La Sierra de Bahoruco está amenazada por tala de árboles para hacer carbón

La Sierra de Bahoruco está amenazada por tala de árboles para hacer carbón

La Sierra de Bahoruco está gravemente amenazada por la tala de árboles para la comercialización de carbón, afirmó el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, al destacar que ese producto se vende principalmente en Haití, a donde es trasladado a través del lago Azuei.
Tras hacer la advertencia expresó que esa área requiere la mayor de las atenciones, por lo que ya ha conversado con el ministro de Defensa, para que los militares apostados en la zona se integren a la vigilancia y prevención del contrabando de carbón.
Además dijo que a esa labor deberían integrarse también los agentes policiales.
Domínguez Brito, quien ofreció las declaraciones en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, expresó que Haití tiene capa boscosa en solo el 2% de su superficie, y entre el 76% y el 80% de su población utiliza leña o carbón para uso doméstico, por lo que no tiene otra alternativa que no sea la República Dominicana.
“Si en Haití no se cambia la cultura del uso del carbón vamos a tener muchas dificultades”, dijo el funcionario al destacar además que en el país hay miles de familias, sobre todo en la zona fronteriza, que también requieren el carbón para cocinar.

“En ese caso tenemos que buscar soluciones más proactivas, porque no solamente es sancionar y prohibir”.
Las medidas. Ante el deterioro ambiental de la referida área montañosa, ubicada en la región Suroeste, el ministro refirió que se requiere una reorientación de la política de producción de carbón.
“Antes solamente se perseguía a los que hacían los hornos para la quema de carbón, pero hemos instruido a los directores provinciales que el carbón tiene que perseguirse como la cocaína.
“Porque es ilegal no solamente en el horno que se hace, sino también en la parrilla, en el restaurant, el mercado, el colmado, donde quiera que se venda.
“Naturalmente que hay una demanda y una necesidad, y hemos dicho que sí, pero esas necesidades tienen que ser cubiertas con las plantaciones, que son las fincas para la producción de carbón, y ahora mismo hay tres empresas que tienen permiso para esos fines”.
Para la vigilancia en los bosques el Ministerio de Medio Ambiente tiene 250 guardabosques para todo el país, adscritos al Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).
Planes de reforestación. El ministro expresó que para enfrentar la deforestación el organismo que dirige tiene dos prioridades, la provincia San Juan, en las inmediaciones de la presa de Sabaneta, y Hondo Valle, en la provincia Elías Piña.
Cuándo se le preguntó qué alternativas de subsistencia tendrían los campesinos que deforestan para cultivar en pequeños predios, dijo que serán integrados a los planes de reforestación, y que se les pagará por tales labores.
Contaminación Ozama e Isabela. La gestión de Domínguez Brito también está enfocada en el saneamiento de los ríos Ozama e Isabela, que son afectados por tres fuentes de contaminación: las empresas metaleras que desguazan embarcaciones en las riberas de esos ríos, las que elaboran productos químicos y de otro tipo, y la gente.
El primer paso fue otorgar un plazo, hasta enero del próximo año, para la operación de las metaleras.
A esa decisión le sigue la verificación de los permisos ambientales de las empresas que operan en la zona, muchas de las cuales ni siquiera los tienen, y la verificación de que sus plantas de tratamiento funcionan a toda capacidad.
Dijo que algunas empresas no utilizan las plantas de tratamiento de aguas residuales para reducir sus costos, “porque en definitiva se lo quieren ganar todo”.
La consecuencia, precisó, podría ser el cierre de sus instalaciones o el pago de multas.
Con relación a la contaminación procedente de los asentamientos humanos, Domínguez Brito expresó que en el Gran Santo Domingo hay que hacer un pacto social porque el Gobierno no tiene recursos para hacer las plantas de tratamiento que se requieren.
“Muchos nos estamos bañando con heces fecales y no los sabemos, porque en el Gran Santo Domingo más del 90% de la población no vierte las aguas residuales a través de sistemas organizados, sino a través de pozos sépticos”, expresó el funcionario al lamentar la gravedad de la situación.

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