Hoy 
A pesar de importantes avances desde su obligada creación para llenar un sentido vacío en el año 2001, ya hoy está superado en su capacidad de brindar servicios cabalmente a los afiliados el sistema que sustenta las coberturas de salud y pensiones al universo laboral dominicano y sus dependientes. Atacar las múltiples y complejas causas de sus insuficiencias convoca a avanzar sin más demoras hacia consensos en la mesa de diálogo instituida en 2022 para modificar la ley marco 87-01 y dotarla de herramientas que auguren eficacia contra la informalidad en que se encuentra alrededor del 56% de la mano de obra nacional. Lo que quiere decir que el mecanismo de la Seguridad Social que debe incluir a un país por completo para el equilibrio entre su captación de ingresos y los servicios que brinda, afilia a menos de la mitad de los asalariados y empleadores.
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A tan severa exclusión de duro efecto financiero se agregan otros dos perjuicios masivos: las evasiones y elusiones en aportes de empresas de todas las categorías suscritas a las administradoras de riesgos y fondos para jubilaciones. Están debilitados los pilares de una estructura imprescindible para que se pueda hablar de justicia social en el país para lo cual el Estado deberá emplearse a fondo contra la extendida cultura de obviar las obligaciones que generalizan el daño social. Fortalecerlos con poderes institucionales de penalización a los incumplimientos de normas y a las defraudaciones son objetivos a incluir plenamente en la ley que rija al sistema.
