La salud es un derecho, no un negocio

Millizen Uribe

De mi experiencia en España, lugar en el que residí por motivos de estudios, una de las cosas que más llamó mi atención fue ver todo un Estado trabajando para hacer la vida de los ciudadanos más fácil.
Me era imposible no compararlo con el estado de indefensión en que se encontraba y se encuentra una parte importante de los dominicanos.
¿Quién piensa en nosotros? ¿Quién está representando nuestros intereses, interpretando nuestras necesidades, problemas, sueños, anhelos y esperanzas?
Esto último me lo pregunto a propósito de la alarmante información que dio la directora de la DIDA, Nélsida Marmolejos, quien denunció fue amenazada e intimada por la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) para que cesara de informar a los afiliados que tienen derecho a cobertura en cirugías y tratamientos de alto costo y máximo nivel de complejidad.
Así lo establece la resolución 375-02, emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), pero que ha sido objetada reiteradamente por la ADARS, que alega su cobertura no abarca estas prestaciones porque no están incluidas en el catálogo de servicios aprobado por el CNSS.
Ante este tranque, el Ministerio de Salud Pública crea un Programa de Medicamentos de Alto Costo, mediante el cual eroga miles de millones de pesos a personas con este tipo de males.
No obstante, esto no ha garantizado la solución, porque los pacientes requieren una carta que dé constancia de no cobertura en las ARS y cuando van a la DIDA, esta les señala que sí les corresponde la cobertura vía administradora, molestando esto a las ARS, que aseguran pagan millones de pesos en coberturas de este tipo, siempre y cuando estén en el catálogo y que, para citar un ejemplo, en los primeros cinco meses del año han destinado RD$1,749 millones a este renglón de servicios, un promedio diario de RD$11.6 millones.
Obviamente, hay una contradicción entre la DIDA y la ADARS. Un vacío legal que está perjudicando a miles de dominicanos. Precisamente esta es la parte más preocupante: pensar en esos ciudadanos y ciudadanas que ante el drama de padecer un problema grave de salud, ven su condición física y su estado anímico aún más deteriorado por el trajín de ir de aquí para allá e incertidumbre de la ayuda o no. Máxime, cuando más que ayuda es un derecho, porque llevan muchos años cotizando.
Por ellos y ellas, urge que el CNSS se pronuncie de manera definitiva y ojalá lo haga a favor de los afiliados. También que Gobierno y empresarios entiendan que la salud es un derecho, y no un negocio.