La securización de la seguridad pública

La securización de la seguridad pública

Alfredo de la Cruz

En un informe elaborado por Michel Crozier, Samuel P. Huntington y Jojli Watannuki para la Comisión Trilateral en 1975 diagnosticaban para los países del Tercer Mundo, en especial los latinoamericanos, una situación anárquica y la existencia de cuatro coordenadas que alteraban el orden en las naciones y eran productoras de flujos disfuncionales en los sistemas democráticos:

1-Deslegitimación de la autoridad y la pérdida de confianza en el liderazgo.

En ésta coordenada se referían al Estado y partidos políticos de largos períodos en el poder, y es consecuencia de la persecución de la igualdad y del individualismo, virtudes del credo democrático que exhibe el neoliberalismo, donde la libertad es entendida como el despliegue de capacidades de consumo y desapego de la comunidad. 

2-Sobrecarga del Estado para gobernar, custodiar la seguridad, emitir leyes, administrar los fondos y empresas estratégicas, los recursos públicos e incluso los territorios y espacialidades.

Esta coordenada fue visible a principios de los 80, los flujos de capitales contaban con canales expresos para drenar las arcas de los países, la inflación se convirtió en un instrumento político para desarmar gobiernos, provocar golpes de Estados y derrocar presidentes, de manera que el deterioro de la capacidad del Estado puede verse como un asunto planeado, organizado y activado para validar la tesis de los globalizadores. 

La capacidad gestora y autonomía del ente púbico era inexistente por las imposiciones de los organismos financieros internacionales que funcionaban como el verdadero poder, que lo condicionaban, arrinconaban y le redujeron las capacidades para obtener recursos, sin poder reproducir funciones de gobierno ni dotar a la sociedad de seguridad. Ése Estado se convirtió en fuente de ingobernabilidad, incapaz de responder a las demandas sociales, poniendo a la democracia al borde del autoritarismo.

3-Fragmentación de los partidos políticos y pérdida de identidad de los mismos.

En lo concerniente a ésta coordenada cada país debería iniciar una reforma en lo que a las leyes electorales respecta, desincorporadas del Estado, empero asistidas por los medios de comunicación con competencias electorales abreviadas, lo que posibilitaba que en las nuevas reformas electorales pudiesen entrar presiones políticas de sectores ligados al mercado, medios de comunicación e incluso gobiernos ajenos.

4-Posiciones de defensa localistas

La convocatoria era renunciar a éstas y abrirse a la globalización, política integracionista que desterritorializaba los problemas, las empresas, la violencia, el crimen organizado y las acciones provenientes de la economía y los grandes negocios de los bancos, comercio internacional y bolsa de valores.  

De esta manera la seguridad tradicional entraba en una etapa de disgregación para dar paso a una nueva opción ampliada de seguridad que ya no reside solo en el Estado, sino que se disemina y amplía hasta involucrar al ciudadano en tareas de denuncia y delación, al desarrollo político, lo que significaba, nuevas tecnologías, nuevas instituciones, participación de empresarios, medios de comunicación, universidades y organismos paraestatales, buscando fortalecer al Estado, dado que según ellos la anterior fue una etapa terrorífica que endeudó y desdeñó la libertad de todos los latinoamericanos.

Hacía la securización de la seguridad pública

En el nuevo concepto cuando una situación detona y su solución no se obtiene en los ámbitos político o no político, a partir de ése momento toma un carácter de seguridad nacional ameritando la intervención de los organismos del Estado. Las tareas que antes eran de los cuerpos policiales son puestas bajo control de los cuerpos castrenses, pasando la seguridad pública a ser incorporada en la franja del dominio militar. En éste escenario la actuación militar, ahora disuade mediante acciones ideológicas de presión, operativos súbitos, allanamientos domiciliarios sin órdenes de cateo, promoción de actos de delación y ejercicio militar. Esto es una medida de seguridad nacional aplicada en asuntos considerados amenazas que vulnera la integridad e intereses de los actores implicados.

En el campo de la seguridad púbica la securización, es la apertura de un canal vinculante entre la seguridad ciudadana y la guerra. Puesto que la atención política del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos contra todo acto intimidatorio, capaz de poner en riesgo su integridad física o moral, está bajo jurisdicción policial, cuerpo de seguridad que tiene carácter preventivo y a su vez brinda custodia sin atentar contra la vida del actor que comete el delito contra los demás miembros de una colectividad que vive bajo normas y leyes previamente establecidas.

De manera que al incorporar la securización en las tareas preventivas de la policía se desnaturaliza el cuerpo de normas que justifica y legitima los actos policiales, lo que lleva a la sociedad a un estado de guerra, pues el componente de reducción del factor de riesgo o amenaza pasa por la privación de la vida del actor ofensor.

En América Latina los analistas de temas ligados al narcotráfico, trata de blanca, flujos migratorios, apropiación de tierras, crimen organizado y terrorismo han agregado la securización como un subtema de la agenda y una parte importante de las nuevas estrategias de seguridad nacional que los gobernantes han implementado en sus programas de gobierno (plan cuadrante, seguridad democrática, plan anti maras, etc.) conllevando todos la incorporación de los militares en la lucha contra la inseguridad pública, como resultado, esto causa en la población la sensación de que vive en un estado de guerra, y a su vez provoca la transformación del militar porque las actividades propias del ejército son entonces policializadas.

Se destaca que para algunos estudiosos de los temas de seguridad la policialización del militar no es una desnaturalización en los cuerpos castrense, sino más bien un desdoblamiento de sus actividades que explora la manera de diseminar los asuntos de guerra en el imaginario de los ciudadanos, para obtener apoyo y legitimar las acciones militares en los espacios públicos, para ampliar su presencia en la sociedad con tareas atendidas por la policía preventiva hoy entregada a las fuerzas militares. 

Al final todo esto implica incorporar en la agenda de gobierno temas de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo como eje del mal, orientación muy peligrosa con el potencial de alterar la sociedad y el gobierno hasta alojar en la percepción colectiva el miedo, terror y la angustia, punto de partida para respaldar la implementación de la securización o lo que es igual, que la ciudadanía prefiera renunciar a sus derechos políticos y sociales a cambio de la seguridad de la vida por parte de los militares y el Estado.

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