano. Unos pocos investigadores buscan la clave de la prosperidad para sus pobrísimas comunidades.
QUIBDÓ, Colombia, oct (Tierramérica) «Vamos pa’l mar, vamos pa’l mar», corre cada tanto una nerviosa voz en el municipio de pescadores de Bahía Solano, sobre el Pacífico colombiano. Han avistado un bulto en las aguas y se embarcan tras una captura no tradicional: paquetes de cocaína arrojados por narcotraficantes en fuga.
La paradoja: esa práctica «ha permitido que haya todavía una oferta pesquera muy alta, explicó a Tierramérica el ingeniero forestal William Klinger, director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), con sede en Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó.
Los pescadores artesanales dan tregua a los peces durante esa «ventaja momentánea». Si tienen suerte, encuentran y venden la droga, y ganan lo que en décadas de faena en el mar.
Como el pescado es la base de la alimentación en la zona, por esos días para muchos no hay qué comer, y a los turistas les toca dieta de carne y pollo.
Así lo constató un estudio del IIAP en Cabo Marzo, jurisdicción del municipio de Juradó, vecino de Bahía Solano, para conocer la biodiversidad marino-costera del Chocó biogeográfico, una región de 145 mil kilómetros cuadrados que comprende el sur de Panamá, la parte del noroeste de Colombia y su costa Pacífica, y el norte de Ecuador.
El corazón de esta región trinacional es el departamento colombiano del Chocó, 46 mil 530 kilómetros cuadrados de enormes riquezas y la población más pobre de este país.
El IIAP culmina este año el trabajo de campo en Bahía Solano-Juradó para plantear, a mediados de 2008, un plan de manejo integral del área. Habrá iniciado entonces una investigación similar en el sureño puerto de Tumaco, departamento de Nariño, en alianza con Conservación Internacional.
A diferencia de otros centros científicos, el IIAP, creado en 1993, tiene como misión promover el desarrollo y autonomía de las comunidades negras e indígenas, habitantes característicos del Chocó biogeográfico.
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) menciona entre siete mil y ocho mil plantas y 100 aves que sólo se encuentran en el Chocó biogeográfico, pero «no hay inventarios contundentes», apuntó Klinger, «lo que no conocemos es mayor».
Hay sitios no explorados, «en los que no ha sido capaz de penetrar el narcotráfico, ni las fuerzas armadas irregulares» del conflicto colombiano, aseveró.
Ésta es una de las zonas más lluviosas del mundo, con hasta 12 mil milímetros anuales, lo que descarta la quema del bosque para ampliar la frontera agrícola, usual en otros meridianos.
Según WWF, el Chocó biogeográfico mantiene intacta «cerca de 58 por ciento del total del área» boscosa.
Sus metales preciosos –oro, plata y platino– atrajeron la ocupación española que introdujo a africanos esclavizados para explotarlos.
Para Klinger, la relativa conservación natural se debe «a la dinámica cultural de los negros e indígenas, que «no tienen cultura de acumulación de capital», y toman del bosque o del agua sólo «lo que se necesita para sobrevivir».
Los procesos de titulación colectiva de tierras de las comunidades negras, a partir de la Constitución de 1991, afianzaron su pertenencia al territorio.
Cuarenta años atrás, ésta era «una zona prístina, con pocos asentamientos urbanos y escasísima intervención», dijo a Tierramérica el empresario Paolo Lugari, primer director de la entonces llamada Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó (Codechocó), fundada en 1968.
Una tarea de Lugari era identificar opciones económicas para el departamento, pero «ninguno de los modelos de desarrollo existentes es apropiado para el Chocó», dijo.
Para el empresario, el aprovechamiento del bosque debe basarse en cosecharlo, «no en talarlo. Se necesita un manejo sustentable, que es mucho más que sostenible».
En esa búsqueda, el centro de investigación Gaviotas, creado por Lugari, hizo un estudio conjunto con el etnobotánico estadounidense Richard Evans Schultes sobre la palma de seje o milpesos (Jessenia polycarpa), de cuyo fruto se extrae un aceite «de la misma calidad que el de oliva», con aplicación en oleoquímica y como biocombustible.
