La seguridad ciudadana es un derecho especial que posee cada persona de manera individual y la sociedad de forma colectiva. Con ella el Estado se obliga a crear las condiciones necesarias para que los habitantes de su territorio puedan disfrutar del ejercicio pleno de todos los derechos constitucionales que en su favor han sido consignados. Siendo así, se establece una relación de carácter vertical entre las personas objetos de derecho y el Estado como garante de los mismos, y una relación horizontal entre los congéneres que necesitan de un escenario armonioso que facilite la convivencia pacífica.

De la misma manera que la producción agrícola es abundante en un terreno fértil, así mismo ocurre con una nación que disfruta de altos niveles de seguridad ciudadana. En el orden económico, los capitales analizan el comportamiento de esa variable y lo ponderan como indicador a tomar en cuenta al momento de instalarse en un determinado lugar, sumado a esto se encuentra el hecho de que la inseguridad ciudadana aumentó el costo de los productos en los mercados, pues las empresas se ven obligadas a incrementar las partidas presupuestarias orientadas a proteger sus activos y sobre todo la incertidumbre que genera en el capital humano el hecho de desarrollar sus actividades laborales en un clima que no garantiza integridad ni protección física.

Desde el punto de vista sociológico, un Estado que haya alcanzado niveles de seguridad apropiados para las personas que se encuentran bajo su cobertura, exhibe ante el concierto de naciones del mundo una valoración que lo aleja de la era cavernícola y con las bases creadas para que su índice de desarrollo humano llene las expectativas globalmente planteadas.

La seguridad ciudadana como patrimonio de los habitantes de una nación siempre ha estado amenazada por agentes externos e internos.