El primer síntoma conocido del malestar lo puso en evidencia, hace algunas semanas, el juez titular Arístides Madera Arias, quien denunció que el Tribunal Superior Electoral (TSE)  había llegado a una situación de no poder resistir el “estrangulamiento económico y financiero” a que ha sido sometido a pesar de ser (el 2018) un año pre-electoral y en este 2019  celebrarse dos elecciones. En un comunicado de prensa  Madera Arias hizo un “llamado urgente” al presidente Danilo Medina  y al Congreso Nacional para que busquen una solución a la “grave situación económica” que atraviesa el TSE, que ni siquiera podía pagar la regalía navideña ni el sueldo de diciembre a sus empleados. La reacción del Director de Presupuesto, Luis Reyes, no se hizo esperar, aclarando que esa alta corte había recibido un incremento en su presupuesto de RD$200 millones, un aumento del 323%. Pareció, entonces, que las declaraciones del funcionario habían cerrado el debate, percepción que fue reforzada por el hecho de que  el presidente del TSE, al igual que  el resto de sus compañeros, guardaron silencio. Hasta que hace unos días el doctor Román Jáquez  volvió a poner el tema sobre la mesa, al declarar que en caso de que no se le apruebe la cantidad de dinero solicitada en el Presupuesto General del Estado esa alta corte se va a arropar hasta donde le alcance la sábana, reiterando la necesidad de contar con un mayor presupuesto para poder dar respuesta a los casos que reciba de  cara a las elecciones municipales, congresionales y presidenciales. La advertencia provocó el previsible revuelo y gran inquietud, que no logró despejar la posterior declaración de Román Jáquez de que ese tribunal fallará a tiempo  todos los recursos de los que ha sido apoderado, pues sabido es que el estrangulamiento económico es el arma favorita de los gobiernos interesados en narigonear a la justicia o, en su defecto, hacerle pagar caro su independencia.