Schultes, de la Universidad de Harvard, «dirigió una tesis doctoral sobre la palma de seje y terminó montando una extractora de aceite en Gaviotas», que aportó la tecnología.
El botánico concluyó que la experiencia era aplicable al Chocó, pues su resultado fue «el ideal de todo proyecto industrial: factibilidad social, económica y ambiental», relató Lugari.
A inicios de los años 70, el Chocó tenía «la mayor población silvestre de seje del país», según Lugari. Hoy ya casi no se la ve, apuntó Klinger.
La propuesta pionera nunca prosperó. Pero desde 1996 se expande desde el norte del territorio la plantación de la exótica palma africana (Elaeis guineensis Jacq.).
«El cambio de uso de la tierra no debería darse por un monocultivo de palma africana», estima Klinger. La biodiversidad de estas selvas produce un «reciclaje de nutrientes» que «garantiza que aparezcan otras especies». Por eso, cualquier monocultivo «que le quite la riqueza de nutrientes al bosque, va a sufrir deterioro a mediano plazo».
Klinger impulsa una investigación llamada «Valoración integral de bosques en territorios colectivos del Chocó biogeográfico», que se propone medir esa riqueza desde diferentes perspectivas.
La primera son los productos maderables del Chocó, famoso por sus árboles finos como el choibá (Oleiocarpon panamense), la caoba (familia Meliaceae) y el guayacán (Centrolobium paraense Tul., var Oriniocense Benth).
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América Latina de espaldas al mar
Por Marcela Valente
Los mares de América Latina y el Caribe, los más productivos del mundo, están fuera de los mecanismos de conservación de las áreas protegidas.
BARILOCHE, Argentina, oct (Tierramérica) América Latina y el Caribe tienen tanta superficie terrestre como marina. Pero mientras más de 10 por ciento del territorio está protegido, la proporción de mares en esa condición no llega a uno por ciento.
«Si América Latina pretende ser líder mundial en áreas protegidas, le queda una asignatura pendiente: el mar», dijo a Tierramérica la tunecina Imène Meliane, del Programa Marino Global de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
«La región tiene los mares más productivos del mundo, pero vive de espaldas a ellos. Una dice ‘América Latina’ y piensa en montañas y selva mucho más que en el mar, las ballenas o los tiburones», describió esta experta residente en Costa Rica.
La entrevista se realizó en un alto de los talleres de áreas marinas protegidas del II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas, celebrado entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre en Bariloche, mil 600 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires.
Según un compromiso asumido por la comunidad internacional en la Cumbre de Desarrollo Sustentable realizada en 2002 en Johannesburgo, para 2012 las áreas marinas protegidas deben conectarse en redes, para volver más efectiva la conservación de los recursos naturales.
Además, el Congreso Mundial de Parques realizado en 2003 en la oriental ciudad sudafricana de Durban, recomendó colocar bajo régimen de protección al menos 10 por ciento de los océanos, también para 2012.
«En América Latina no llegamos a uno por ciento de áreas marinas protegidas, y si quitamos el área de conservación en torno del archipiélago de Galápagos (Ecuador), la más grande de la región, no nos queda casi nada», advirtió Meliane.
Esto contrasta con la extensión de la superficie terrestre protegida, que se duplicó en la última década y supera 10 por ciento del total. «Hay unas 300 áreas marinas protegidas, la mayoría en el Caribe, contra cuatro mil terrestres», remarcó.
«Brasil tiene un buen número, pero Argentina apenas va a crear la primera» en la austral provincia de Chubut. De la experiencia latinoamericana, Meliane citó a Chile, donde hay una veintena de áreas de manejo compartido por diferentes actores.
«Los pescadores suelen tener una mentalidad de corto plazo, por eso es interesante una experiencia pionera del Estado chileno que los involucró, otorgándoles el manejo conjunto de áreas donde la pesca está regulada», destacó.
Georgina Bustamante, científica cubana de la Red y Foro de Áreas Marinas Protegidas del Gran Caribe, explicó a Tierramérica que muchas especies requieren espacios amplios para su reproducción.
«Hay que coordinar medidas de manejo entre los países», recomendó. La red vincula a científicos y encargados de áreas marinas protegidas, pero no tiene representación gubernamental.
En Bariloche se presentó el Corredor Marino de Conservación del Pacífico, una iniciativa de los gobiernos de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá que incluye a Galápagos, la Isla del Coco en Costa Rica y otros archipiélagos.
La idea es establecer un sistema de gestión conjunta para la conservación y el uso sostenible de las áreas marinas protegidas de esos países.
Pero aun en estos casos que están «a la vanguardia» en la formación de redes de conservación, los obstáculos son múltiples, según Bustamante.
Por ejemplo, la falta de voluntad de los gobiernos, la presión del turismo y la pesca y la escasa difusión de la importancia de proteger los recursos más allá de los límites nacionales.
El gerente de Áreas Silvestres Protegidas del Ministerio de Ambiente de Costa Rica, Marco Araya, explicó a Tierramérica que en su país la falta de recursos pone en cuestión la conservación de la Isla de Coco.
«Muchos se preguntan por qué hay más áreas terrestres que marinas. Para nosotros, proteger la Isla del Coco cuesta 10 veces más que un área protegida en tierra», aseguró.
Costa Rica es la única en la región que no tiene un cuerpo equivalente a la marina de guerra, que preste apoyo logístico para preservar el mar de la isla del Pacífico, situada 500 kilómetros al oeste del continente.
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ECOBREVES
BRASIL
Pacto por deforestación cero en Amazonia
RÍO DE JANEIRO.- Eliminar la deforestación amazónica para 2015 es el objetivo de un llamado que lanzaron nueve organizaciones ambientalistas el miércoles 3 en Brasilia.
El propuesto Pacto Nacional por la Valorización de la Selva y el Fin de la Deforestación en la Amazonia, contiene un sistema gradual de metas que se podrían alcanzar invirtiendo anualmente unos 540 millones de dólares.
«Creemos posible el éxito de ese pacto ahora», porque la deforestación reducida en los dos últimos años favorece un compromiso general de seguir avanzando, y los grandes productores agrícolas comprendieron que el mercado internacional condicionará cada día más la importación de sus productos a «prácticas sustentables», ante la conmoción provocada por el cambio climático, dijo a Tierramérica Sergio Guimaraes, coordinador del Instituto Centro de Vida.
Gobernadores de cinco de los nueve estados amazónicos apoyan la propuesta.
CHILE
Reclaman ley contra agrotóxicos
SANTIAGO.- La Alianza por una Mejor Calidad de Vida pidió a la presidenta chilena Michelle Bachelet dotar de urgencia al proyecto de ley que prohíbe la internación, transporte y venta de plaguicidas 1a (sumamente peligrosos) y 1b (muy peligrosos).
«En septiembre solicitamos una audiencia a la mandataria, pero aún no recibimos respuesta. Estamos contra el tiempo porque entre octubre y marzo se producen la mayor cantidad de intoxicaciones y muertes por agrotóxicos», dijo a Tierramérica Lucía Sepúlveda, de la Alianza que forma parte de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (RAP-AL).
Entre enero y julio de 2007 se notificaron 373 intoxicaciones agudas por plaguicidas. Siete personas murieron intoxicadas.
Aunque el proyecto original presentado por ocho diputados fue debilitado, es un avance importante, indicó Sepúlveda.
VENEZUELA
Parques en alerta amarilla
CARACAS.- Un «semáforo conservacionista» aplicado a ocho de los 43 parques nacionales de Venezuela por la organización no gubernamental Vitalis, mostró un grado de alerta amarilla, entre el peligroso rojo y el satisfactorio verde.
Los parques cubren más de 10 millones de hectáreas, 13 por ciento de la superficie venezolana.
«Algunos parques, amenazados por invasiones, deforestación, incendios, pesca y minería ilegal, cacería furtiva, narcotráfico y presión urbana, están francamente en rojo y requieren atención del Estado», dijo a Tierramérica el coordinador de Vitalis, Diego Díaz.
El estudio, basado en encuestas a expertos, funcionarios y activistas, pidió incrementar el presupuesto para atender los parques, «pues menos de uno por ciento de los impuestos se destina al tema ambiental», y recomendó trabajos mancomunados de los entes públicos con organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y universidades. (FIN)
